Las administraciones deben a sus proveedores más de 6.500 millones

"La Comunidad Valenciana es la Grecia de España". El portavoz de un lobby que defiende ante el Consell los pagos a varias compañías del Ibex 35 describe así la desconfianza que generan en Madrid las instituciones y empresas públicas de Alicante, Castellón y Valencia.

La Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos adeudan más de 6.500 millones a los proveedores, según las asociaciones empresariales que más contratan con la Administración. La cifra supone el 6% del PIB autonómico y, unida a la sequía del crédito y el desplome de la actividad, ha precipitado al abismo financiero a buen número de las 352.000 empresas de la Comunidad Valenciana, de las que el 99% son pymes.

El reguero de impagos atenaza a las firmas de obra pública (1.800 millones de deuda), según la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. A los trabajadores autónomos (otros 1.800 millones), en cifras de la asociación ATA. Afecta también a los distribuidores de medicamentos (1.292), según Farmaindustria y a los de material sanitario (973) según la patronal del sector Fenin. La mora, asimismo, lastra las cuentas de las farmacias (360) y residencias de ancianos (28), según la asociación Aerte-. Las librerías y papelerías arrastran 20 millones en impagos, según el Gremi de Llibrers. Asimismo, los abogados del turno de oficio y las cinco universidades públicas asumen impagos por valor de 10,7 millones y más de 100 millones de euros, respectivamente.

Entre 700 y 884 días de retrasos

La opacidad de las administraciones y las deudas no contabilizadas impiden conocer la dimensión de los impagos. Según la Sindicatura de Comptes, el sector público valenciano debía 9.463 millones en 2010. La cifra incluye a los proveedores pero también las cantidades pendientes de pago con Hacienda y la Seguridad Social, según un portavoz del organismo auditor.

La asfixia de las arcas públicas ha disparado los plazos de pago. La ley de morosidad, que obliga a las administraciones a pagar en 45 días, es un espejismo. Se incumple en el 97% de los casos y dispara las alarmas entre las firmas de medicamentos y material sanitario, que tardan entre 700 y 884 días en cobrar.

La patronal Farmaindustria, que agrupa a 200 laboratorios, apunta a la Comunidad Valenciana como la autonomía que peor paga y la segunda, solo por detrás de Andalucía, que acumula una mayor deuda: 1.292 millones, un 58% más que en 2010.

"Te dicen que es un problema contable y de tesorería, como si no fuera con ellos"

“Se nos ha acabado la paciencia benedictina”, advierte el abogado Vicente Peiró, portavoz de la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana. La Generalitat adeuda a los 33 socios de esta organización creada ad hoc para reclamar en conjunto un total de 280 millones.

Todos los proveedores se quejan de la falta de información y piden al Consell que extienda a todos el calendario de pagos que aplica a las farmacias.

Atenazada por la caída de las licitaciones, la obra civil arrastra una deuda de 1.800 millones, que ha sentenciado en dos años a 5.600 empresas. Fecoval, que reúne a los principales constructores regionales, llegó a pedir a la Administración una reducción de los impuestos para las compañías con impagos. “Una constructora se enteró el mismo día y por el banco que no cobraba 90 millones de Ciegsa”, explica Manuel Miñés, gerente de la Cámara de Contratistas. Sus empresas tardan de media más de 200 días en cobrar de la Generalitat y 250 días de los Ayuntamientos.

Las deudas también han acorralado a sectores que, hace tan solo una década, se perfilaban emergentes. “Se han declarado varios ERE en las residencias de tercera edad”, afirma Alberto Giménez, portavoz de la mayoritaria patronal del sector AERTE, que reprocha al Consell que las 200 residencias valencianas arrastran 28 millones de deuda.

“Te dicen que es un problema de tesorería y de contabilidad, como si no fuera con ellos”, lamenta Glòria Mañas, presidenta del Gremi de Llibrers de València, que acumula 20 millones de deuda por los impagos de la Generalitat del bonolibro.

Los 320.000 autónomos de la Comunidad encarnan el eslabón más débil de la cadena. Acumulan deudas de 1.800 millones, según la asociación ATA. Pero su presidente, Rafael Pardo, confía en las medidas de pago a proveedores del Gobierno de Mariano Rajoy y defiende, incluso, renunciar a un porcentaje del dinero para cobrar antes.