Justicia advirtió falsedad en todos los expedientes que ha enviado al fiscal

Todas las memorias que originaron los 15 contratos para informatizar la administración de Justicia que el Gobierno ha puesto en manos de la fiscalía se basaron en una misma “mentira” ya que “partieron de que lo anterior estaba construido”, sostuvo ayer la viceconsejera de Justicia y autora del informe que acompaña a los expedientes, María Victoria Cinto. “Se ha faltado a la verdad en documento público”, abundó la ex magistrada, que tuvo un gran protagonismo como acompañante de la consejera, Idoia Mendia, en la explicación al Parlamento. En esta línea añadió que tras el incumplimiento del primero de los contratos, la dirección de relaciones con la Justicia pudo optar por “reconocerlo” y parar los siguientes, puesto que sin esa base eran “inviables”, pero prefirió “emprender una huida hacia adelante”, afirmó.

Mendia acudió a la Cámara a ofrecer detalles sobre “el complejísimo panorama” que encontró su equipo al llegar en 2009 al Gobierno y las irregularidades que ha llevado a la fiscalía, y que presuntamente han ocasionado un perjuicio grave a las arcas públicas. La consejera anunció que si el fiscal remite al juzgado las actuaciones, el Gobierno se personará en la causa y pedirá el resarcimiento por todos los daños y perjuicios ocasionados, incluido el lucro cesante, complementó Cinto.

PNV, PP y EA alertaron de la baja consistencia de las denuncias

Mendia se encontró con los grupos, incluidos sus propios socios del PP, en actitud muy poco receptiva y cuestionando su actuación. EA la acusó de “imprudencia e irresponsabilidad” nada más empezar y le advirtió de que pedirá su dimisión si no hay consecuencias judiciales. El PNV achacó “falta de rigor y consistencia” al informe enviado al fiscal y su portavoz, Ane Urkiola, dijo que muchas de las actuaciones cuestionadas son “práctica habitual” en la administración.

La consejera y Cinto, en cambio, dieron muestra de un convencimiento total. Además de los documentos de reconocimiento de obligación y asunción de deuda por parte de las dos empresas concernidas, la viceconsejera añadió otra prueba: “Ahora están haciendo los trabajos y no nos están cobrando. No cabe mayor reconocimiento”.

Mendia tuvo que repetir en varias ocasiones el motivo por el que el Gobierno ha optado por la fiscalía y no por poner directamente una querella en el juzgado. Insistió especialmente en ese extremo el portavoz del PP, Antón Damborenea. “Es más prudente”, le respondió la consejera; y una práctica habitual de las administraciones en general, que prefieren contar con el añadido del fiscal, reforzó Cinto. La viceconsejera adujo más tarde, a preguntas sobre el destino del dinero pagado, que el Gobierno “no tiene modo” de saberlo, algo que sí lo pueden requerir la fiscalía o el juez. La consejera afirmó que lo ocurrido “está tan claro, que se le podría poner hasta el artículo del código penal”. Las interpelaciones de los grupos fueron de tal calibre que Mendia se preguntó si habría debido “guardar en el cajón” el asunto.

La consejera fue muy interrogada por el pago, ya con el Gobierno actual, de cinco millones a las empresas que habían incumplido los contratos anteriores: el 80% fue por el mantenimiento del sistema antiguo, ante la falta de implantación del nuevo, JustiziaBat. En teoría, este debería haber estado listo en 2003. Cinto usó un símil: fue como si, ante el encargo de una caldera nueva, esta no se instala, pero sí se realiza el mantenimiento de la antigua, que sigue en marcha.

Cinto oficializó en la Cámara su amistad “íntima” con Inmaculada de Miguel y reveló que esta le mostró en privado “gran preocupación” desde que su predecesor, el fallecido José Manuel Fínez, inició la investigación. Al sustituir a éste, la cito en su despacho “el 2 de junio de 2011 a las seis de la tarde”, precisó, y ante testigos, para garantizar que esa amistad anterior no interferiría. Le entregó una copia de toda la documentación y le ofreció tres semanas para dar una explicación que nunca llegó, dijo.