Euskadi mantiene vigente un “coladero” que sirve para la evasión de impuestos
Las haciendas forales se resisten a derogar el régimen especial de Sociedades de Promoción de Empresas
En plena campaña de la UE contra los paraísos fiscales, las tres haciendas vascas aún mantienen en vigor en su normativa tributaria un régimen especial para las empresas que, lejos de cumplir su objetivo de incentivar la economía mediante la atracción de capitales, se ha convertido en “un coladero” por el que se infiltran decenas de sociedades que consiguen evadir el pago de sus impuestos. Se trata de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), una figura derogada en el resto de España y que solo se conserva en el Impuesto sobre Sociedades (artículo 60) de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Por esta vía, sociedades domiciliadas en territorio vasco con beneficios multimillonarios han podido pagar solamente el 1% de esas cantidades, cuando el tipo general está situado en el 28%. Fuentes consultadas aseguran que si Bruselas toma cuenta de esta realidad, las haciendas forales corren el riesgo de verse envueltas en un problema semejante al de las denominadas vacaciones fiscales, declaradas ilegales por el Tribunal de la UE y sujetas aún a una multa que ronda los 50 millones de euros.
La aparición del caso Nadal ha vuelto a poner al descubierto este agujero fiscal. Según la información difundida esta semana por la web www.primeran.com, la Hacienda guipuzcoana habría abierto una investigación a un grupo de sociedades del tenista Rafael Nadal que obtuvo entre 2005 y 2009 unos beneficios de 47,3 millones y solo abonó 11.058 euros (el 0,02%) por estar acogido al régimen especial de las SPE. La Diputación, gobernada por Bildu, no ha confirmado que esto sea así, aunque recuerda que actuará “con seriedad y firmeza” contra los contribuyentes incumplidores. El tenista, por su parte, asegura que está “al corriente de todas las obligaciones tributarias”.
A mediados de 2010, la Hacienda guipuzcoana, entonces en manos de Hamaikabat, quiso suprimir el régimen especial de las SPE, pero su intento fue rechazado de plano por Álava y, sobre todo, por Bizkaia, ambas controladas por el PNV. Gipuzkoa pretendió eliminar este trato preferente para algunas sociedades cuando se conocieron las conclusiones de la comisión de las Juntas Generales que investigó el fraude de la empresa Glass Costa Este Salou. Según la denuncia de la Fiscalía, esta firma catalana, de la que era socio el exdirector de Hacienda y exsenador del PNV Víctor Bravo, obtuvo cuantiosos beneficios fiscales tras simular que tenía su domicilio fiscal en San Sebastián.
En Gipuzkoa, 115 empresas generaron un gasto fiscal de 600 millones
El Parlamento guipuzcoano concluyó que el régimen especial por el que tributan las SPE cumple “solo en parte” su objetivo de estimular la reinversión de los beneficios y promover la creación de empresas en este territorio. Otro tanto podría estar ocurriendo en Bizkaia y Álava. Es un sistema “sin apenas garantías de transparencia”, “sin obligaciones de auditoría”, “facilita el endeudamiento sin límite” y “con la puerta abierta a la participación de paraísos fiscales”, según consta en el informe de las Juntas, aprobado por unanimidad. Los partidos recomendaron “la necesidad de acometer profundas reformas” y “proceder a la revisión de todas las concesiones” de este régimen.
Han pasado casi dos años desde que se certificó esta anomalía en la normativa tributaria vasca, pero todavía hay empresas que gozan de este tratamiento tan opaco. El pasado viernes, la responsable de la Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, dijo desconocer la cifra de SPE que están dadas de alta en este territorio. Tampoco se ha dado a conocer cuántas han pedido acogerse a este régimen o darse de baja. Su antecesor, Pello González (Hamaikabat), aseguró que hasta 2010 había 115 sociedades de promoción que suponían un gasto de 600 millones en beneficios fiscales para la Hacienda. Tras las renuncias solicitadas, el año pasado estaban registradas unas 80 sociedades de estas características, según datos no oficiales.
Poco antes de acabar la pasada legislatura, Alternatiba (ahora dentro de Bildu) pidió en febrero de 2011 suprimir esta “fuente de fraude”, principalmente para el sector inmobiliario. En su programa de gobierno, Bildu se comprometió a “eliminar los regímenes privilegiados para empresas”, así como a “cerrar la vía a las exenciones y prácticas de ingeniería fiscal que permiten eludir el pago de impuestos a los patrimonios elevados”.
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