Euskadi acelera una respuesta eficaz

Entre las múltiples caras de una crisis económica que amenaza con prolongarse sobresalen las de quienes se han quedado sin casa. Personas que se embarcaron en la inversión de su vida en plena burbuja inmobiliaria y a las que el desempleo ha condenado ahora. Son familias rotas que se cuentan ya por cientos. Casi ocho nuevas abandonan a diario su vivienda por la fuerza, ante el requerimiento de los mismos bancos que en su momento les concedieron los respectivos créditos sin las exigencias actuales. El entendimiento entre estos y aquellos se antoja decisivo para solventar el problema y desde la Administración ya se ha comenzado a trabajar el escenario. El Gobierno confía en presentar en las próximas semanas un plan de mediación para minimizar las ejecuciones hipotecarias.

Con un perfil marcadamente social, Euskadi ha iniciado un camino cuyos primeros pasos sopesan ahora administraciones de otras comunidades e incluso a nivel nacional. Jueces, políticos y banqueros vascos han coincidido por una vez en el diagnóstico de la situación, lo que también muestra su gravedad, así como en la necesidad de buscar soluciones, si bien difieren en las fórmulas. Los afectados, por su parte, reclaman medidas urgentes más que buenas intenciones, “porque el reloj no se detiene para los desahuciados”, a la espera de que una futura modificación de la Ley Hipotecaria vigente recoja la dación en pago de la vivienda como forma de saldar la deuda con el banco.

López recibirá este mes la propuesta definitiva para darle su visto bueno

Las protestas de los colectivos sociales se multiplican mientras tanto, si bien en Euskadi no se han llegado a paralizar ejecuciones hipotecarias por la presión social, como sí ha ocurrido en otras autonomías. El caso más significativo ocurrió en septiembre, cuando distintos colectivos se implicaron para evitar el desahucio de un matrimonio de ancianos en Berango. La pareja no tuvo que hacer finalmente las maletas gracias a un acuerdo que le permitió seguir en la casa como usufructuaria, si bien su caso supone la excepción que confirma el grave problema. Basta con contabilizar las subastas judiciales de inmuebles.

Fue el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, quien en octubre pasado, durante la apertura del Año Judicial, asumió el primer pronunciamiento público al plantear la necesidad de luchar, desde las instituciones, contra las ejecuciones hipotecarias de los ciudadanos endeudados como consecuencia del paro. El lehendakari, Patxi López, no tardó en recoger el testigo durante el mismo acto. En realidad, el anuncio se había pactado esa misma mañana, tras los meses que el Gobierno sumaba ya de trabajo en el proyecto de un plan para reducir los desahucios.

Al igual que en su apuesta por aportar luz a los fusilamientos de la Guerra Civil, o por esclarecer las adopciones irregulares de bebés durante el franquismo y el inicio de la democracia, el Ejecutivo ha sacado a relucir, en el caso de los desahucios, un discurso social que, en pleno azote de la economía, no se ha demostrado frecuente entre las instituciones del resto de las comunidades autónomas. Ni siquiera a nivel del Gobierno central cuando gobernaba el PSOE. Y ello, a pesar de que el problema no resulta tan acuciante en Euskadi como en otras regiones.

Pieza estratégica en el plan del Ejecutivo son los bancos. La reunión mantenida con los representantes de 14 entidades financieras la pasada semana se saldó de forma satisfactoria, al manifestar estos su “voluntad de colaborar”, según fuentes del propio Ejecutivo. Claro que la cita llegaba con buenas perspectivas, tras el anuncio del propio presidente de Kutxabank, Mario Fernández, quien días antes había tomado posición ante el problema al abogar, como iniciativa paralela a la del Gobierno, por crear un fondo público de ayuda para las personas en riesgo de desahucio, al que las cajas contribuirían desde su Obra Social.

Pese a valorar la implicación de las cajas, el Gobierno tiene perfilado su propio plan. Este mismo mes está previsto rematar su redacción para presentárselo al lehendakari y obtener su visto bueno, que no es preceptivo. Después se realizará su presentación. Aunque desde el Ejecutivo no se han aportado muchos detalles al respecto, la iniciativa girará en torno a la mediación entre bancos y afectados como fórmula de entendimiento previo a las ejecuciones hipotecarias. Se trata, no obstante, de una propuesta transversal que incluye iniciativas en materia de Vivienda y Consumo.

Según avanzó el Ejecutivo en su momento, el plan pasa por crear dos comisiones de trabajo. La primera estaría conformada por letrados y economistas, cuya misión consistiría en elaborar una propuesta de liquidación ordenada de la deuda contraída por los afectados, tras realizar el inventario de su activo y pasivo. En la segunda quedarían representadas las entidades financieras, que se encargarían de dar su visto bueno a la renegociación del préstamo propuesta por un Gobierno que plantea su iniciativa “sin coste añadido para el afectado, ni graves perjuicios para los bancos”.