Las causas abiertas de Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a seis años de prisión por corrupción. La actual vicepresidenta argentina, que gobernó el país entre 2007 y 2015, también ha sido inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por defraudar al Estado argentino, pero fue absuelta del delito de asociación ilícita del que la Fiscalía la acusó por considerarla jefa de una trama que recibió sobornos a cambio de contratos públicos. Kirchner, al menos hoy, no irá presa. Goza de inmunidad como vicepresidenta y aún le quedan instancias de apelación, por lo que su condena muy probablemente terminará siendo decidida en la Corte Suprema. Pero la sentencia en la causa Vialidad –llamada así en referencia a las construcciones de carreteras que su Gobierno adjudicó a un empresario amigo en el sur del país– marca un hito en su larga pelea contra el Poder Judicial: es el primer expediente en su contra que llegó al juicio oral y terminó en una condena.

La causa Vialidad también complica el panorama político a menos de un año de las elecciones generales. Resistida por la mitad del país e incluso dentro de su propio espacio político, la vicepresidenta es la persona más fuerte de un peronismo que no encuentra otro candidato convocante. Y la sentencia de este martes no es su único pendiente con la Justicia. Desde que dejó la presidencia en diciembre de 2015, Cristina Kirchner ha vivido una guerra con el Poder Judicial en la que hoy mantiene cinco frentes abiertos. Tiene otro juicio pendiente de comenzar y tres sobreseimientos que esperan revisión. A continuación, las causas abiertas la vicepresidenta argentina.

La causa Vialidad, el primer fallo en contra de Kirchner

La Fiscalía considera a Cristina Kirchner la jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. En un principio, la acusación pidió 12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Kirchner fue acusada de ser la jefa de una asociación ilícita creada para extraer fondos del Estado “desde la cúpula del poder”, según el fiscal Diego Luciani. Para este, que se convirtió en una estrella mediática apenas comenzaron las audiencias, la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando. Su mayor esfuerzo estuvo en aportar pruebas sobre este punto. Luciani describía a una estructura de corrupción “extraordinaria”, en la que Lázaro Báez, un empleado bancario reconvertido en zar de la construcción, recibió contratos millonarios de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, la provincia patagónica que Néstor Kirchner gobernó antes de que él y su esposa se sucedan en la presidencia.

Según la acusación, durante su presidencia, Kirchner desvió 1.000 millones de dólares de fondos públicos. En la trama están acusados el exministro de Planificación Julio de Vido; un alto funcionario de Obras Públicas, José López; y Báez, que ya cumple una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero.

Kirchner sostiene que el “partido judicial” y sus rivales políticos han armado un montaje en su contra para encarcelarla. Entre los argumentos que esgrime está una fotografía que salió a la luz el pasado agosto en la que el fiscal a cargo de la causa Vialidad y el segundo jefe del Tribunal que acaba de decidir su condena jugaban un partido de fútbol en la casa de fin de semana del expresidente Mauricio Macri. El lunes, en una publicación del diario brasileño Folha de São Paulo, la vicepresidenta rompió un silencio de cinco años sin entrevistas y negó la sociedad de su familia con Báez. “Sos socio cuando tenés un contrato de sociedad. Era amigo de Néstor, como otros amigos de negocios que tenía Néstor”, dijo. “No fueron socios, en absoluto”.

La causa Cuadernos, un juicio sin fecha de inicio

José López fue inhabilitado para ejercer cargos públicos después de que se lo viera en un video intentando ocultar varios bolsos con millones de dólares en un convento. López, quien fuera secretario de Obras Públicas de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, fue atrapado en 2016 y condenado en 2019. Durante años fue el único señalado de la trama por corrupción. Fue hasta agosto de 2018, cuando la Justicia detuvo a una docena de viejos altos cargos vinculados con la obra pública después de revisar los cuadernos manuscritos de un chófer.

Los cuadernos de Oscar Centeno, revelados por el diario La Nación, provocaron 41 imputados y el procesamiento de la expresidenta como jefa de una asociación ilícita. Centeno, que trabajó para uno de los hombres fuertes de Julio de Vido durante más de una década, anotó detalladamente cada uno de sus viajes. Según sus apuntes, había movido alrededor de 56 millones de dólares en efectivo destinados para coimas. El juez que pidió las detenciones, Claudio Bonadio, era ya el gran enemigo público de Cristina Kirchner, y sus investigaciones sobre los supuestos sobornos del kirchnerismo apuntaban un poco más arriba: según sus cálculos, debía rastrear unos 160 millones de dólares.

Para septiembre de 2019, un año después de las primeras detenciones, la investigación había sido cerrada y Cristina Kirchner debía enfrentar un juicio oral. Pero la llamada Lava Jato argentina, el mayor caso de corrupción de la historia reciente del país, no llegó nunca a las audiencias. Claudio Bonadio murió en febrero de 2020 y su expediente encalló en los tribunales. A principios de noviembre pasado, un tribunal volvió a llamar a las partes para presentar pruebas. El juicio oral sigue sin fecha de inicio.

Los hoteles de Kirchner en la Patagonia

El 9 noviembre de 2014, el periodista Jorge Lanata acusó en televisión a una empresa de la familia Kirchner de no presentar sus balances económicos desde 2011. Hotesur, la empresa que administraba uno de los hoteles de la familia en el sur de Argentina, ya estaba en el ojo de la tormenta. Un año antes, el diario La Nación publicó que el empresario Lázaro Báez -condenado en febrero de 2021 a 12 años de prisión por lavar 60 millones de dólares- había alquilado tres de los hoteles de la familia por una cifra millonaria. Al día siguiente de la denuncia televisiva, una diputada hizo una denuncia formal y el caso cayó en manos del juez Bonadio, que volvió a procesar a la expresidenta por asociación ilícita y lavado de dinero.

Según el juez, Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, lavaron dinero a través del alquiler de habitaciones a empresarios de la construcción en los hoteles de la familia. Entre 2017 y 2019, Bonadio procesó a la expresidenta por el caso de otro hotel, Los Sauces, y ambas causas fueron llevadas a un solo juicio oral. La vicepresidenta, sus hijos y los empresarios fueron sobreseídos en esta causa, que permanece bajo revisión en la Cámara de Casación. El caso de Hotesur-Los Sauces fue frenado por un tecnicismo legal: el autolavado empezó a penarse en Argentina en 2011, y los primeros indicios del delito se registraban en 2006.

El pacto de entendimiento con Irán

El juez Bonadio volvió a procesar a la expresidenta en 2017 por los delitos de encubrimiento y traición a la patria: la acusó de proteger a los imputados iraníes en la causa AMIA, el atentado terrorista contra la sede de la mutual judía en Buenos Aires que causó 85 muertos en 1994. Buscando la prisión preventiva de Kirchner, que entonces era senadora, el juez pidió su desafuero, pero no logró que se tratase en el Senado.

La causa se basaba en la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra Fernández en enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto de un tiro en la sien en su apartamento, en circunstancias que todavía no están claras. Nisman denunciaba que el Gobierno de Kirchner firmó un memorándum con Irán en 2013 que preveía una polémica cooperación conjunta en la investigación del atentado. El fiscal sospechaba que el objetivo era encubrir a los imputados a cambio de la firma de convenios comerciales bilaterales. El memorándum nunca entró en vigor porque no fue refrendado por el Parlamento iraní.

En marzo de 2018, la causa fue llevada a juicio oral, aunque los imputados fueron sobreseídos en octubre de 2021, sin jamás haber empezado el juicio. La Justicia debe decidir por estos días si reabre el caso.

Venta de dólar a futuro

El 13 de mayo de 2016, cinco meses después de dejar la presidencia, Cristina Kirchner sufrió su primer golpe. No fue por corrupción, sino por una operación del Banco Central poco antes de terminar su mandato. Kirchner fue acusada de “defraudación contra la administración pública” por la venta de dólares a futuro: el Banco Central realizó contratos por casi 17.000 millones de dólares antes de las elecciones de noviembre 2015, que debían liquidarse en el primer semestre de 2016. La devaluación que trajo consigo la elección de Mauricio Macri terminó haciendo que el precio de venta acordado a 10,8 pesos el dólar terminase siendo superior, y un buen negocio para los inversores a costa de las reservas del Banco Central.

Cinco años más tarde, un tribunal decidió su sobreseimiento por unanimidad junto a quien fue su ministro de Economía, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La denuncia había sido presentada por dos legisladores opositores al kirchnerismo y había caído en manos del juez Bonadio. Los magistrados basaron su fallo en una pericia del propio Banco Central, que indicaba que la operación no causó perjuicios a la entidad. Para el tribunal, no correspondía a los jueces juzgar las decisiones económicas del Gobierno.

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