Los comerciantes anticipan los libros de texto ante los impagos del Consell
Los libreros estudian denunciar a la Generalitat por la 'desaparición' del bono-libro y lanzan una campaña informativa a los padres.
"Si sus hijos tienen libros es gracias a que los libreros los han pagado, aunque ahora les pueda costar el cierre". Es el cartel que colocarán los libreros en sus establecimientos. Los libreros quieren que los padres se enterena través de una campaña de la situación, de quién sufraga los libros de texto de 300.952 alumnos de este curso. Porque noha sido el Consell, presidido por el PP, pese a que así lo ha vendido porque lo llevaba "en su programa electoral". La Comunidad Valenciana es la única con este sistema de subvención de libro de texto (105 euros) que no ha pagado ni un euro de los 31,6 millones que figuraban en los presupuestos de 2011. Un pago que estudian con sus abogados si puede ser constitutivo de "delito", ya que era una partida finalista y no se ha usado en pagar a las librerías.
Así lo ha señalado la presidenta del Gremi de Llibrers de València, Glòria Mañas, que ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa acompañada de representantes de los gremios de libreros de Alicante y de Castellón, con el apoyo de distribuidores y editores.
Según Mañas, solicitaron por escrito a la Consejería de Educación diversas reuniones para "abordar juntos la situación y buscar fórmulas para solucionar el problema", pero sólo obtuvieron como respuesta varias llamadas telefónicas de un director general para decirles que "hacen todo lo posible para pagar cuanto antes, pero la situación de tesorería es muy difícil". "Y una llamada no sirve como respuesta a una petición cursada por registro para que convoquen un encuentro y den explicaciones a todo el sector", ha reprobado.
La Consejería de Educación fijó en 42,4 millones de euros su aportación en el curso 2011-12 a las medidas para favorecer la gratuidad de libros de texto del alumnado de enseñanza básica escolarizado en los centros públicos y concertados de la Comunitat, entre las que se incluye el bonolibro, con un importe máximo de 105 euros y una cuantía global de 31 millones de euros para este curso.
Desde el inicio de este programa en el curso 2007-2008, cada familia recibe en su colegio una cantidad por escolar en forma de un bono que debe canjear después por los libros correspondientes en los establecimientos autorizados y, hasta este momento, no habían tenido "ningún problema" para cobrar esas cantidades por parte del Consell. "Es el primer año en que no nos paga cuando debe y ni siquiera nos ha avisado con antelación para poder reaccionar", ha denunciado Mañas.
No obstante, esos establecimientos sí que han tenido que hacer frente a los recibos de septiembre y octubre de las editoriales. Según el represetante del gremio de libreros de Castellón, Pere Duch, "los más afortunados han conseguido pagar gracias a créditos o a las reservas que tenían, en el caso de los establecimientos más grandes, pero muchos ni siquiera han logrado que les aprobaran esos créditos y han tenido que devolver los recibos".
Duch ha alertado de que "esos impagos pueden cargarse por completola campaña de Navidad", ya que "a muchos de los establecimientos que han devuelto recibos de los libros de texto, las editoriales les han cancelado la cuenta y no les suministrarán ningún producto hasta que no salden sus deudas".
"Esta situación afecta a todo el sector, en mayor o menor medida depende del tamaño del establecimiento, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las librerías de la Comunitat son de tamaño pequeño y mediano, como sucede en todos los sectores", ha zanjado.
La presidenta del Gremi de Llibrers de València ha constatado que "habrá librerías a las que se les deberá 3.000 euros y otras a las que 60.000 e incluso 100.000 euros". "Hemos pagado religiosamente las facturas que hemos podido atender, hemos puesto el trabajo y pagado los libros, pero ahora ya no se puede resistir más", ha subrayado.
En cuanto a las medidas anunciadas, Mañas ha precisado que, por un lado, harán las consultas jurídicas necesarias para "ver hasta qué punto el incumplimiento de pagar en un máximo de 50 días tiene repercusiones" y, por otro, realizarán distintas acciones para "hacer pública" su denuncia y "no se descarta" convocar concentraciones ante la Conselleria de Educación para protestar por su situación.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.