La entidad responsable de Emarsa implica a la Generalitat en el saqueo

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria del 100% de las acciones de Emarsa, la empresa pública que presidía Enrique Crespo, hoy principal imputado, junto al exgerente, Esteban Cuesta, por el saqueo de más de 25 millones de euros en la depuradora de Pinedo, ha solicitado al juez que investiga el caso que impute a José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, exgerente y actual director de explotación, respectivamente, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat.

Según el escrito presentado por la abogada de la Emshi, un organismo en el que el Ayuntamiento de Valencia tiene casi la mitad de la representación y que está ampliamente controlado por el PP, “es bastante difícil entender que los señores Morenilla y Bernácer pudieran permanecer al margen de lo que estaba sucediendo en Emarsa; es más, todo apunta a que su participación fue absolutamente esencial en la organización del fraude, lógicamente junto a los señores Crespo y Cuesta”.

Con ello, es la propia Emshi, que en su día presidió Crespo y que formalmente presentó la denuncia que ha dado lugar a la investigación, la que confirma las acusaciones de Ramón Marí, alcalde de Albal y portavoz socialista en la entidad, y de Carmen Martínez, diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, en el sentido de que el caso Emarsa implica a la Generalitat porque los convenios por los que la Epsar financió generosamente a Emarsa por los tratamientos de lodos sirvieron para desviar grades cantidades de dinero.

La Emshi presenta una denuncia contra Morenilla e Ignacio Bernácer

“Los convenios de financiación eran obviamente necesarios para sufragar el gasto público que supone la depuración de aguas residuales”, explica la Emshi en su escrito al juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, del que es titular Vicente Ríos. “La Epsar es la entidad pública que tiene encomendada la gestión recaudatoria del canon de saneamiento y la distribución de las cantidades necesarias a favor de las administraciones y entidades que han de explotar las instalaciones de depuración”. Y añade: “Existen fundadas sospechas de que determinadas personas se sirvieron y abusaron de las posibilidades económicas que dichos convenios implicaban para Emarsa, y desviaron parte del dinero obtenido gracias a los mismos para fines privados alejados del servicio público”.

Al objeto de fundamentar los indicios de que Morenilla y Bernácer estaban concertados con Crespo y Cuesta “para desviar parte del dinero público con la finalidad de apropiarse del mismo para sí o para terceros”, la Emshi recuerda que los dos directivos de la Epsar “tenían la obligación de analizar la documentación que Emarsa les remitía”, pero “dejaron al margen a la Emshi de manera intencionada, pues, salvo su presidente, ni su técnico era convocado a las reuniones de la comisión de seguimiento, ni se remitían a Emshi más que aquellos documentos que, separados de los que no se recibían, en absoluto reflejaban la realidad de lo que estaba sucediendo”.

La Emshi atribuye directamente a Morenilla la responsabilidad de no haber convocado a su técnico a las reuniones de la comisión de seguimiento, en las que se aprobaron pagos a Emarsa, posteriormente validados por el entonces consejero de Medio Ambiente y hoy presidente de las Cortes, Juan Cotino, de cantidades de más de 19 millones de euros.

Se desvió dinero público para fines privados, dice la firma de servicios

La Emshi desmenuza la actuación de Bernácer como la persona que otorga justificación de los incrementos de gastos en los convenios y señala que lo hace incluso en un informe remitido al juez, en el que justifica los aumentos por la necesidad de “adecuar el precio hasta ese momento vigente a las nuevas necesidades”. Bernácer, en efecto, justificó, como director de la Epsar ante el juzgado que el precio pagado desde la Generalitat por el tratamiento de lodos en Emarsa pasara de 30,5 a 42 euros por tonelada en 2007, en lo que el escrito de la Emshi califica como “un intento vano de evitar su imputación”.