Los sindicatos del sector público de Argentina echan un pulso a Milei

El sector público argentino está en pie de guerra contra Javier Milei por ser la principal víctima de la motosierra del presidente ultraliberal. Cientos de personas protestaron el miércoles a las puertas de ministerios y organismos estatales por el reciente despido de cerca de 15.000 trabajadores de la Administración pública nacional, a los que el Gobierno no renovó los contratos que vencían el 31 de marzo. Este jueves será el turno de la educación pública: los sindicatos docentes han convocado a una jornada de huelga en protesta por la eliminación del fondo de incentivo docente (Fonid) con el que el Estado nacional financiaba parte de los sueldos del personal.

En las sedes oficiales, el ambiente es cada vez más tenso. “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode”, cantaban los manifestantes que el miércoles intentaron ingresar sin éxito a la Secretaría de Trabajo. Policías federales y guardias de seguridad custodiaban todos los accesos e impedían que los despedidos accediesen al lugar donde trabajaron hasta la semana pasada. Unos 50.000 más empleados más están en la cuerda floja: sus contratos fueron renovados por tres meses más, pero siguen en revisión: no saben si pasado ese tiempo serán los siguientes en quedar en la calle.

Las protestas estuvieron convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de los empleados públicos en Argentina. Además de la Secretaría de Trabajo, hubo concentraciones en las sedes de la Cancillería, del Servicio meteorológico nacional, del Centro nacional de alto rendimiento deportivo (Cenard) o el Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (Inadi). En esta última, cerrada por el Gobierno de Milei, los manifestantes lograron franquear la puerta y trasladaron la protesta al interior del edificio donde funcionó este organismo pionero en Latinoamérica en la lucha contra la discriminación.

“Se están llenando de policías las dependencias públicas”, denunció en las redes sociales el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. “No hay plata (dinero) para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero sí hay plata para reprimir”, criticó. Desde las puertas de la Secretaría de Trabajo, Aguiar defendió el empleo público y arremetió contra el discurso gubernamental que identifica a los trabajadores del Estado con personas que no trabajan, conocidas en Argentina como “ñoquis”.

Aunque ATE estimó que los trabajadores despedidos en los últimos días son cerca de 11.000, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, aumentó la cifra hasta 15.000. A estos despidos recientes se les suma la baja de otros 9.000 empleados públicos nacionales en los primeros tres meses de Gobierno de Milei.

Adorni advirtió que se tomarán represalias contra aquellos manifestantes que cometan hechos “por fuera de la ley”, pero las protestas del miércoles se saldaron sin ningún detenido.

Más educación privada

Este jueves, el protagonismo de las protestas se traslada a escuelas y universidades públicas. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha convocado a una huelga general a los trabajadores docentes de todo el país. El sindicato exige que el Gobierno reponga el Fonid, un fondo que el Estado nacional enviaba a las administraciones provinciales para complementar los sueldos docentes. La mayoría de gobiernos provinciales no pueden cubrir esos fondos, lo que supone un recorte de facto de los ingresos de maestros y profesores.

Los sindicatos que defienden a los trabajadores de la educación pública protestan además por el ajuste presupuestario aplicado por el Gobierno: los fondos para este año son los mismos que en 2023, pero la inflación del 211% registrada el año pasado redujo su valor a un tercio. Sin una nueva inyección de fondos frescos, la mayoría de universidades públicas no tienen garantizado el funcionamiento para la segunda mitad del año.

El recorte a las escuelas de gestión estatal contrasta con la ayuda extraordinaria que recibirán las familias que envían a sus hijos a centros privados. El Gobierno abrió la inscripción esta semana para ofrecer “vouchers educativos” por el equivalente a unos 30 dólares al mes para ayudar al pago de la cuota del colegio. Según los cálculos oficiales, cerca de dos millones de estudiantes se podrían beneficiar de la medida.

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