Arte sacro y corrupción

Una trama de corrupción generalizada gestionó entre 2003 y 2009 la restauración del patrimonio histórico-artístico en las iglesias y monasterios de Ourense y Pontevedra. Según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía, a la cabeza de la red estaba el ex restaurador de la Consellería de Cultura de la Xunta, Garlos Gómez-Gil Aizpurúa, ahora desplazado en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. La juez le imputa los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Los mismos que a José Manuel Pichel, arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, un organismo adscrito a la Consellería de Cultura.

El caso alcanza la docena de imputados: los técnicos del Gobierno gallego que decidían qué trabajos de rehabilitación se subvencionaban, un grupo de sacerdotes, intermediarios para adjudicar las obras directamente y sortear el preceptivo concurso que las administraciones públicas deben convocar para contratos mayores, y los responsables de las firmas restauradoras. Entre ellos se encuentra el ex obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, quien tras pasar por la comisaría y el juzgado abandonó la diócesis en enero. En el caso del ex obispo, la juez investiga la rocambolesca venta de una casa rectoral por 60.000 euros al supuesto cabecilla de la red, Carlos Gómez-Gil, quien meses después, cuando ni siquiera había pagado el primer plazo del edificio, intentó venderlo por 680.000 euros en Internet.

Un empresario confesó pagos al restaurador de la Xunta

"Súbele un pelín a las imágenes y que Dios reparta suerte", pide el cabecilla

Todo está en el prolijo sumario, más de 2.000 folios, que resume movimientos bancarios, pinchazos telefónicos y recibos en dinero negro, prueba de las comisiones ilegales que, en efectivo o en especie, percibía la red a cambio de adjudicar las obras de rehabilitación de retablos, altares e imágenes, a cinco empresas amigas.

El minucioso informe de la brigada de delitos económicos de la policía detalla por ejemplo, que Carlos Gómez-Gil ingresó 122.471 euros, al margen de la nómina entre 1998 y 2008 cuyo origen no pudo justificar ante el juez. Y recoge la declaración del representante de una de las adjudicatarias, Manuel Montes, de la firma Da Vinci, quien relató que había comprado para Gómez-Gil neumáticos, un dispositivo manos libres, teléfonos móviles y otras prebendas, además de acometer reformas en sus propiedades inmobiliarias que nunca llegó a cobrar.

Las conversaciones grabadas evidencian el modo de operar de la organización que remozó decenas de iglesias, monasterios y hasta algunos bienes declarados de interés cultural en las provincias del sur de Galicia. Como ejemplo, la charla que sigue la interceptó la policía el 29 de julio a las 13.22. Hablan José Manuel Pichel, el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo y Carlos Gómez-Gil, por aquella época restaurador de la Xunta. Pichel pregunta por el coste de rehabilitación de un retablo. Lo que sigue es el extracto que figura en el sumario.

Gómez-Gil. Eso cuesta un pastón.

Pichel. Haz que me llegue una nota sin nombre de nada, con la valoración y las opciones de licitación, aunque estoy barajando un convenio con los mercedarios y se les da la pasta a ellos.

G.-G. Los mercedarios entonces ya deciden ellos, no hay ningún tipo de problema y lo de la licitación, ¿a partir de cuánto tienes que sacarlo?

P. A partir de 50.000 euros.

La reforma del retablo es una obra que la red tenía previsto acometer en Verín (Ourense). La interpretación de la policía es que el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, pide a Gómez-Gil que le haga llegar un presupuesto de alguna de las empresas con las que trabaja. La fórmula de optar por un intermediario -"los mercedarios"- para que sea la orden religiosa la que encomiende la reforma del retablo a una firma determinada pretende evitar el concurso público, que está obligada a convocar la Xunta para contratos de más de 50.000 euros.

En otra conversación grabada el 29 de julio de 2009, Olga Q., representante de la firma Márquez Vieira CBC, también imputada, anuncia a Gómez-Gil que le va a mandar un presupuesto por 146.000 euros. Al escuchar esa cifra, éste muestra su contrariedad por el precio: "Me preocupa que a partir de 50.000 euros sale a concurso".

El funcionario de la Xunta pregunta entonces por el coste de unas imágenes para la iglesia y se muestra más aliviado cuando la representante de la empresa las cifra en 11.000 euros. Gómez-Gil invita a la representante de la firma a elevar el precio. "Lo de las imágenes no me parece caro porque al dividir entre tres las puedes dejar en 14.000, súbeles un pelín y el resto déjalo como está, y que Dios reparta suerte", pide el funcionario de Cultura. La policía sospecha que el incremento del precio responde al interés de Gómez-Gil de mantener contentas a las empresas "para que no hablen" con la Xunta o acudan a denunciarlo ante la policía, tal y como habían amenazado.