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TRIBUNALES

El Gobierno destapa un gran fraude en la informatización de la Justicia

Justicia envía al fiscal irregularidades por 23 millones cometidas de 2000 a 2009

Joseba Azkarraga, en la inauguración del Año Judicial en la sede del Tribunal Superior en octubre de 2008, cuando era consejero de Justicia.
Joseba Azkarraga, en la inauguración del Año Judicial en la sede del Tribunal Superior en octubre de 2008, cuando era consejero de Justicia.

La imagen de una Euskadi ejemplar en la modernización de la Administración de Justicia recibió ayer un varapalo al conocerse que gran parte de los avances supuestamente realizados en la década pasada siguen sin concretarse. Los trabajo se pagaron, pero no se realizaron. El escándalo lo destapó ayer el propio Gobierno, que ha resuelto enviar a la fiscalía irregularidades descubiertas en, al menos, 15 expedientes de contratos informáticos realizados por Justicia bajo los tres Gobiernos de Juan José Ibarretxe, entre 2000 y 2009.

El supuesto fraude, consistente en pagar por trabajos no realizados, en ocasiones más de una vez por lo mismo e incluso a veces sin ni siquiera iniciarse, sumaría 23 millones de euros. Todos los contratos guardan relación con la informatización de la Administración de Justicia, en la que la Euskadi está considerada un ejemplo en toda España.

“Un coto cerrado”

  • Medios del sector consultados por EL PAÍS señalaron ayer que la informatización de la Administración de Justicia ha sido vista siempre como “un coto cerrado” para las mismas firmas y unos concursos con plazos muy cortos como para que cualquier otra empresa alcanzara a presentar su oferta.
  • Las irregularidades afectan a cuestiones como la implantación del sistema de gestión procesal en los órganos jurisdiccionales, conocido como JustiziaBat.
  • También se produjeron en el desarrollo del expediente judicial electrónico y en la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que ha tenido a Euskadi como experiencia piloto.
  • El Gobierno ha invertido más de 47 millones en el mandato en curso en su apuesta por modernizar la Administración de Justicia, sobre todo en aplicaciones informáticas.
  • Es la quinta vez que el Gobierno remite a la fiscalía o denuncia irregularidades de sus predecesores. Las anteriores fueron los casos Margüello, Zubiaurre, Sprilur y el relativo a las Cámaras de la Propiedad Urbana.

La consejera de Justicia y portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, indicó que se trata de actuaciones desarrolladas “sistemáticamente” durante esos nueve años. Mendia precisó que los contratos —alguno por sí solo supone 5,8 millones— pagaban a veces los mismos conceptos, bien en documentos sucesivos, bien con facturas emitidas por cuestiones ya recogidas en expedientes anteriores.

La brevedad de los plazos evidenciaría, sostuvo la consejera, que la empresa, en unos casos sabía de antemano que sería la adjudicataria y anticipaba el trabajo, y en otros, “que la contratación no era sino una mera justificación formal para obtener financiación”.

Los responsables del departamento, en toda esa década en manos de Eusko Alkartasuna (EA), fueron Sabin Intxaurraga, ya fallecido, consejero entre 1999 y 2001, y Joseba Azkarraga, quien ocupó el cargo desde 2001 hasta la llegada de los socialistas a Ajuria Enea en mayo de 2009. Los pagos pasaron también el filtro de la Oficina de Control Económico, dependiente de la entonces vicelehendakari y titular de Economía, Idoia Zenarruzabeitia.

Las supuestas irregularidades habrían radicado en la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, encabezada todos esos años por Inmaculada de Miguel, una reputada abogada de Vitoria, en la actualidad asesora del Ararteko. “Tengo la conciencia muy tranquila y todavía no sé de qué se está hablando”, respondió anoche De Miguel a este periódico.

De Miguel llegó al Gobierno de la mano de Juan Ramón Guevara, consejero de Presidencia y Justicia con José Antonio Ardanza, y se mantuvo en el cargo tanto con los socialistas Ramón Jáuregui y Francisco Egea como con los dos consejeros citados de Eusko Alkartasuna.

Ibermática figura como adjudicataria en todos los contratos bajo sospecha

Su firma figura en los 15 expedientes en los que el Gobierno actual constató “graves irregularidades” que ordenó investigar internamente. Se realizaron dos auditorías, una interna y otra externa, según precisó ayer la portavoz, y el anterior viceconsejero de Justicia José Manuel Finez, fallecido repentinamente en octubre de 2010, se entrevistó con las empresas adjudicatarias, a las que exigió explicaciones y el compromiso de que realizasen los trabajos ya cobrados. Finez logró que las firmas reconocieran por escrito los incumplimientos y fueran realizando algunas de las tareas empantanadas.

En todos los expedientes remitidos a la fiscalía, y desde el primer lote que adjudicó el Gobierno, se repite una misma empresa, Ibermática, según ha podido saber EL PAÍS. Se trata de una compañía de gran prestigio en el sector, que preside el exconsejero de Hacienda José Luis Larrea.

Ibermática se presentaba en ocasiones a los concursos en una UTE —Unión Temporal de Empresas— con otras compañías de menor rango que han ido cambiando de nombre, pero era siempre el elemento fijo en las adjudicaciones. Este periódico no logró ayer hablar con los responsables de comunicación de la firma.