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La Generalitat delegará la colocación de parados en 70 organizaciones

Las entidades, entre ellas varias ETT, firmarán los convenios públicos este año

Los sindicatos recelan de la colaboración de agencias privadas

La privatización de los servicios públicos de empleo ya está en marcha. Desde el pasado verano, el Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat ha autorizado a 70 empresas para que operen como agencias de colocación. El gran interrogante es cuándo y en qué condiciones comenzarán a trabajar para la Administración. En la lista de agencias autorizadas del Servicio Nacional de Empleo figuran organismos muy variados: desde empresas de trabajo temporal (ETT) multinacionales como Manpower hasta pequeñas patronales, fundaciones, talleres ocupacionales, centros de formación, asociaciones de discapacitados e incluso una asociación de vecinos.

La regulación de las agencias de colocación está prevista en la reforma laboral de 2010 —y traducida en Cataluña a una orden de junio de 2011— y prevé que entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, puedan realizar tareas de intermediación, orientación, formación y selección con el objetivo final de conseguir empleo para los más 600.000 parados que hay solo en Cataluña apuntados a los servicios públicos de empleo (más de 720.000 según el Instituto Nacional de Estadística), además de que las empresas den con los perfiles más adecuados a sus necesidades.

El telón de fondo de la irrupción de las agencias privadas es la repetida cifra, por parte de ministros y consejeros, de que los servicios públicos de empleo apenas consiguen trabajo para entre el 3% y el 4% de los parados. Con las agencias reconocidas, el gran interrogante es por qué sistema comenzarán a operar con la Administración: será por convenios o acuerdos marco, pero por ahora hay más preguntas que respuestas al respecto. Por ejemplo, si se firmarán convenios por paquetes de parados o por zonas geográficas o sectores. O cómo se retribuirá a esas empresas: por parados colocados, por proyectos o en función del éxito de estos programas. Y por último, cabe preguntarse si habrá relación entre comunidades autónomas para facilitar la contratación si una zona demanda perfiles que abundan en otra.

Las empresas se encargarán

de los parados de más

compleja colocación

Fuentes del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat aseguran que la colaboración con las agencias de colocación autorizadas “se desplegará durante 2012” y que la Secretaría de Empleo trabaja en ello, aunque en buena parte depende de dos cuestiones. Una es legislativa, la reforma laboral. Y la segunda es de financiación, es decir, cuánto dinero llegará a Cataluña de la Conferencia Sectorial para Políticas Activas de Ocupación. Lo que sí subrayan en el departamento, y lo viene diciendo el consejero Francesc Xavier Mena, es que ni se pagará a las agencias un tanto por parado colocado, ni se les encargarán los perfiles más sencillos de colocar. Al contrario, aseguran, las agencias deberán lidiar con los casos más complejos, como los parados de larga duración.

Otra pista de por dónde irán los tiros: “Queremos trabajar por colectivos, territorios y sectores, con la Estrategia catalana por la ocupación[un exhaustivo documento del Servicio de Empleo que radiografía el paro y las oportunidades de empleo en Cataluña], que las agencias icluyan itinerarios de acompañamiento y formación, y que garanticen contratos largos”, señalan las mismas fuentes. La idea de la Generalitat no es tanto premiar el número de personas empleadas como basarse en “indicadores cualitativos de permanencia”.

La Generalitat está a

la espera del contenido

de la reforma laboral

Además de interrogantes, la irrupción de agentes privados en los sistemas públicos de empleo genera recelo entre los sindicatos. La secretaria de Socioeconomía de CC OO, Cristina Faciaben, apunta que la colaboración de empresas privadas “desvía responsabilidad pública, no deja de ser externalizar servicios, como en otros ámbitos”. “Los propios responsables del Servicio de Empleo de Cataluña llevan meses diciendo que no funciona y así justifican su externalización”, sostiene.

 Su homóloga en UGT, Adela Carrió, apuesta “por el servicio público gratuito” y defiende mejorar los actuales sistemas de empleo. Sin entrar en detalles, afirma que “el tema de la operativa está muy verde”. Entre las dudas que plantean Carrió y Faciaben figura, por ejemplo, qué ocurrirá cuando las empresas autorizadas sean a su vez ETT o centros de formación. Por ejemplo, si podrán asesorar a un parado procedente del servicio público desde un lado del tabique y colocarlo desde el otro. La directora de Manpower, Dolors Poblet, aguarda los detalles sobre cómo acabarán siendo los convenios con las Administraciones y recuerda que las agencias no podrán cobrar ni de los parados ni de las empresas, “solo de la Administración”.