Un juez imputa a Cristina Kirchner y Kicillof por perjudicar al Estado

Los tribunales de Justicia eran una de las grandes preocupaciones para Cristina Fernández de Kirchner cuando dejara el poder, y no han pasado ni tres meses antes del primer problema serio. El juez federal Claudio Bonadío, uno de los más conocidos de Argentina y muy enfrentado hace años a los kirchneristas, que han dicho de todo de él, decidió imputar -"llamar a indagatoria", en terminología argentina- tanto a la expresidenta Fernández de Kirchner como a su exministro de Economía Axel Kicillof y al expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, por un caso que estalló en las últimas semanas de la campaña electoral: la llamada "venta de dólar futuro". El juez acusa a estos dirigentes de "defraudación contra la administración pública" por haber perjudicado de forma deliberada al Estado.

Es la primera vez que la expresidenta es llamada a indagatoria por un caso, pese a los escándalos que han protagonizado en el pasado las empresas de su familia, en especial Hotesur, la que engloba los hoteles familiares. Precisamente Bonadío fue apartado en julio del año pasado de la causa Hotesur una semana después de allanar los hoteles de la presidenta. Entonces ella dijo que él era un juez "pistolero y extorsionador". El juez, que mató a tiros a dos delincuentes en 2001 y alegó defensa propia, contestó: "Que diga en qué la extorsioné porque eso es un delito". El asunto tiene pues una enorme trascendencia política y simbólica.

La expresidenta, que ya no tiene ningún aforamiento porque no ostenta cargo público alguno, no corre el riesgo de ir a la cárcel porque la pena máxima es de 1 a 6 años y en esos casos la ley argentina no conduce a prisión si no hay antecedentes. Pero sí tiene un riesgo serio de que esta imputación acabe en procesamiento, porque el juez parece decidido a seguir adelante y cree contar con las pruebas necesarias. Todo irá muy rápido, según fuentes judiciales.

Lo único que pueden hacer los abogados de Kirchner ahora es intentar recusar al juez para apartarlo como lograron en la causa Hotesur, pero con la nueva situación política no parece tan fácil. Las presiones serán enormes en uno y otro sentido. Los fieles a la expresidenta ya empezaron a movilizarse ayer y convocaron marchas para el día que está llamada a declarar, el 13 de abril. Ella no puede negarse a acudir a una llamada como esa, en teoría pensada para que pueda defenderse de las acusaciones.

Este no es un caso de presunta corrupción o blanqueo, como Hotesur, sino de perjuicio al Estado. Según los denunciantes, el senador macrista Federico Pinedo y el diputado radical Mario Negri, Kirchner,  Kicillof y Vanoli diseñaron una estrategia para que el dólar no se disparara -un asunto central de la campaña electoral argentina- pero a costa de dejar un bomba de relojería al siguiente gobierno. El sistema era simple: se vendía a los inversores el llamado "dólar futuro" a 10 pesos cuando todos los economistas sabían que ganara quien ganara después de las elecciones iba a haber una devaluación. Quien comprara esos "dólares futuro" cobraría en marzo, cuando vencían los titulos, mucho más de lo que invirtió. La ganancia finalmente fue del 50%.

En ese momento era un chollo: para comprar dólares en el mercado del llamado contado con liquidación, el más extendido entre las empresas, había que pagar 14 pesos. En la calle estaba por encima de 16. Conseguirlo a 10 con la garantía de que le pagarían a la cotización oficial unos meses después era negocio seguro. El pagador y perjudicado es el Estado. De hecho es uno de los problemas importantes del Banco Central en estos días, hacer frente a esos pagos. El 87% de la emisión monetaria del Banco Central desde que Macri llegó al poder se ha hecho para pagar estas pérdidas, asegura el escrito.

"Todas estas pérdidas en contratos de futuros de dólar que debe honrar el BCRA se producen por las posiciones abiertas por la entidad entre septiembre y noviembre del año 2015", asegura Bonadio en su escrito. El perjuicio para el Banco Central y por tanto para el Estado ha sido de unos 7.500 millones de pesos (500 millones de dólares), en diciembre y enero pero se estima que con lo que queda por pagar en los próximos meses se van a perder otros 27.000 millones de pesos (1.800 millones de dólares).

La presidenta tendrá que comparecer ante este juzgado el 13 de abril, lo que supondrá sin duda un hito mediático. Fernández de Kirchner sigue dirigiendo en la sombra la oposición argentina, en especial a los kirchneristas, pero apenas aparece, sigue retirada en su refugio en El Calafate, al lado del glaciar Perito Moreno. y no ha protagonizado ningún acto público desde su multitudinaria despedida en la plaza de mayo el 9 de diciembre.

Desde que el kirchnerismo dejó el poder, siete altos dirigentes de este grupo han sido procesados -ahora hay que sumar a Fernández de Kirchner y Kicillof-. Parece evidente que algunos jueces estaban esperando que la expresidenta abandonara la Casa Rosada para recuperar algunos procesos que estaban dormidos. Sin embargo, en una entrevista en EL PAÍS esta misma semana, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aseguraba que ya antes de que Fernández de Kirchner dejara el poder hubo procesos fuertes como el que se llevó adelante contra el vicepresidente, Amado Boudou, por presuntos casos de corrupción. Lorenzetti insiste en que los jueces deben actuar igual esté quien esté en el poder, pero la situación de la expresidenta Kirchner parece complicarse bastante después de haberlo perdido.