La Junta pide la imputación de un hermano del expresidente Borbolla

La Junta ha pedido en el caso de los ERE la imputación de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente del Ejecutivo andaluz José Rodríguez de la Borbolla, por los más de cinco millones en subvenciones directas que recibió una de las tres empresas participadas por él. En un giro de timón, esta es la primera vez que la Junta solicita la imputación de los empresarios beneficiados por el fondo para empresas en crisis que contó con 647 millones. Rodríguez de la Borbolla fue administrador de Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa) durante más de una década hasta 2010, así como administrador de Corchos Higuera y apoderado de Corchos de Cazalla. En total, las sociedades percibieron 7,8 millones.

Un bufete transfirió 240.000 euros a una sociedad municipal al pedirlo Guerrero

El objetivo específico de sus subvenciones fue el "mantenimiento de los empleos", según reconoció el pasado invierno Rodríguez de la Borbolla, alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante 20 años. "No había un compromiso concreto, sino asegurar la viabilidad de la empresa. Era una inyección. Pero yo he pedido y unas veces me dieron las ayudas y otras no", añadió.

El letrado de la Junta presentó el pasado 28 de octubre un escrito que pide a la juez instructora, Mercedes Alaya, la imputación de siete personas, entre ellas Rodríguez de la Borbolla, los exconcejales socialistas y exsocios José Enrique Rosendo y José María Sayago, y los empresarios Rafael Ávila, Alfonso Seoane, Eduardo Lora y José Enrique Contreras. De momento, el caso acumula 30 imputados.

Cinco días antes de las elecciones, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, explicó que la Junta había denunciado una "trama" de 18 empresas de la Sierra Norte de Sevilla, pero omitió dar los nombres de los empresarios y explicar que el Ejecutivo había pedido sus imputaciones judiciales.

Alaya entregó ayer a las partes del caso casi 5.000 nuevas páginas del sumario, que ya alcanza 11.175, entre las que figura este escrito de la Junta. "Es evidente que la concesión de ayudas por el señor Guerrero a las empresas se realizó omitiendo deliberadamente trámites tan esenciales a fin de eludir la determinación del objeto de la subvención", censura el abogado del Gobierno andaluz. Este pide asimismo que declaren como testigos dos empleados del BBVA, la exsecretaria de Guerrero, María Ángeles G. y el abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, donde trabajó el intermediario imputado Juan Lanzas.

Este letrado abonó 240.000 euros a la sociedad municipal de Desarrollo Local de El Pedroso (Sevilla), el pueblo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, después de que este se lo pidiera a través de su secretaria. Este insólito pago de un bufete a una empresa municipal a través de la Consejería de Empleo desvela una sospechosa connivencia entre Guerrero y Leal. "Obedece a un asunto de unos clientes nuestros. Es una cuestión que tiene que ver con un amigo de la infancia de Guerrero y un proyecto inmobiliario en El Pedroso", alegó ayer Leal. "Todo es posible si ha habido unos clientes de por medio y unos informes", añadió. Estudios Jurídicos Villasís ha llegado a percibir por sus gestiones de asesoría jurídica en los ERE hasta 1,5 millones de los fondos públicos en solo un año.

Por otra parte, José Antonio Viera, congresista electo del PSOE, firmó como consejero de Empleo en 2003 un convenio con el Ayuntamiento de Coria del Río para un estudio de viabilidad para desarrollar la actividad productiva, cuyo coste de 72.000 euros se cargó al fondo para empresas en crisis. Mientras, ayer la fiscalía pidió una fianza de 256.000 euros para Victorina Madrid, la suegra de Guerrero, ya que cobró ilegalmente de dos pólizas diferentes. El exfutbolista José Antonio Gómez percibió 491.000 euros. Ambos intrusos se negaron a declarar ante la juez.