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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Un crimen de odio enciende las alarmas en Argentina

Los discursos discriminatorios son tolerados por el Gobierno de Milei, e incluso avivados desde el centro del poder. La luz del faro regional para los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales que fue un día este país corre el peligro de apagarse

Manifestantes en Argentina
Una manifestante muestra un cartel en contra del Gobierno argentino tras el ataque con una bomba molotóv a cuatro mujeres lesbianas, en Buenos Aires, el 13 de mayo.Mariana Nedelcu

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Destruir es más fácil que construir y Argentina lo padece desde hace meses en carne propia. Este país abanderó los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales hace décadas y se convirtió en un faro para América Latina: el Congreso aprobó el matrimonio homosexual en 2010, la ley de identidad de género en 2012 y la legalización del aborto en 2021. Pero la llegada de Javier Milei a la Presidencia ha comenzado a socavar estos avances.

Embarcado en una batalla contra el “marxismo cultural” que incluye a los partidos de izquierda pero también a los feminismos, al fantasma de la ideología de género y al colectivo LGBTI+, Milei rehúsa reconocer que hay violencia por razones de género u orientación sexual. El caso más aberrante de las últimas semanas ha sido el ataque con una bomba molotóv a cuatro lesbianas que compartían una habitación sin baño en una pensión del barrio de Barracas, en Buenos Aires. Un vecino las roció con líquido inflamable y arrojó fuego para quemarlas vivas. Aunque corrieron a auxiliarlas, sólo una sobrevivió.

“Hay muchas mujeres y hombres que sufren violencia”, respondió el portavoz presidencial, Manuel Adorni, cuando le preguntaron por la conocida como “masacre de Barracas”. “Me parece muy injusto sólo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo”, agregó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado “el ataque incendiario contra cuatro mujeres lesbianas, en el que se afectaron sus derechos a la vida y a la integridad personal” y ha exigido a la Justicia argentina que “en todas las etapas de la investigación, el enjuiciamiento y la sanción, deben tenerse en cuenta la posible motivación del crimen basada en prejuicios”.

Para el Gobierno ultraderechista, en cambio, no existen los lesbicidios ni el triple asesinato de Barracas fue un crimen de odio. Tampoco le pareció necesario mantener el Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (Inadi), un organismo que fue pionero en la región. “Estamos avanzando en el desmantelamiento de institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o son para empleo militante. El primero por el que empezamos es el Inadi”, dijo Adorni al anunciar su cierre.

Manifestantes preparan un altar en la puerta de la pensión donde vivían las cuatro mujeres atacadas, el 13 de mayo.
Manifestantes preparan un altar en la puerta de la pensión donde vivían las cuatro mujeres atacadas, el 13 de mayo.Mariana Nedelcu

Las declaraciones oficiales chocan, sin embargo, con la realidad. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, los delitos de odio van en aumento en Argentina: en 2023 se registraron 133 crímenes en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto para los ataques. En 2022 fueron 129 y en 2021, 120.

Los asesinatos son la forma más extrema de violencia, pero han crecido aún más los ataques verbales contra las diversidades sexuales. El discurso discriminatorio nace incluso desde el propio Gobierno o personas muy cercanas, como el biógrafo presidencial Nicolás Márquez, quien considera que “cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, está incentivando una conducta autodestructiva”. La tercera de las víctimas fatales de la masacre de Barracas aún luchaba por sobrevivir, con quemaduras en el 75% de su cuerpo, cuando Márquez presentó su libro sobre Milei en la Feria del Libro y un grupo de personas se manifestó fuera en repudio. “No te hagas lesbiana, así no te matan. Buen motivo para reivindicar la heterosexualidad”, escribió en un tuit que después borró en respuesta a la nota de EL PAÍS sobre el triple crimen.

El mismo día en el que la noticia tomó relevancia internacional, el Gobierno anunció que había separado a dos cárceles distintas a las asesinas de Lucio Dupuy, un niño de cinco años que murió debido a las palizas que le propinaron ambas. “Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy”, escribió en sus redes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era ‘el obstáculo’: así le decían para estar juntas y por eso lo mataron”, continuó el mensaje difundido por Bullrich.

El momento elegido para dar esta noticia no parece casualidad. Por primera vez en su historia reciente, los discursos discriminatorios son tolerados por el Gobierno argentino, e incluso avivados desde el centro del poder. La luz de este faro regional corre el peligro de apagarse.

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