Un imputado en la trama Retablo devuelve una rectoral a la Iglesia

La supuesta venta de la casa rectoral de Paraños (Covelo) por parte del obispado de Tui fue según el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santiago “ una dádiva” de la Iglesia al entonces funcionario de la Consellería de Cultura, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, a cambio de los presuntos favores que éste había hecho a la Iglesia desde su puesto en la Xunta. La operación que avaló la Diócesis para enajenar el inmueble fue tan sospechosa que propició una denuncia de los vecinos que acabó destapando una supuesta trama de corrupción generalizada en la restauración de arte sacro que acumula once imputados, entre dos funcionarios de Cultura, uno de ellos el propio Gómez-Gil Aizpurúa, varios sacerdotes e incluso el exobispo de Tui, José Diéguez Reboredo. Todos aparecen citados en los más de 2.000 folios que acumula la investigación.

El caso nació en verano de 2009 cuando los fieles de Paraños se enteraron de que el Obispado había vendido por 60.000 euros la misma casa rectoral con finca de 4.500 metros cuadrados que ellos mismos habían contribuido a mantener con sus donaciones durante años. Pronto se corrió entre los vecinos que el comprador, un funcionario bien relacionado con el sacerdote de la localidad, Juan Sobrino —también imputado en este caso— la había puesto a la venta en Internet por 680.000 euros después de que (eso se desveló en el transcurso de la investigación) unas cuantas firmas de rehabilitación beneficiadas por Gómez-Gil Aizpurúa desde la consellería adecentaran el edificio y construyeran una piscina y un porche. La operación era redonda porque en el momento en que se anunció la casa en un portal de Interner, Gómez Gil ni siquiera había abonado el primer de los seis plazos de 10.000 euros pactados con el Obispado.

Para cuando por fin cumplió con el primer pago, ya había estallado el escándalo y la policía nacional había empezado a grabar con autorización judicial jugosas conversaciones telefónicas en el que quedaron descubiertos sus presuntos manejos para otorgar subvenciones de Cultura para rehabilitación de patrimonio y también para que las entidades beneficiadas adjudicasen los contratos a empresas amigas.

Un empresario de una firma de restauración, arruinado, arrepentido e imputado, decidió tirar de la manta y contó primero a la policía y luego al juez todos los manejos de la red que presuntamente lideraba Gómez Gil Aizpurúa. Este ya no llegó a pagar la segunda anualidad de la casa. Y a eso se aferró la Diócesis de Tui en marzo pasado para solicitar la devolución del inmueble mediante un acta notarial que se leyó en su actual domicilio de Cartagena al exfuncionario de la Xunta. El documento pedía la retirada del mobiliario y la devolución de las llaves de la propiedad.

Después de varias semanas sin atender los requerimientos de este periódico, el vicario general de la Diócesis de Tui-Vigo, Jesús Gago reveló que Gómez-Gil Aizpurúa ha accedido a devolver el inmueble al Obispado. No ofreció detalles ni fechas de “un asunto que llevan los abogados”. Pero admitió que la rectoral vuelve a ser de la Iglesia.