Milei obliga a las empresas de medicina privada a bajar los precios

El clamor de la clase media acomodada de Argentina contra el aumento de precios de la medicina privada ha ido in crescendo hasta obligar al presidente Javier Milei, partidario acérrimo de la libre regulación del mercado, a tomar cartas en el asunto. El Gobierno dio marcha atrás este miércoles a la libertad de precios autorizada al sector por el megadecreto con el que inició su mandato y dictó una resolución que obliga a las principales empresas a disminuir el valor de sus planes de salud: el aumento máximo autorizado es el equivalente a la inflación. La variación de precios acumulada entre diciembre y marzo, último dato oficial, fue del 90%. Los planes de medicina privados se dispararon en el mismo periodo por arriba del 150%.

El golpe al bolsillo lo han sentido todos quienes pagan por estos servicios, es decir, alrededor del 14% de la población argentina, poco más de seis millones de personas. Sin embargo, los más perjudicados han sido los adultos mayores, que han visto menguar sus ingresos por el tijeretazo a las jubilaciones mientras se disparaba su gasto por el aumento desorbitado de los medicamentos y los planes de salud. En los casos extremos, ante la imposibilidad de afrontar el pago, algunos han recurrido a la Justicia y han obtenido sentencias favorables. Otros, a su pesar, se han dado de baja para anotarse al sistema de salud que atiende a los jubilados y pensionados.

El Gobierno comenzó a lanzar advertencias cada vez más serias a las empresas de medicina prepaga, como se conocen en Argentina, pero hasta hoy no se decidió a actuar porque hacerlo contradice el leitmotiv libertario que Milei defendió en Davos: “El Estado no es la solución, es el problema mismo”. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anticipó en rueda de prensa que el Gobierno intervendría para reducir los precios. Para justificar la medida, acusó de “cartelización” a un grupo de compañías “que representa cerca del 75% de los afiliados a la medicina privada”.

La decisión oficial se conoció poco después. A través de una resolución, la Secretaria de industria y comercio ordenó a las principales empresas de sanidad privada “reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor” a partir de su próxima factura.

La Secretaría ordenó también a las empresas que cesen el intercambio de información entre ellas y que presenten a la Comisión nacional de la competencia documentación detallada sobre cada uno de sus planes de salud como precios, ingresos que obtienen y cantidad de afiliados. A raíz de una denuncia interpuesta ante este organismo por diputados de Coalición Cívica, se ha abierto una investigación por supuesta cartelización “en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga”.

La Comisión nacional de la competencia considera que los acuerdos entre competidores, comúnmente conocidos como cárteles, “constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras”.

Las empresas investigadas son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios y OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios.

Vouchers médicos

El titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, criticó con dureza la decisión oficial por considerar que los precios suben acorde al aumento de los costos en un país en el que la inflación interanual es del 288%, la más alta en tres décadas. “¿Se nos fue la mano a nosotros, o se le fue la mano a la inflación?“, cuestionó Belocopitt en diálogo con el canal LN+. El empresario admitió que los planes de salud se han vuelto difíciles de pagar para muchos. Como posible solución, planteó que el Gobierno subvencione a los usuarios de medicina privada, al igual que entrega vouchers a los padres que llevan a sus hijos a colegios privados para ayudarlos a pagar la mensualidad: “Los vouchers que se entregan en la educación, ¿cuál sería la diferencia de poder entregarlos para la medicina también? Se podría hacer conversando, no buscando la confrontación”, aseveró.

Belocopitt rechazó también las acusaciones de cartelización lanzadas desde el Gobierno y pidió mirar a los demás sectores de la economía argentina, en los que ve un comportamiento similar respecto al aumento de precios. “En materia de combustible, si Shell sube, a los cinco minutos YPF hace lo mismo. Un escenario similar ocurre con la leche. Si vamos a la industria del neumático, que tiene como principal insumo al caucho, cuando sube y vas a ver el incremento de las cubiertas, el aumento tiene franjas similares”, planteó. Milei ha negado varias veces que existan fallas de mercado, pero quizás como máximo representante del Estado argentino comienza a verlas.

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