La Iglesia pide a un imputado en el 'caso Retablo' que devuelva la rectoral
La venta de la casa a Gómez-Gil destapó una red corrupta de restauración de patrimonio
El Obispado de Tui vuelve sobre sus pasos para desandar el camino que sentó ante el juez al exprelado de la Diócesis José Diéguez Reboredo, ahora imputado, y a media docena de sacerdotes presuntamente involucrados en la trama Retablo, una red de corrupción generalizada en la restauración de patrimonio artístico en Pontevedra y Ourense. Tras intentar evitar sin éxito que la Asociación de Vecinos de Paraños (municipio de Covelo) ejerciesen la acusación particular en el juzgado, la Iglesia vuelve al origen del caso e intenta deshacer la venta de la casa rectoral para que esta vuelva a ser de la Diócesis.
El Obispado argumenta en la documentación remitida al juez que Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, uno de los supuestos cabecillas de la red corrupta que adjudicaba o mediaba en la rehabilitación del patrimonio artístico, dejó de pagar el segundo de los seis plazos de 10.000 euros que había pactado con el anterior cura de Paraños, Juan Sobrino, también imputado, para hacerse con la rectoral. Gómez-Gil Aizpurúa, extrabajador de la Consellería de Cultura a quien el juez imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones fiscales, pretendía abonar por la propiedad 60.000 euros y antes de afrontar el primer pago, que finalmente realizó fuera de plazo, ya intentó venderla en Internet por 680.000 euros. Entremedias, un par de adjudicatarias de los contratos de rehabilitación en los que mediaba el técnico de Cultura habían restaurado de forma gratuita el viejo inmueble, convertido ahora en residencia de verano con piscina, porche y jardín de 4.500 metros cuadrados, según relataron los propietarios de dichas firmas al juez.
El comprador no hizo frente al segundo pago y la Diócesis le exige las llaves
Lo que reclama ahora la Iglesia es que se rompa el contrato de enajenación de la casa, después de que Gómez-Gil obviase hacer frente al segundo plazo del pago. Por eso mediante un acta notarial la Iglesia ha comunicado al comprador "la rescisión del mencionado contrato de compraventa por incumplimiento de pago de parte del precio". A través de un notario que leyó a Gómez-Gil Aizpurúa en Cartagena, donde ahora reside, la Iglesia exige a la familia que entregue las llaves de la rectoral y retire el mobiliario. De lo contrario, advierte, reclamará la rescisión de la compraventa en el juzgado.
La devolución de la rectoral a la Diócesis es una vieja reclamación de los feligreses, que siempre han reprochado a la Iglesia que no les ofreciese a ellos la oportunidad de pujar por la rectoral que mantuvieron durante años con su sacrificio, según considera probado el juez. La decisión de la Diócesis de venderla por 60.000 euros, un precio irisorrio, motivó una investigación del juzgado que destapó una trama de corrupción en la rehabilitación del patrimonio. En un auto, el juez determinó que la venta fue en realidad una dádiva a Gómez-Gil por los "favores" que habría hecho a la Diócesis en la concesión de subvenciones.
Tras analizar las charlas telefónicas intervenidas por la policía, el juez apunta que "la citada casa fuese entregada como pago de favores, al no ser otros los servicios que vinculan a Gómez-Gil Aizpurúa con el Obispado que los relativos a su cargo como restaurador de la consellería y que no ha pagado nada por la casa, ni parece que desde el Obispado se desee cobrar nada".
Otro implicado pide que declaren tres gerentes del Xacobeo
Junto a Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, la policía, después de grabar durante meses conversaciones telefónicas de sacerdotes, funcionarios y empresarios de rehabilitación, sitúa al arquitecto de la Sociedad do Xacobeo José Manuel Pichel Pichel en el centro de la presunta trama corrupta. La defensa de este funcionario, que ha sido apartado fulminantemente por la Consellería de Cultura de las contrataciones cuando se conocieron los primeros datos del caso, ha solicitado al juez que llame a declarar al actual gerente del Xacobeo, Ignacio Santos, y a sus dos antecesores, para que expliquen "quién, cómo y en qué condiciones encomendaron el Plan Corrector de Albergues".
Según los abogados de Pichel, fueron las instrucciones de los distintos responsables del Xacobeo las que "forzaron los tiempos de contratación" de los albergues para peregrinos, adjudicaciones que el informe de la brigada de delitos económicos de la policía considera bajo sospecha. Según su prolijo informe, Pichel adjudicaba las direcciones de obra de dichos proyectos a arquitectos y aparejadores amigos, algunos relacionados con el estudio que Pichel tiene en Pontevedra.
En múltiples charlas intervenidas, los agentes policiales concluyen que el arquitecto del Xacobeo ofrece contratos a dedo a personas de su confianza. En una, Pichel dice a un aparejador llamado Paco: "Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre".
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