La fiscalía pide desestimar la demanda contra la expresidenta de Invercaria

El ministerio público no ve delito en la relación laboral de la exdirectiva con un subordinado

La Fiscalía de Sevilla pidió ayer desestimar la demanda interpuesta por el exdirectivo de la empresa pública Invercaria, Cristóbal Cantos, contra la expresidenta Laura Gómiz, por acoso laboral. Cantos había presentado una demanda contra Gómiz en la que reclamaba su reingreso en Invercaria además de 300.000 euros como compensación. Ayer se celebró la vista oral y para apoyar su reclamación, Cantos, que fue despedido el año pasado, había aportado unas comprometedoras conversaciones de trabajo con su exjefa, grabadas con un dispositivo oculto. Las cintas, de 160 minutos de conversación, reflejan una falta de procedimiento reglado en esta sociedad pública de capital riesgo, que ya fue denunciada por la Cámara de Cuentas, y que esta semana ha tenido gran eco en los medios.

El fiscal desestimó la demanda del exdirectivo porque no hubo amenaza alguna ni vulneración de derechos fundamentales, a pesar de reconocer que “es posible” que existieran presiones en su relación laboral. De este modo, el fiscal no observó delito en la conducta de la expresidenta. La decisión no afecta a las polémicas grabaciones, que están siendo analizadas por el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, que decidirá sobre su alcance penal.

Durante el juicio, Cantos declaró haber sufrido “ninguneos, aislamiento y tratos degradantes” por parte de su exjefa a partir del pasado abril. Sin embargo, los cinco compañeros que testificaron como testigos no corroboraron su versión. Estos afirmaron que en ningún momento observaron problemas o tensiones entre ambos directivos. “La relación era fluida (…) Le encantó Laura desde el primer momento que la vio. Cantos me contaba que le había lanzado indirectas pero ella nunca las pilló”, declaró la exsecretaria de Gómiz y amiga de Cantos.

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El magistrado del Juzgado de lo Social 2, Pablo Surrocas, admitió como prueba las grabaciones que aportó Cantos, si bien en los procesos laborales es común la admisión de todas las pruebas aportadas, y hasta emitir sentencia el juez no se pronuncia sobre ellas. Ayer durante la vista oral, solo se oyeron 20 segundos de las charlas a petición de la defensa para demostrar cómo según el perito las conversaciones habían sido manipuladas y este encontró 13 evidencias en las que se podía comprobar cómo habían sido manipuladas. “Ocurre todo en el mismo momento y espacio, pero faltan elementos de la conversación”, determinó el perito ante el juez.

Mientras, Gómiz reconoció como suya la voz de las grabaciones, pero añadió: “No son mis pensamientos”. La expresidenta denunció que las transcripciones están manipuladas y sus palabras se han sacado fuera de contexto. “Es un montaje político”, definió la polémica de las grabaciones, que el PP ha intentado vincular con el caso de los ERE, aunque la juez Mercedes Alaya frustró dicho intento.

Durante el juicio Gómiz negó las graves acusaciones de Cantos. Este asegura que la expresidenta le había encomendado realizar informes “falsos” para justificar inversiones de la empresa pública. “Cantos veía fantasmas donde no los había”. Tanto Gómiz como los testigos negaron las acusaciones y aseguraron que se trató de cargar datos de los informes antiguos de empresas a un nuevo programa informático denominado Trewa. "El sistema es inalterable", declaró una informática de la empresa pública.

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