Mas aplicará la movilidad geográfica y funcional a los empleados públicos

Bajas que no se cubren y retraso en la paga de Navidad del año pasado; un paquete de medidas que impone una reducción de jornada y sueldo del 15% a 6.700 interinos para este año y 2013; fin al tíquet comedor, menos días de asuntos propios, suspensión de ayudas sociales, congelación del plan de pensiones; recorte del 3% sobre la retribución anual en la paga de verano que luego ha sido ampliado a otro 2% en la de Navidad… Son los recortes que encadenan los 230.000 empleados de la Generalitat de Cataluña y su sector público, a los que ayer se sumaron más novedades: la posibilidad de que los departamentos varíen a 45.000 técnicos y administrativos sus condiciones de trabajo, sea el horario, las funciones de su puesto de trabajo e incluso su ubicación geográfica. Una novedad que los sindicatos de la función pública (CC OO, UGT e IAC) no dudaron en interpretar como que el Gobierno de Artur Mas aplicará a sus empleados el mismo rasero que la reforma laboral en el sector privado.

Desde que el actual gobierno catalán, en manos de CiU, tomó el poder a finales de 2010, los empleados públicos no ganan para sustos. El discurso que impera es que los funcionarios y laborales de las empresas públicas son unos privilegiados por tener trabajo asegurado; y que se les acaba el chollo, suponiendo que sea tal. En verano pasado, con los primeros recortes en salud, educación y servicios sociales en marcha, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, advirtió a los funcionarios de que había llegado la hora de “repartir el dolor” y anunció cambios. “Es posible que se les pida que trabajen lo mismo por un poco menos”. Así ha sido.

Los sindicatos consideran el plan "inaceptable"

El resultado del tijeretazo quedó dibujado antes de Navidad en un paquete de medidas, algunas para dos años, pero otras definitivas, que suponen un ahorro de 625 millones de euros anuales en el capítulo de personal. “Hemos tocado hueso con el estado del Bienestar y ahora les toca a ellos”, dijo en diciembre el portavoz del Gobierno. Este paquete, que sacó varias veces a miles de funcionarios a la calle en vísperas a Navidad, es el que incluye la reducción de jornada de los interinos (que se comenzará aplicar en abril), y el recorte de pagas y beneficios. Algunas pioneras medidas de conciliación desaparecen para siempre.

El remate llegó ayer y pilló a los sindicatos desprevenidos. La Generalitat convocó la Mesa de Función pública y les anunció un plan de reordenación del sector público que prevé que los departamentos puedan modificar las condiciones laborables, tareas y horarios tanto de los funcionarios como los laborales en función de sus necesidades. La medida afecta a los técnicos y administrativos, per excluye a maestros y sanitarios. También prevé traslados geográficos forzosos. “Es lo mismo que hace la reforma laboral para las empresas privadas, aplicado al sector público”, clamaron los sindicatos por boca de la representante de CC OO, Montse Ros.

El Departamento de Gobernación tiene previsto llevar el plan a la reunión del ejecutivo el próximo martes y se da de tiempo hasta octubre para realizar un diagnóstico de la situación global y emprender la reorganización. Fuentes del departamento aseguraron ayer que los traslados geográficos "serán la anécdota" y que la movilidad será "interdepartamental, dentro de los departamentos, o intradepartamental, de uno a otro". Unos cambios, indican las mismas fuentes, responden a "la necesidad de racionalizar una organización en la que hay áreas infradotadas y otras supradotadas". La carga de trabajo en el departamento de Territorio, por ejemplo, es mucho menor que hace años, en pleno frenesí de planes urbanísticos; en cambio, ahora reman más áreas como los servicios sociales debido a la crisis, indican.

CC OO, IAC y UGT denuncian que Mas aplica la reforma al sector público

El proyecto, que lleva por título "Plan de Ocupación por la racionalización de la organización y optimización del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña 2012-2014", habla de "medidas de reordenación e instrumentos de racionalización de personal". Indica, entre otras cuestiones, que "se habilita a los departamentos a adoptar medidas de organización interna del trabajo -reorganización de tareas y funciones, así como reordenaciones de jornada y horarios- modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de efectivos". Fuentes sindicales admiten que algunas de estas medidas ya están contempladas actualmente, pero se alarman ante la “intensidad en la aplicación que se pretende en el proyecto”.

Muy calientes ya desde el último anuncio de recorte salarial el pasado martes (del 2% que se sumará al 5% aplicado a las pagas extras de verano y Navidad), los sindicatos calificaron ayer el plan de “inaceptable”. “El Gobierno persigue los mismos objetivos que la reforma laboral: devalúa salario y condiciones de trabajo e invalida la negociación colectiva”, dijo la representante de CC OO, Montse Ros. Luis Blanco, de IAC, aseguró que los cambios “incumplen el Estatuto de Función Pública”. Para Xavier Casas, representante de UGT, las medidas son “un expediente de regulación de empleo en toda regla”. Por todo ello, llamaron a los empleados de la función pública a secundar la huelga general convocada para el próximo 29 de marzo.

La Generalitat ha presentado esta mañana a los sindicatos, en la Mesa de la Función Pública, un plan de reordenación del sector público para los próximos dos años que prevé que los departamentos puedan modificar las condiciones laborables, las tareas y los horarios tanto de los funcionarios como de los laborales en función de las necesidades de la Administración. Del total de 230.000 empleados públicos, la medida afecta a unas 45.000 personas: los técnicos y administrativos, pero excluye a maestros y sanitarios. También prevé traslados geográficos. “Es lo mismo que hace la reforma laboral para las empresas privadas, aplicado al sector público”, han clamado los sindicatos presentes en la mesa por boca de la representante de CC OO, Montse Ros.

El Departamento de Gobernación tiene previsto llevar el plan a la reunión del Ejecutivo el próximo martes y se da de tiempo hasta octubre para realizar un diagnóstico de la situación global y comenzar a aplicar las medidas de reorganización. Fuentes del departamento aseguran que los traslados geográficos "serán la anécdota" y que la movilidad será "interdepartamental, dentro de un mismo departamento, o intradepartamental, de uno a otro". Tanto los traslados como los cambios organizativos, indican las mismas fuentes, responden a "la necesidad de racionalizar una organización en la que hay áreas infradotadas y otras supradotadas". La carga de trabajo en el Departamento de Territorio, por ejemplo, es mucho menor que hace años, mientras que ha aumentado en áreas como los servicios sociales, indican.

El proyecto, denominado "plan de ocupación por la racionalización de la organización y optimización del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña 2012-2014", habla de las "medidas de reordenación e instrumentos de racionalización de personal" en su punto número 8. Indica, entre otras cuestiones, que "se habilita a los departamentos a adoptar medidas de organización interna del trabajo -reorganización de tareas y funciones, así como reordenaciones de jornada y horarios-, modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de efectivos".

El plan también concreta la reducción del 15% de jornada y salario que a partir del 1 de abril se aplicará a los interinos. Los afectados serán 6.800, de forma que quedan excluidos los bomberos, agentes rurales, auxiliares técnicos y especialistas de los servicios penitenciarios, y veterinarios de los mataderos. La aplicación se demora en las áreas de atención a la infancia y de los centros de justicia juvenil. El mayor colectivo afectado son los 3.500 interinos administrativos y subalternos que trabajan en las escuelas. El resto está muy repartido por los departamentos. La reducción de jornada obligatoria, anunciada a finales del año pasado, forma parte del paquete de recortes en las condiciones laborales y salariales, algunos temporales, otros definitivos, con los que el Gobierno catalán pretende ahorrar 625 millones de euros este año.

Muy calientes ya desde el último anuncio de recorte salarial, efectuado el pasado martes (del 2% aplicado a la paga de Navidad, que se sumará al 3% de la de verano), los sindicatos han calificado el plan de inaceptable. “En global, las medidas que se han discutido en el seno de la mesa y fuera, y los acuerdos de Gobierno catalán, persiguen exactamente los mismos objetivos que la reforma laboral: devalúa salario y condiciones de trabajo, e invalida la negociación colectiva”, ha dicho Montse Ros.

Luis Blanco, de Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), ha asegurado que estas medidas “incumplen el estatuto de la función pública” y ha calificado de “desfachatez” que el Gobierno les exija que sean conscientes de la situación actual: “Ellos, que van en coche oficial, o son unos inconscientes o unos delincuentes que nos roban”, ha dicho. En opinión de Xavier Casas, representante de UGT, las medidas son “un expediente de regulación de empleo en toda regla”. Por todo ello, han llamado a los empleados de la función pública a secundar la huelga general convocada para el próximo 29 de marzo.