Cataluña pedirá al Gobierno cobrar por los universitarios de otras comunidades

Cataluña quiere que se le compense económicamente por los alumnos de otras comunidades autónomas que estudian en universidades catalanes. De hecho, lo que la Generalitat ha propuesto al Gobierno es crear un fondo de compensación similar al que ya funciona en el ámbito sanitario. En este sistema estarían implicadas todas las comunidades, pero la Generalitat ve en esta compensación un filón económico que le permitiría recaudar hasta 100 millones de euros anuales.

La Generalitat vive momentos de estrangulación económica que la está llevando a ser pionera en los recortes en el ámbito de la salud, educación y de la función pública. En el cajón universitario, el gobierno catalán ha reducido el presupuesto en 14 millones (un 1,9%) respecto el año anterior. Pero fue en 2011 cuando las universidades sufrieron un mayor sablazo. Entonces el recorte presupuestario fue del 16%, lo que se tradujo en 127 millones menos para los centros.

Los momentos acuciantes de crisis están haciendo también aflorar la vertiente más nacionalista y autárquica del gobierno catalán. El intento de cobrar a no residentes en Cataluña por servicios que presta la Comunidad y que paga con sus impuestos tiene un precedente en el ámbito sanitario. La Generalitat ha reclamado en más de una ocasión cobrar a ciudadanos de la Franja (Aragón) que son asistidos por ambulatorios y hospitales catalanes por cuestiones de proximidad.

El gobierno catalán ve ahora un filón a explotar en el ámbito educativo. Según datos de la Secretaría de Universidades, de los 240.000 alumnos que estudian en centros catalanes, 12.500 proceden de otras comunidades, en contra de los 3.000 catalanes que deciden estudiar en otros puntos del territorio español. Las matrículas universitarias están alrededor de los 1.000-1.200 euros de media y este importe solo cubre entre el 12 y el 15% del coste real de los estudios. La Generalitat reclama que el Estado cubra el 85% restante de estos alumnos no catalanes. Con ello, las expectativas de Universidades serían ingresar hasta 100 millones de euros anuales.

La Generalitat pondrá sobre la mesa su propuesta durante la próxima Conferencia General de Política Universitaria (órgano que coordina las Comunidades Autónomas y el Estado) que previsiblemente se celebrará en abril. Pero está previsto que quede en eso, en una simple propuesta. El Ministerio de Educación evitó ayer valorar la proposición y se limitó a defender el distrito abierto, establecido en 2003, que permite la circulación libre de los alumnos por todo el territorio español.