El Gobierno catalán admite que habrá despidos en empresas públicas

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, reconoció anoche que se avecinan despidos en las empresas públicas del Gobierno catalán. Durante una entrevista en Catalunya Ràdio, reconoció que todavía "hay exceso y duplicidad de entidades públicas" y que, aunque el objetivo del Gobierno es mantener el máximo de puestos de trabajo, "el proceso de reorganización y mejora de la gestión puede llevar a algún ajuste de personal".

Hasta ahora, la treintena de despidos en empresas públicas que la Generalitat realizó el año pasado han sido declarados improcedentes o nulos, pero la reforma laboral cambia el escenario y facilita los despidos en organismos públicos. El decreto del Gobierno español los considera por razón de “insuficiencia presupuestaria, sobrevenida y persistente” tras tres trimestres consecutivos. Nada que no cumplan en el actual contexto buena parte de las empresas públicas. Es el caso de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que prevé despedir a un centenar de empleados de una plantilla de 640 personas. El organismo prepara un expediente de regulación de empleo que afectará a entre 75 y 115 trabajadores (entre el 12% y el 18% de sus 640 empleados). Así lo ha comunicado el director del organismo, Leonard Carcolé, al presidente del comité de empresa, Alfons Barceló (Catac). Carcolé ni confirma ni desmiente la cifra. “El tema sigue su curso”, respondió ayer Carcolé por boca de un portavoz a las preguntas de este diario. La empresa pública arrastra una deuda de 1.250 millones, por los que solo en intereses paga unos 150.000 euros al día, según su propio director.

Hoy, durante un acto en la Diputación de Barcelona, Carcolé no ha descartado la presentación de un ERE -"es una de las posibilidades que valoro", ha dicho-, pero ha negado rotundamente que haya facilitado ninguna cifra “a los sindicatos ni a nadie” sobre el porcentaje de la plantilla que se vería afectada por esta reestructuración de personal. “No quiero especular con cifras, sería una frivolidad”, ha terciado hoy Carcolé, que ha preferido esperar al resultado de un estudio sobre cargas de trabajo y productividad que el ACA ha encargado para conocer la magnitud del recorte en la agencia. Está previsto que la consultora Deloite, encargada de su elaboración, entregue el estudio el próximo martes día 28, tres días antes de la reunión del consejo de administración de la ACA.

Estos recortes de personal que planean sobre la agencia se suman al número de autónomos y empresas que hasta ahora realizaban proyectos para el ente, pero que debido a los recortes, la ACA ha dejado de subcontratar. Carcolé se ha negado a dar la cifra del número de empresas que se han visto afectadas por este tijeretazo. “Es una cuestión sensible”, se ha justificado. Y es que el tema de los proveedores es también uno de los problemas a los que debe hacer frente la agencia, que arrastra una deuda de 1.250 millones de euros. Carcolé ha asegurado que cuando asumió el cargo hace un año al frente de la ACA se encontró un volumen de más de 200 millones en facturas sin pagar, la mayoría fechadas en 2010. Actualmente, el ente debe 100 millones a proveedores y está pagando con una demora de casi cuatro meses.