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La fiscal teme que Crespo se fugue con dinero oculto

El juez ordena averiguar el patrimonio del imputado para cubrir la fianza El exalcalde de Manises entrega voluntariamente el pasaporte en el juzgado

Ignacio Zafra
El exalcalde y expresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, en el juzgado.
El exalcalde y expresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, en el juzgado.MÒNICA TORRES

Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, ha entregado voluntariamente al instructor del caso Emarsa su pasaporte, que está caducado, porque, según ha declarado, no va a "escapar de la Justicia ni eludir ninguna responsabilidad".

La fiscalía ha solicitado en la mañana de este miércoles que el juez instructor del caso Emarsa deje al expresidente de la sociedad pública, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Enrique Crespo, en situación de libertad provisional, con la retirada del pasaporte y una comparecencia semanal debido al riesgo de que se fugue. Las medidas cautelares había sido solicitadas por la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE, que hoy se ha ratificado en la petición, a la que se han unido también los letrados de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que presidió hasta el año pasado Crespo, así como el abogado del Estado.

La fiscal del caso ha considerado que existen circunstancias que llevan a pensar en que Crespo podría intentar fugarse. El imputado, ha destacado el ministerio público, carece de arraigo laboral al haber dimitido de todos sus cargos, existen sospechas de que pueda tener dinero oculto procedente del segundo premio de la Lotería de Navidad, está siendo investigado en Andorra por un posible delito de evasión de capitales, existiendo indicios de que cuenta con varias cuentas bancarias y relaciones con empresas extranjeras, y finalmente se enfrenta a graves penas por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos fiscales.

El juez ha destacado el hecho de que Crespo tiene tres hijos menores. Y el letrado de la defensa ha argumentado que Crespo está a punto de firmar un contrato con una empresa, lo que reforzaría su arraigo. La defensa de Crespo ha planteado al juez que, en caso de adoptar las medidas cautelares, la comparecencia en el juzgado o ante la policía no sea semanal sino mensual.

 Crespo, uno de los principales imputados en la investigación del supuesto saqueo de fondos en la empresa gestora de la depuradora de Pinedo (Valencia), por al menos 25 millones de euros, por su condición de presidente de Emarsa entre 2004 y 2010, ha comparecido en una vista celebrada en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, tras la que el juez tendrá que determinar si lo deja en situación de libertad provisional con retirada de pasaporte y comparecencia semanal, tal y como había solicitado la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE.

Tras su comparecencia, a la que han asistido todas las partes personadas y que ha durado cerca de una hora y media, Crespo ha negado ante los periodistas que tenga intención de fugarse por el "arraigo" que siente a la Comunidad Valenciana, fuera de la cual "no podría vivir".

Además, ha asegurado que el pasaporte que le ha entregado al juez está caducado y que no ha hecho ninguna gestión para renovarlo, lo que según él prueba su nula intención de abandonar el país.

El juez Vicente Ríos, por su parte, ha ordenado que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para averiguar los bienes propiedad de Enrique Crespo y Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, para hacer frente a la fianza conjunta de 25 millones de euros impuesta a todos los imputados. En dos autos, el magistrado recuerda que impuso la millonaria fianza el 30 de enero.

Crespo ha declarado ser titular de una vivienda en Manises, otra en Valencia, dos vehículos y 48.000 euros en bonos de la Generalitat. También declara una cuenta en la que están domiciliados los recibos del agua, la luz o la contribución. El juez pide que no se adopte ninguna medida para trabar esa cuenta para que el imputado pueda mantener "el normal tráfico de ingresos y pagos", pero requiere a la entidad en cuestión que certifique el saldo actual de la misma. Y advierte que "habiendo señalado determinados bienes que a falta de su tasación pericial pueden resultar insuficientes para cubrir las responsabilidades pecuniarias que en su caso puedan declararse procedentes" es imprescindible averiguar el patrimonio real del imputado.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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