Los jubilados, en primera línea del ajuste de Milei

En la mayoría de países del mundo, las pensiones se actualizan una vez al año según la inflación, los salarios o una combinación de ambas. En Argentina, donde los precios vuelan a un ritmo de 272% al año, es imposible hacerlo así porque los ingresos de los jubilados se volverían irrisorios. La inflación es tan alta que incluso se queda corta la actualización trimestral vigente desde 2021 por una fórmula que mide salarios y recaudación. El Gobierno de Javier Milei cambió este lunes esa fórmula por decreto: a partir de julio las pensiones se incrementarán mes a mes por inflación y hasta entonces, en abril y junio, se darán sumas compensatorias. El cambio ha crispado a la oposición, que sostiene que es insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de los jubilados y exige que la nueva fórmula se consensúe en el Congreso.

En enero y febrero, el Gobierno argentino logró cerrar las cuentas estatales en positivo por primera vez desde 2012. “Me he atado a la política del déficit cero como Ulises al palo mayor”, dijo este martes Milei en un foro empresarial en Buenos Aires. El superávit financiero, sin embargo, sólo fue posible tras aplicar el mayor recorte de gasto público en tres décadas. El 38% del tijeretazo fue a las pensiones, lo que ha convertido a los jubilados en la primera línea del ajuste de Milei en el arranque de su mandato. En los últimos tres meses, los precios se han disparado en promedio un 70% y los medicamentos, un 77%; las pensiones y jubilaciones, en cambio, sólo han aumentado un 27%, a excepción de la mínima, a la que se ha sumado un bono para impedir que quedase por debajo de la línea de la pobreza.

El Gobierno subraya que la subida del 27% responde a la fórmula trimestral impuesta durante la presidencia de Alberto Fernández, que tomó en cuenta los datos entre septiembre y noviembre de 2023. Sin embargo, el Ejecutivo tenía la posibilidad de cambiarla por decreto desde el primer día o de convocar al Congreso para debatir la fórmula que propuso inicialmente, que indexaba por inflación a partir de abril. Al esperar hasta julio, complica la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida en los últimos meses y se suma a la que los jubilados arrastran de administraciones previas.

Desde 2008 hasta la fecha, con cada nuevo Gobierno ha habido un cambio de fórmula de actualización de las pensiones. Los jubilados han perdido con todas ellas: bajo la presidencia de Mauricio Macri, la pensión mínima en términos reales se redujo un 20% y con Fernández, un 2% más, pero con este último, las pensiones medias y altas sufrieron un retroceso superior al 25%, según datos publicados por Chequeado.

Los múltiples cambios han desencadenado una catarata de juicios contra el Estado. “Argentina creo que es el único país del mundo —o de los muy pocos— que tiene un fuero de la justicia dedicado a la Seguridad Social. Se dedica a juzgar las cientos de miles de denuncias que recibe por incumplir el compromiso de movilidad”, señala Rafael Rofman, investigador en protección social de la organización Cippec.

La cuestión de fondo es más grave. La inflación crónica que sufre Argentina hace que el debate sobre el sistema previsional encalle una y otra vez en la búsqueda de una fórmula de actualización en vez de abordar una reforma integral que lo vuelva más eficiente y sustentable. Como en el resto del mundo, la población argentina también envejece y a día de hoy el 16% de su población es mayor de 65 años. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la discusión sobre un cambio en la edad de jubilación está por ahora ausente del debate público.

Más de 200 excepciones

Los expertos celebran la gran cobertura del sistema previsional argentino, cercana al 95% del total, una de las más amplias de la región. Sin embargo, creen que existe un importante margen para hacerlo más eficiente. Uno de los obstáculos es la gran fragmentación del sistema público de reparto, con numerosos regímenes especiales y más de 200 excepciones al régimen general. Sus beneficiarios se pueden jubilar antes de los 60 años en el caso de las mujeres y de 65 en el de los hombres y/o tienen pensiones más altas. “La ensalada de excepciones del sistema previsional provoca que haya mucha inequidad, con beneficios muy altos para unos y muy bajos para otros”, dice el investigador del Cippec.

El ejemplo más conocido son las jubilaciones de privilegio que cobran los expresidentes, equivalentes a unas 30 pensiones mínimas, pero entre los beneficiarios de los régimenes especiales hay jueces, diplomáticos, empleados provinciales, docentes, policías y militares, entre muchos otros. Rofman cree que con el sistema actual “se gasta mucho para obtener una protección que podría obtenerse con casi 3 puntos menos del PIB”.

Un problema aún mayor es la gran informalidad del mercado laboral, cercana al 40%. La falta de aportes a la seguridad social de estos trabajadores (y de los empleadores para los que trabajan) hace menos sostenible el sistema previsional, por un lado, y dificulta que cuando alcanzan la edad de jubilación perciban un ingreso adecuado. Unos cuatro de los 10,5 millones de jubilados de Argentina cobra una pensión mínima a la que accedió sin haber tributado los 30 años que establece el régimen general.

Milei quiere dejar fuera del sistema de jubilaciones a quienes cobran una pensión sin haber cotizado el plazo mínimo estipulado por ley por considerarlo “una injusticia” respecto a quienes sí lo hicieron. Una de las opciones que baraja es que pasen a cobrar una ayuda estatal similar a la que reciben las familias más vulnerables. A largo plazo, el presidente apuesta por una reforma integral que achique el rol del Estado e “introduzca mecanismos de ahorro privado”. Argentina ya tuvo esos mecanismos y dio marcha atrás, pero todo apunta a que Milei hará lo posible para forzar de nuevo ese debate.

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