En el límite de la competencia fiscal

Es difícil imaginar a los dirigentes políticos o a los técnicos de una institución pública diseñando instrumentos fiscales para blanquear dinero. Tampoco es fácil aceptar que los servicios jurídicos públicos, y los privados contratados por el sector público, puedan dar por buenas unas medidas tributarias que cuadruplican las rebajas que hacen las comunidades autónomas del entorno y las del resto de la UE.

Pero es todavía más increíble que después de todo, y en plena crisis económica y social, de pérdidas de derechos y de empleo, y de empobrecimiento generalizado de la sociedad vasca, las Diputaciones sigan exprimiendo al límite sus competencias exclusivas —las que le otorga la legislación autonómica— para convertir Euskadi en un refugio fiscal de los que ya no quedan en Europa.

Nadie duda de su efectividad para recaudar pero sí de su doble moral

Euskadi, que inventó los pagarés forales en la década de los 80, y se estrelló con las vacaciones fiscales en la de los 90, tiene todavía vivos, en pleno siglo XXI, unos productos financieros para grandes fortunas, los Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), que permiten a grandes fortunas empresariales tributar al 1%, en un contexto de progresivo empobrecimiento de los trabajadores por cuenta ajena y de muchos autónomos.

La desconfianza de la UE con Euskadi, tras el caso de las vacaciones fiscales, le ha puesto en el punto de mira de varios departamentos de contenido económico y de Competencia de la UE, que han criticado, en público y en privado, la falta de transparencia de las instituciones forales. Es decir, aunque las Diputaciones están bajo el microscopio de la UE, a sus regentes parece no preocuparles. El pasado septiembre, la UE remitió un escrito al Tribunal de Luxemburgo, en el que mostraba su hartazgo por el incumplimiento reiterado de las sentencias comunitarias —declaró las ayudas ilegales en 2001 y todavía le está reclamando que cumplan la sentencia—

Pese a este contexto, las tres mantienen vivas las SPE, pero nadie sabe el impacto en la economía vasca. Hasta 2010, en Gipuzkoa había 115 sociedades de promoción que dejaron de ingresar 600 millones de euros. El de las vacaciones fiscales no es, además, el primer varapalo judicial que han recibido por la ingeniería financiera que han diseñado en los últimos 25 años. En 1990 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló dos emisiones de pagarés forales —una manera legal de captar dinero negro que ofrecía absoluta opacidad fiscal a sus compradores— en Bizkaia. Aunque los pusieron en marcha todas las Diputaciones, solo en 1990, Bizkaia captó 450.000 millones de pesetas, el equivalente a todo el presupuesto del Gobierno vasco de aquel año.

Varios expertos consultados reconocen la efectividad de esas medidas desde el punto de vista de la recaudación y del mantenimiento de grandes fortunas en el País Vasco, en tiempos de crisis en los que los capitales pueden tener tendencia a buscar mayores rentabilidades, o simplemente a escaparse a lugares que puedan considerar más seguros. Pero, a renglón seguido, cuestionan la doble moral que supone regular, a veces incluso sobrepasando el límite, para amarrar capitales, cuando a la mayor parte de los contribuyentes no se les permite la misma elasticidad a la hora de hacer sus declaraciones. También resaltan que todas las regulaciones que han ido al límite se han hecho en beneficio de las empresas y de las grandes fortunas, es decir, los beneficios de esos instrumentos, más allá de la rentabilidad para la propia administración pública, siempre los reciben quienes más dinero tienen.

Aunque es cierto que las tres instituciones forales se deshicieron en 2010 de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) al cambiar su tributación del 1% al 28% del resto de las empresas, —provocando que ese año 65 de las 90 que había en Euskadi migraran a Madrid— los ejecutivos provinciales mantuvieron absoluta discreción en torno a unos instrumentos que mantienen la misma tributación, las SPE.

Después de airear el esfuerzo que suponía para las haciendas forales cambiar la tributación de las SICAV y venderlo como un gesto de equidad con las rentas medias, la Diputación de Gipuzkoa tuvo que reconocer la existencia de un producto que chocaba con la campaña de la UE contra los paraísos fiscales y que acabó convirtiéndose en un coladero por el que se infiltran decenas de sociedades que consiguen evadir el pago de sus impuestos. Las SPE, derogadas en el resto de España, solo se conservan en el Impuesto sobre Sociedades de las Diputaciones.