Convenios con la Generalitat diseñados “para defraudar”

El proveedor y (nada sorprendente en Emarsa) al mismo tiempo responsable de informática de la empresa metropolitana de depuración, Sebastián García Martínez, incidió ayer en la vía abierta la semana pasada por el exdirector financiero de la empresa pública, Enrique Arnal, de implicar a dos cargos de la Generalitat en el saqueo la planta depuradora. Los dos señalados eran el gerente y el jefe de explotación de Epsar, empresa pública valenciana de saneamiento de la que dependen las depuradoras, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, respectivamente.

Arnal contó ante el juez lo que le había explicado el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y lo que él mismo pudo comprobar dado su cargo en la sociedad. Su conclusión fue que desde los años noventa y especialmente en la década pasada, Epsar firmó sucesivos convenios con Emarsa que habían sido diseñados específicamente “para defraudar”.

De un lado, explicó Arnal, mediante convenios de mejora de las instalaciones que habrían permitido adjudicar “a dedo” obras que superaban el millón de euros. Las empresas beneficiadas eran, según el exdirector financiero, siempre las mismas, y se trataba de contratistas habituales a la vez de la propia Epsar, dependiente de la Generalitat, y de la Diputación de Valencia.

Los contratistas, según han declarado varios imputados, iban cambiando con la misma cadencia con que lo hacían los presidentes y los gerentes de Emarsa. Es decir, que cada uno de ellos habría colocado a los suyos a costa de los anteriores. El relevo resultó especialmente llamativo coincidiendo con el enfrentamiento abierto entre el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y el expresidente Francisco Camps. Una de las primeras misiones de Cuesta fue, según contó él mismo ante el juez, librarse de un proveedor murciano a quien se consideraba vinculado a Zaplana.

La “sobrefacturación” habría permitido al empresario repartir el exceso con los cargos públicos

La otra parte del fraude organizado habría tenido su origen en los convenios de tratamiento de lodos en los que la Epsar obligaba a Emarsa a pagar por el servicio precios mucho más altos que los que se pagan en otras plantas depuradoras españolas. Esa “sobrefacturación” habría permitido al empresario repartir el exceso con los cargos públicos. Arnal declaró como imputado que Cuesta le había dicho que el dinero se lo repartían él, el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo y los dos cargos de Epsar: 180.000 euros al mes.

García Martínez añadió ayer que Cuesta le explicó lo mismo y que, además, pudo ver en el coche del exgerente cajas de cartón repletas de dinero que, le contó, iba a llevar a Manises y a Epsar.