"Si no dimites, mañana volvemos"

“Delegada, dimisión”. Con estas dos palabras más de 10.000 ciudadanos en Valencia —la mayoría estudiantes, padres de familia y profesores— exigieron frente a la sede de la Delegación del Gobierno durante más de dos horas la dimisión de la delegada, Paula Sánchez de León; que se “depuren responsabilidades” y se deje “en libertad y sin cargos” a todos los estudiantes detenidos. Un total de 41 jóvenes de entre 20 y 24 años y, al menos siete menores de edad, que han sido arrestados desde el miércoles de la semana pasada en las “brutales cargas policiales” que se han producido durante desde el miércoles pasado en las manifestaciones estudiantiles congregadas frente al icónico instituto público Lluís Vives de Valencia. “Si no dimites, mañana volvemos”, fue el remate final de una jornada plagada de críticas a la gestión que el Gobierno valenciano ha hecho de las protestas estudiantiles, que comenzaron el 25 de enero con un puñado de alumnos en las puertas de este centro.

El anuncio el lunes por la noche de Sánchez de León de que se abrirá una “investigación” para aclarar la actuación policial no ha aplacado los ánimos ni de los padres ni de los estudiantes. “Estoy indignado con lo que ha pasado. Me recuerda a las postrimerías del franquismo. Hace décadas que no había visto algo así en Valencia”, advirtió el médico José Luis Carbonell.

La Delegación del Gobierno, en la céntrica calle de Colón, permaneció desde primeras horas de la tarde fuertemente custodiada por decenas de furgonetas policiales, aparcadas en línea sobre las rampas de entrada y salida del aparcamiento público que hay en los bajos. En la puerta, vallas metálicas, y una veintena de agentes de la Unidad de Intervención Policial, especializada en lucha antiterrorista, aguardaba a la multitud que clamaba contra la “represión policial”, defendida el lunes por el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno.

Dos chicas jóvenes se plantaron frente a ellos y exhibieron un cartón con fotos de los aporreados, entre ellos la imagen de Adrián, el joven al que la policía acorraló y golpeó hasta partirle la nariz: “Esto no es una anécdota, Sánchez de León. Es un delito”, decía.

Los estudiantes exhibien fotos de los golpeados en las cargas policiales

“Somos estudiantes, no delincuentes”, gritaban los alumnos que llevaban la pancarta principal con el lema: “Som el poble, no l’enemic”. Al frente de ella, Albert Ordóñez, el estudiante de FP y líder del sindicato de estudiantes Faavem que se ha convertido en símbolo de la lucha estudiantil bautizada en las redes sociales como #primaveravalenciana, tras pasar “treinta horas en el calabozo”, desde que ingresara el jueves, en la segunda carga policial.

La segunda contraseña, la “dimisión de Moreno” es ya una variable con la que el Gobierno valenciano tendrá que lidiar para desactivar el movimiento estudiantil que se ha extendido a otras capitales.

Antonio Moreno, que estuvo desde finales de 1975 hasta 1977 en el grupo de estudiantes de la Brigada Político-Social a las órdenes del inspector jefe Benjamín Solsona, es conocido entre muchos profesores de universidad y personal de administración como El infiltrado, durante los encierros en la Facultad de Filología de 1977, según denunciaron anoche dos de los que participaron “en aquellas protestas, en las que [Moreno] fingía ser estudiante, pero nunca lo detenían”.

Anoche otros dos millares de personas en Alicante y 1.000 más en Castellón, condenaron con la misma firmeza la “brutalidad policial”, aunque no la padecieran.

“Esto no es una anécdota, Sánchez de León. Es delito”, rezaba un cartel

Fue el triunfo del humanista Lluís Vives y el peor día para la delegada Sánchez de León. “Lluís Vives estaría orgulloso de esta desobediencia razonada”, remató Albert Ordóñez al final, frente a la Delegación del Gobierno. La marcha, presidida por el lema “Somos el pueblo, no el enemigo”, había comenzado en el instituto que lleva el nombre del intelectual renacentista.

La predicción del intelectual Vives, que acuñó aquello de que “no hay cosa, por fácil que sea, que no la haga difícil la mala gana”, se ha cumplido. El movimiento estudiantil que arrancó con un simple corte de tráfico de 10 minutos cada miércoles, en protesta por los recortes aprobados por el Gobierno de Alberto Fabra para el sector público, irrumpió anoche en Alicante con una segunda manifestación masiva contra “los recortes educativos” y las “cargas policiales”.

“Menos policía y más educación”. Por primera vez, en los últimos 32 años, las dos federaciones de asociaciones de padres de alumnos de Alicante, FAPA-Gabriel Miró y FAPA-Enric Valor, reunieron más de 2.000 alumnos, madres y profesores, para denunciar las carencias económicas que sufren en los centros públicos. “Nos están ahogando, cada día llega menos dinero y tenemos más obligaciones”, se quejaba Consol Álvarez, una profesora. El director del colegio El Palmeral, Fernando Fernández, admitía que la consejería ha pagado “algo en estos últimos días, pero debe 30.000 euros del bono libro”.

El ambiente de la marcha fue festivo y reivindicativo. Los alumnos de institutos gritaban: “Si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo?” y “Más educación, y menos represión”, en referencia a las cargas policiales de Valencia.

En Alicante la marcha tuvo ambiente festivo y reivindicativo

En Castellón, informa Lorena Ortega, un millar de estudiantes acudieron a la concentración convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans frente a la Subdelegación del Gobierno, donde pidieron la dimisión de Sánchez de León y la puesta en libertad sin cargos de los detenidos en Valencia. Los asistentes, ataviados con carteles donde se leía “Soy el enemigo”, repudiaron el calificativo usado por el jefe policial para referirse a los estudiantes. Los manifestantes protestaron ante el domicilio del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, donde pusieron todo el énfasis para pedir la dimisión de la delegada del Gobierno.

Los dirigentes de la oposición —el socialista Jorge Alarte; el líder de Compromís, Enric Morera, y Marga Sanz, de Esquerra Unida—, y un sinfín de argos electos de los tres partidos, entre los que estaba la exministra de Cultura Carmen Alborch, condenaron sin paliativos “la represión policial de los estudiantes valencianos”. “Queremos recuperar la normalidad democrática”, subrayó Morera tras constatar que “la delegada no sirve para el cargo”.

Alborch recordó que los agredidos “no son nuestros enemigos, son nuestros hijos y nietos”. “Reclamamos el derecho de los estudiantes a expresarse, a decir que no y defender la escuela pública”, resumió el secretario de los socialistas valencianos. “Estamos aquí”, remató Sanz, “para exigir responsabilidades políticas”.

Los tres grandes sindicatos de la enseñanza, STEPV, CC OO y Fete-UGT, y una larga lista de entidades culturales, como Escola Valencia, Acció Cultural, la Federación Valenciana de Vecinos respaldaron las revindicaciones.

“Me han congelado el sueldo y llevo dos meses sin cobrar, ¿cree que puedo estar contenta?”, preguntaba una profesora de Ciencias Políticas, que se declara “indignada” desde el 15-M. “El pueblo necesita leer mucho, pero también pedir cuenta de cómo se gasta el dinero público”, añadió, “Me gusta dialogar, pero es que nos están mintiendo sistemáticamente”, fue su reflexión final.

Para Vicent Mauri, dirigente del STEPV, "las movilizaciones estudiantiles que se han producido suponen un punto de inflexión en la sociedad valenciana y una contestación en toda regla a las políticas del PP en sanidad y educación".