Los dogmas de Milei limitan la recuperación de Argentina
Aprovechar las ventajas potenciales del país requiere de políticas públicas que aseguren una cooperación entre el Estado y el sector privado. El presidente le da la espalda a las tendencias globales
Desde su llegada al Gobierno en diciembre de 2023, Javier Milei se ha posicionado de manera atípica para un jefe de estado, involucrándose en disquisiciones teóricas sobre la naturaleza del Estado y su intervención en el quehacer económico. Ya no se trata de una discusión acerca del tamaño óptimo del aparato estatal y de definir un mapa de prioridades sino de una posición extrema en la que, según sus propias palabras, el Estado es una organización criminal que existe gracias al robo a los ciudadanos materializado mediante el cobro de impuestos, llegando incluso a calificar de héroes a quienes hicieron de la evasión de impuestos una práctica habitual. Esta mirada dogmática tiene pretensiones refundacionales y está presente en el riguroso ajuste fiscal -mucho más profundo de lo necesario- que aspira a retirar completamente al Estado tanto de las empresas públicas como de la política industrial y comercial, donde las regulaciones dejan de ser instrumentos a calibrar y la desregulación pasa a ser un fin en sí mismo. La realidad ha golpeado al presidente en poco tiempo cuando, tras decretar la plena desregulación del mercado de medicina prepaga, las principales empresas aumentaron sus cuotas 165% en solo tres meses, más del doble de la inflación promedio, llevándolo a tomar medidas para frenar dichas alzas.
Este tipo de abordaje caracterizado por su dogmatismo extremo hubiera sido extraño en muchos períodos históricos, pero es especialmente anacrónico en la actualidad. No es novedoso hablar sobre el cambio de las reglas de juego globales producido con la securitización de los flujos comerciales, la competencia entre potencias y el intento de revertir los procesos de deslocalización productiva que caracterizaron las dos décadas posteriores a la caída del Muro de Berlín. El propio Mario Draghi ha señalado recientemente la necesidad de revisar las reglas de la Unión Europea, acaso la construcción más exitosa bajo la anterior configuración global, política y económica. Para el presidente argentino, el país debería hacer el recorrido opuesto al de todo el mundo.
Desde los procesos que permitieron, primero a Japón, luego a los tigres asiáticos y más recientemente a China, atravesar rápidos procesos de desarrollo, la política industrial (que podríamos remontar Hamilton o Bismarck), ha sido una herramienta clave empleada por los estados que buscan incrementar de manera acelerada capacidades productivas. De manera reciente, las necesidades vinculadas al desarrollo sostenible, la digitalización y la automatización se han convertido en vehículos para la adopción de políticas industriales.
Para países como Argentina, el regreso de la política industrial a nivel global es una oportunidad para legitimar herramientas de política interna, maximizar la cooperación económica externa y acelerar los motores de la economía desde sectores de baja productividad a sectores de alta productividad, transformando a los existentes o desarrollando nuevos.
Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada. La canasta exportadora está concentrada en un conjunto de bienes primarios o con escasa transformación que representa cerca de dos tercios de las exportaciones. Dentro del sector de recursos naturales, y también en servicios y manufacturas, conviven sectores altamente integrados a la economía global con otros que padecen problemas de competitividad, informalidad y baja productividad. Los desequilibrios afectan incluso al complejo científico-tecnológico, uno de los de mayor desarrollo de la región, pero fragmentado e insuficientemente integrado entre academia, investigación básica, aplicada y el mundo productivo.
Para Argentina, los cambios productivos internacionales son una oportunidad para superar las limitaciones de su estructura productiva. La creciente demanda global de alimentos al ritmo de los procesos de crecimiento en curso en Asia y, potencialmente, en África, se conjuga con las exigencias de procesos sustentables. Junto a sus desarrolladas capacidades como productor agropecuario, Argentina puede ser un actor relevante en la mitigación y adaptación al cambio climático, a partir de desarrollos en biotecnología, satelital o de certificaciones ambientales.
Las transformaciones en el transporte y la producción de energía deberían favorecer el desarrollo de sectores primarios intensivos en capital. En minería, se prevé que el cobre y los minerales críticos como el litio aumenten exponencialmente la demanda. En energía, el país tiene un enorme potencial en renovables, particularmente para la producción de hidrógeno verde, mientras en hidrocarburos, el gas natural funciona como combustible de transición para abandonar definitivamente al carbón, el mayor generador de emisiones a nivel global. A partir de Vaca Muerta, Argentina puede ser un proveedor de energía estable, seguro y confiable en un mundo asediado por el riesgo geopolítico.
El litio, las energías renovables, y los hidrocarburos pueden convertirse en un vector para apalancar la producción industrial, ya sea para la producción de bienes finales como autos eléctricos, preservando a futuro la industria automotriz, como la producción de bienes de capital como electrolizadores o aerogeneradores o el desarrollo de proveedores industriales del mismo modo en que el sector agrícola ha sido un motor de crecimiento de actividades industriales y desarrollos tecnológicos conexos a nivel doméstico, mientras la digitalización debería favorecer el crecimiento de la economía del conocimiento, un sector donde Argentina se encuentra integrada en las cadenas de valor globales.
El país (como todo el Cono Sur) se beneficia además de una posición estructural que le permite sostener relaciones cooperativas tanto con Estados Unidos como con China y la Unión Europea, con relativa autonomía de las disputas geopolíticas.
El desarrollo de los sectores satelital, nuclear o hidrocarburífero argentinos son inconcebibles sin el aporte de empresas o agencias públicas como YPF, INVAP o la CNEA, así como lo es el sector agrícola sin INTA, o la minería o la economía del conocimiento sin el marco regulatorio promocional. Aprovechar las ventajas potenciales del país requiere, también a futuro, de políticas públicas que aseguren una cooperación entre el Estado y el sector privado. El presidente, en su dogmatismo, le da la espalda a las tendencias globales y, acaso más grave, a las oportunidades que tiene el país para aprovecharlas.
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