Sospechas de corrupción en las depuradoras del Consell

Las sospechas de corrupción que hasta ahora se han centrado sobre la empresa que gestionaba la depuradora del área de Valencia a través de un organismo metropolitano se extienden a la gestión de las depuradoras que dependen de la Generalitat.

El caso Emarsa, por el saqueo millonario de la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, ha salpicado, a medida que declaraban los principales imputados, a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), un organismo bajo la competencia del Consell. Ayer se hizo público que, además, se ha abierto una investigación sobre su exgerente, José Juan Morenilla. Lo explicó la diputada socialista Carmen Martínez en los pasillos de las Cortes Valencianas. Según la parlamentaria, que es alcaldesa de Quart de Poblet y secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, la fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias preprocesales y ha designado fiscal instructor para investigar una denuncia que presentó hace unos meses contra Morenilla porque la empresa de la que es administradora la esposa de este, Agromática del Este “refleja unos movimientos económicos que no obedecen al desarrollo normal del objeto social declarado, y parece dudoso que sea la actividad real de la mencionada mercantil”.

El PSPV-PSOE está personado como acusación popular en el caso Emarsa y viene sosteniendo que las graves irregularidades investigadas en la depuradora del área metropolitana de Valencia se extienden a la entidad pública de la Generalitat. Martínez explicó que su grupo pedirá que las diligencias que ahora abre la fiscalía se unan a la investigación que lleva a cabo el juez Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Una investigación que, hasta el momento, ha supuesto la implicación de 27 personas, entre ellas los principales responsables de Emarsa.

Una empresa de la esposa

Morenilla y el director de explotación de la Epsar, Ignacio Bernácer, fueron citados por el ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal y por el exjefe de informática Sebastián García en sus declaraciones ante el juez que instruye el caso Emarsa, sobre un supuesto agujero económico de 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo.

La denuncia de los socialistas ante la fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia señalaba que la esposa de Morenilla, María Dolores Murillo, es administradora única de una sociedad, Agromática del Este, SL, con un capital social de 143.750 euros, que pese a que “parece contar con una reducida actividad y con escaso o ningún personal” presenta “movimientos de cierta entidad y nula justificación”.

Los socialistas denunciaron anotaciones de “ingresos financieros poco justificables” como 339.701 euros en 2007. Ese mismo año apuntan “anotaciones que parecen responder a aportaciones dinerarias de los socios (462.000 euros) o la aparente asunción por estos de supuestas deudas con entidades financieras (reducidas en 2007 a 412.000 euros)”. En relación con los ejercicios de 2009 y 2010, la denuncia indica que “aparecen consignados gastos financieros cuando en la propia contabilidad de tales ejercicios no aparecen declaradas deudas financieras”.

Los socialistas recordaron en la denuncia que ahora ha decidido investigar la fiscalía que María Dolores Murillo es esposa de Morenilla, exgerente de la Epsar. De él han declarado ante el juez el exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal, y uno de los principales proveedores implicados, Sebastián García Martínez, que era uno de los cuatro que se repartían cada mes 180.000 euros. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, por su parte, declaró haber entregado a Morenilla 30.000 euros en efectivo.

La diputada Carmen Martínez, que es portavoz socialista en la comisión de investigación de Emarsa, recordó que otra de las personas señaladas como receptores de comisiones es el actual jefe de explotaciones de la Epsar, Ignacio Bernácer. “Morenilla abandonó la Epsar”, le recordó ayer Martínez al presidente del Consell, Alberto Fabra, “cuando saltó el escándalo y se refugió casualmente en Facsa, una de las empresas investigadas en el caso Gürtel por presunta financiación ilegal del PP, a la que previamente adjudicó contratos públicos por cerca de 30 millones de euros”.