La filtración fiscal abre la puerta para que Melchor Gil presente una demanda penal

La filtración de los datos tributarios del vicesecretario general del PSE vizcaíno, Melchor Gil, que la fiscalía ha empezado a investigar por posibles irregularidades en sus ingresos podría desembocar en los tribunales, y no para esclarecer el supuesto tráfico de influencias que la Hacienda foral cree apreciar. La revelación viola la confidencialidad del contribuyente y abre el camino a una reclamación penal que Gil no ha materializado aún, si bien ha dejado entrever su disposición a hacerlo. El dirigente socialista, cuñado y hombre de absoluta confianza del lehendakari, Patxi López, anunció anteayer que recurrirá a los tribunales para que “no quede impune” lo que considera una persecución política del PNV, materializada a través de la Diputación.

Aunque relativa a una infracción tributaria, que no delito, la filtración supone un posible delito de revelación de secretos, ya que afecta a una materia reservada como son los datos tributarios personales. El simple conocimiento de que la Diputación había remitido a la fiscalía un expediente sobre los supuestos ingresos irregulares de Gil no hubiese significado violación alguna, ya que se trata de información pública, pese a no estar imputado el dirigente socialista. Sin embargo, la filtración a varios periódicos, entre los que no figura EL PAÍS, del expediente completo de Gil, que suma unos 400 folios, supone la revelación de hechos privados sin la suficiente entidad como para ser publicados, según argumentaron ayer fuentes jurídicas.

El informe, que solo obra en poder de la Hacienda foral y de la fiscalía, fue remitido el lunes a dichos medios en sobres y de forma anónima. Llegó sin incluir documentación que acredite actuaciones del Ministerio Público ni sellos de entrada en la oficina judicial, pero sí de salida de los registros forales, lo que apunta a que se extrajo directamente de un ordenador de la propia Hacienda foral. Su sistema informático, muy estricto, permite determinar con exactitud qué personas han accedido a cada expediente y en qué momento.

Fuentes jurídicas consideran que la nueva investigación tiene poco recorrido

El informe revela que la Diputación solicitó a la fiscalía la apertura de una investigación sobre Gil en dos ocasiones. Primero lo hizo en marzo de 2011, al entender que podía existir un fraude fiscal. El Ministerio Público archivó el caso. El pasado 30 de enero, sin embargo, la institución foral retomó su petición, ahora por un presunto tráfico de influencias derivado del supuesto ingreso irregular de 419.000 euros por el dirigente socialista, dinero que habría destinado a construirse un chalé en Castro Urdiales (Cantabria).

La fiscalía ha reabierto las diligencias para determinar si los hechos constituyen una infracción penal. Fuentes jurídicas prevén que tengan un escaso recorrido tras su primer archivo. Entre la primera solicitud foral a la fiscalía y la segunda, Gil pagó más de 131.000 euros por la infracción tributaria cometida y la correspondiente multa.

A un año de las elecciones autonómicas, la polémica se enmarca en plena guerra entre PNV y PSE por la política fiscal y la lucha contra el fraude. Este creciente enfrentamiento, aderezado con tensos cruces de acusaciones, se ha personificado, en las figuras del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y el lehendakari, Patxi López.

El PSE tratará

Vicesecretario general de los socialistas vizcaínos, Melchor Gil ha participado en casi todas las decisiones de relevancia que ha tomado el partido durante los últimos años. Exvicepresidente de las Juntas Generales del territorio, su principal cargo en la actualidad es orgánico en el seno del PSE.

La relevancia interna de Gil y su proximidad a López explica el hondo malestar que ha levantado entre los socialistas la filtración de las actuaciones de la Hacienda foral. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ya acusó el martes a la Diputación de perseguir una “intencionalidad política” con la “filtración interesada” del caso.

Convencidos de la “honorabilidad” de Gil, los socialistas confían en una rápida resolución de la fiscalía, aunque confiesan también su preocupación por el posible efecto político que tenga el caso. Por eso, el partido tratará de esclarecer en el ámbito político el origen de la filtración y la identidad de sus supuestos responsables, con el objetivo de poder exigir, si es necesario, las correspondientes responsabilidades. Fuentes socialistas consideran que los hechos se asemejan a la “utilización de los aparatos del Estado” a la que se recurre en otros países “contra el adversario político”.