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Un exconsejero rodeado de cinco altos cargos imputados

La investigación del caso de los ERE apunta a Viera, diputado y aforado

José Antonio Viera, en una sesión del Parlamento en noviembre de 2011. Ampliar foto
José Antonio Viera, en una sesión del Parlamento en noviembre de 2011.

Un consejero, un viceconsejero, tres directores generales… La cúpula de la Consejería de Empleo durante la última década (2000-2010) ha resultado imputada casi al completo en el caso de los ERE. El eslabón que aún permanece al margen de las acusaciones es un cargo fundamental en la creación del polémico fondo para empresas en crisis, nacido en 2001: el entonces consejero de Empleo y hoy diputado, José Antonio Viera. Hasta esta semana, la investigación no se había pronunciado sobre Viera pese a que su sucesor, el otro cargo firmante del acuerdo entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el fondo, Antonio Fernández, lleva casi un año imputado. Eso ya ha cambiado.

La Guardia Civil ha subrayado el "papel esencial" que desempeñó Viera para que las empresas de la Sierra Norte sevillana, una comarca de 30.000 habitantes, acapararan nada menos que 30 de los 60 millones concedidos por la Junta en ayudas directas. Los indicios apuntan a una previsible imputación del exconsejero, cuestión sobre la que se ha especulado largo y tendido en el último año.

Pero su imputación conllevaría un complejo camino, que pasa por que la juez Mercedes Alaya envíe parte de la instrucción al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado al ser diputado. Las últimas semanas del ex secretario general del PSOE sevillano han sido procelosas. Se enfrentó a la dirección andaluza del partido tras apoyar en las primarias a Alfredo Pérez Rubalcaba, y a pesar de ganar, acabó dimitiendo por las "presiones intolerables" en la elaboración de listas, un argumento que algunos dirigentes socialistas no creyeron y que atribuyeron más al caso de los ERE.

Dos amigos del diputado cobraron cinco millones en ayudas de Empleo

Concejal, delegado en Educación y en Gobernación, delegado del Gobierno en Andalucía, consejero... Viera atesora una trayectoria muy sólida, pero no exenta de singulares matices durante su etapa al frente de Empleo: esos años el grupo Matadero de Sierra Morena recibió el grueso de los 12 millones en ayudas directas que le concedió la consejería. El último año de su mandato, Sonia Viera, hija del exconsejero, trabajó para este grupo empresarial mientras su padre concedía 900.000 euros en subvenciones a este entramado de firmas.

El círculo de amigos íntimos de Viera, con los que acudía a cazar los fines de semana en la Sierra Norte, era reducido. Entre ellos figuraba el parlamentario Rafael Herrera, ex secretario general de Empleo, pero también los empresarios Enrique Peralta y Gonzalo Madariaga. Si la empresa familiar del primero (Muebles Peralta) recibió 880.000 euros en 2008 a través de la sociedad Bética de Industrial SL, el segundo percibió cuatro millones a través del grupo que lidera, Mac Puarsa, si bien la primera subvención la recibió en 2006, cuando Viera ya no estaba al frente de la consejería pero aún mantenía un alto poder de influencia en el PSOE andaluz. Ni Viera ni ninguno de los dos empresarios han querido opinar para este reportaje.

¿Ha existido nepotismo en el reparto de ayudas públicas? Viera no consideró la primavera pasada que tuviera ninguna responsabilidad política. Llegó incluso a afirmar que desconocía que su hija trabajara para una empresa del grupo Matadero. Después de algunos consejos de dirección de Empleo, los dirigentes acudían al restaurante Jamaica del barrio sevillano de Heliópolis, donde Sonia Viera trabajaba como relaciones públicas. "Ahora con todos los datos conocidos está feo, está claro", comenta uno de los comensales, exdirectivo de Empleo. Matadero había abierto los restaurantes Jamaica para comercializar los jamones del secadero que poseía dicho grupo ganadero.

Rivas también dice que Viera ordenó la ayuda al grupo Matadero

En su declaración policial, el principal imputado y ex director general Guerrero achacó al exconsejero que impusiera un silencio a los reparos del exdelegado de Empleo Antonio Rivas sobre las ayudas concedidas a Matadero, dirigido por los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago. "Viera mandó callar a Rivas y nos dijo que eso era así", dijo Guerrero sobre la conversación, que se produjo durante una reunión en el Parlamento andaluz en presencia del histórico parlamentario José Caballos. Tanto este como Viera niegan que dicho encuentro existiera, pero Rivas se suma a Guerrero y ha confirmado la conversación, aunque rechazó concretar su contenido.

No solo Sonia Viera trabajó para empresas del grupo Matadero, también el hijo de Caballos trabajó en Sayago. "Mi labor fue puramente de apoyo político. Me limité a empujar" para que el proyecto prosperara, alegó Caballos, por aquel entonces presidente de la junta rectora del parque natural Sierra Norte de Sevilla.

El exconsejero ha residido en Coria del Río, localidad con cuyo Ayuntamiento Viera firmó un convenio. Mientras, en el grupo de amigos de Viera también destaca Enrique Rodríguez, director del área de Empleo de la Diputación sevillana, apuntado por diversos ex altos cargos de la Consejería como el técnico al que Viera encargó varios estudios económicos para justificar las ayudas, incluido el que dio vía libre a subvencionar a Matadero. Rodríguez niega la mayor: "Leí ese informe y afirmaba que no se podían conceder las ayudas, sino solamente avales (...) No sé por qué me lo enviaron", responde. Un exdirectivo de Empleo matiza su papel: "De un primer documento que no era nada, se hizo un informe económico. Matadero tuvo mucha discusión y terminó con el informe de Enrique. Era el resorte que usaba el equipo de entonces", recuerda. Lo cierto es que dicho informe no está incluido en el expediente que Empleo envió a la juez Alaya.

"No he ganado un solo céntimo"

"Que no, que no he ganado ni un solo céntimo (…) Las ayudas concedidas se utilizaron para un negocio totalmente ruinoso, pero ninguna persona física se ha lucrado con las subvenciones". Ángel Rodríguez de la Borbolla, empresario del corcho, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, asegura que no se ha lucrado pese a que sociedades vinculadas a él recibieron 7,8 millones en subvenciones públicas de la Consejería de Empleo durante la última década.

Borbolla declaró ante la Guardia Civil el pasado miércoles imputado por malversación, tráfico de influencias y un delito contra la Hacienda Pública. El empresario fue administrador de Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa) durante más de una década hasta 2010, así como administrador de Corchos Higuera y apoderado de Corchos de Cazalla. En su declaración subrayó su mala gestión al frente de estas tres empresas, abocadas al cierre debido a la crisis pese a los 7,8 millones que recibieron en ayudas públicas.

Los guardias civiles le interrogaron sobre si estas subvenciones directas cumplieron con los trámites legales: "¿Ha realizado escritos de solicitud de ayudas públicas, memorias justificativas, o ha entregado cualquier otro documento para este fin?". Respuesta: "Yo no, lo realizaron las empresas. Sobre el destino del dinero de las ayudas concedidas, me remito a lo declarado". En su comparecencia Borbolla explicó cómo vendió su patrimonio para invertirlo en empresas para lograr reflotarlas, pese a que el sector del corcho parecía vivir en una crisis perpetua.

Borbolla relató la situación que atravesaba Cortansa (37 trabajadores) y Corchos de Cazalla (87 empleados): "Estaba totalmente dedicado al Ayuntamiento y entraba en estas operaciones para que no se destruyese trabajo en la localidad", alegó. Ante el posible cierre de la empresa y la pérdida de los 87 puestos de trabajo, el entonces viceconsejero Antonio Fernández se interesó por la situación de crisis y le dijo "que había que hacer algo para evitar que se cerrara, que era un sector estratégico para Andalucía y que donde estaba radicada la empresa era una comarca deprimida".

Meses más tarde, Fernández le citó junto al ex director general Javier Guerrero y otros socios suyos. "El aval no es imposible pero existe una línea de apoyo de ayudas a empresas en crisis que consiste en subvenciones a fondo perdido", subraya Borbolla que le dijo Fernández. Empleo acordó otorgar una subvención de tres millones para tres empresas "previo informe de viabilidad". "Como tardaban en pagar las subvenciones y hacía falta el dinero, se tomó la decisión de endosar las ayudas a distintas entidades financieras", dijo el exalcalde socialista.

Con Cortansa se repitió la concesión de una subvención, esta vez de la mano del gerente del IFA Enrique Rodríguez. Más adelante, sobre el proyecto Electron Service Line, tras múltiples intentos para lograr subvenciones, el socio Rafael Gómez "estaba realizando irregularidades" en la gestión, que supuestamente detalló en la Delegación de Innovación en Sevilla. La Junta no aportó dinero al proyecto, pese a que lo había comprometido.

La juez Mercedes Alaya ya ejemplificó en un auto el mal uso de las subvenciones en Cortansa: "En total esta sociedad ha recibido tres millones, y a pesar de las ayudas recibidas, se suceden sucesivas reducciones de capital por acumulación de pérdidas hasta llegar a cero euros y fijado por último en 100.000 euros por la aportación de la mencionada empresa portuguesa [Fernando Oliveira Corti]".