Camps triplicó el dinero destinado a Emarsa en los años del saqueo

Algo extraño ocurrió en la Generalitat durante los años en que Emarsa, la sociedad pública de depuración del agua de Valencia controlada por el PP, fue saqueada de forma masiva hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros. Durante el periodo investigado por el juez, del año 2004 al 2010, la aportación del Gobierno valenciano a Emarsa se multiplicó casi por tres. Pasó de 6,4 millones de euros en 2004 a 18,4 millones en 2009. El volumen de agua depurada, el principal elemento que podría explicar ese aumento de la inyección económica de la Generalitat, en cambio, apenas creció un 6,5%.

El dinero que manejaba Emarsa provenía de la factura del agua que pagan los vecinos de Valencia y de otros 18 pueblos cercanos. La aportación directa de fondos a Emarsa, sin embargo, la hacía en su mayor parte la Generalitat a través de su empresa Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales). El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, dirigente local del PP de Valencia hasta que fue suspendido el 11 de noviembre, declaró ante el juez que el gerente de Epsar, José Juan Morenilla, le impuso contratar y pagar precios muy por encima de los del mercado a una empresa, Notec, cuyo dueño está ahora imputado en el caso por estafa y delitos societarios. Epsar estaba adscrita en la época investigada a Medio Ambiente. Dependió por tanto de los consejeros Rafael Blasco, Esteban González Pons (hoy cabeza de lista del PP por Valencia), José Ramón García Antón y Juan Cotino.

El Consell financiaba a Emarsa a través de su entidad de saneamiento Epsar

El ente dependió de Blasco, González Pons, García Antón y Cotino

Emarsa es objeto ahora de una investigación judicial dirigida por el juez Vicente Ríos que ha destapado que en esos años la sociedad pública pagó cantidades millonarias por servicios y suministros que resultan sospechosos o simplemente inverosímiles. Obras de reparación en maquinaria y edificios que nunca existieron. Camiones cargados de lodo que salían de la planta de Pinedo (Valencia) rumbo a Requena y a los 11 minutos, supuestamente, habían llegado a su destino, descargado, vuelto a la depuradora y estaban listos para partir (y cobrar) de nuevo. Partidas de 164 teclados, en menos de un año, para una sociedad pública que solo tenía 32 puestos informatizados.

La investigación también ha revelado que los directivos cargaban a Emarsa la compra de artículos de lujo (joyas, productos de Louis Vuitton), accesorios de automóvil, facturas de marisquerías, viajes de placer con la familia, y décimos de lotería por valor de miles de euros.

La contribución económica de la Generalitat se multiplicó por tres en ese periodo y los gastos de la depuradora de Pinedo que gestionaba Emarsa, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España, se dispararon en una proporción similar: de 8,7 millones en 2003 a 19,5 millones en 2009.

El coste por depurar el metro cúbico de agua experimentó un aumento cercano al 200%: de 0,064 a 0,155 euros. Todos los datos provienen de las auditorías de Emarsa, que elaboraba la firma Mazars.

En la época del saqueo, que se extendió incluso mientras el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo (entonces presidente de Emarsa y ahora imputado en la causa), procedía a la liquidación por quiebra de la sociedad, se implantaron unos métodos supuestamente más sofisticados del proceso de depuración. Uno de ellos, consistente en mejorar el tratamiento de los lodos, es ahora objeto de investigación porque la fiscal y el juez creen que se estuvo pagando por él a una empresa cuando en realidad no se aplicaba.

La empresa en cuestión era Notec, la misma que, según Cuesta y otro exdirectivo de Emarsa imputado en la causa, les fue impuesta por Epsar, es decir, por la Generalitat. El juez ha imputado al administrador de Notec, José Luis Sena, y le ha retirado el pasaporte por riesgo de fuga.

La justificación de que las mejoras tecnológicas fueron las responsables del encarecimiento de los gastos de Emarsa se encuentra, además, con un obstáculo adicional. La unión de empresas que se hizo con la explotación de la planta de Pinedo una vez desaparecida Emarsa, a finales del año pasado, se comprometió a hacer el mismo trabajo prácticamente por la mitad de precio.

Desde 2002, cuando Crespo se hizo con la presidencia de Emarsa, hasta 2009, un año antes de desaparecer, los directivos de la sociedad pública imputados por malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios, manejaron 115 millones de euros.