Los ecuatorianos se pasan la vida pagando sobornos: en los hospitales, las carreteras, en el juzgado, en la comisaría de policía...

La corrupción ha contaminado casi todos los espacios de la vida cotidiana de los ecuatorianos, que pagan coimas hasta por información de sus familiares enfermos en los hospitales públicos. Para que el cadáver de tu ser querido salga pronto de la morgue y no de madrugada hay que untar al señor que está en la puerta. En el caso de una unidad de maternidad de Guayaquil, se descubrió que un grupo de guardias de seguridad, contratados para resguardar las instalaciones, cobraban por fotografiar a los recién nacidos, ya que el hospital no permitía las visitas. La gente debe sobornar por casi todo trámite que debe hacer con las administraciones públicas. Para obtener una cita o examen médico, para conseguir que le entreguen un pasaporte en horas y no en semanas. Por el turno de una licencia de conducir o para que un funcionario judicial avance una causa. La gente está tan acostumbrada que lo considera natural, parte del precio de la vida.

Los policías de tránsito retiran las multas por un par de dólares. “Hay que corromperlos, pero con respeto. Mire, tome para la cola, se le dice”, dice Wilson, un conductor acostumbrado a abrir la billetera para que le perdonen sus faltas al volante. Incluso aunque no haga nada le toca pagar: revisan sus documentos en regla y aun así le tocan el bolsillo. En un viaje que hizo de 250 kilómetros desde Guayaquil a Santo Domingo se encontró con nueve operativos de control de tránsito. En la mayoría recurrió a las coimas y en total pagó 15 dólares. Los policías de tránsito comienzan a escribir infracciones por el estado de las llantas, por las plumas del parabrisas que no secan lo suficiente, por un faro que parece que no alumbra demasiado. ¿Ese tubo de escape? Hace demasiado ruido, emite demasiado humo. Teme su infracción, caballero, señora. Pero, ay. Entonces la mano escribe despacito hasta escuchar las palabras mágicas: ¿Cómo arreglamos esto?

El sector petrolero le va a la zaga. El 46% de los consultados en el último análisis del Barómetro de las Américas considera que es el área más corrupta del país. En tercer lugar, el sistema de salud, después el sector eléctrico, le siguen las ayudas sociales, educación, medio ambiente y agua. En ese escenario, el 68% de los ecuatorianos dice no tolerar las formas más comunes de corrupción, como son la coima o el soborno. Aunque frente a los países de América Latina, Ecuador registra mayor permisividad ante el pago de coimas o sobornos: un tercio de los ecuatorianos justifica pagarlos.

La percepción de la corrupción en el país es cada vez más negativa, según Transparencia Internacional. El país ocupa el puesto 20 entre 30 países de Latinoamérica. El estudio evalúa lo que la gente percibe sobre las diferentes manifestaciones de la corrupción como sobornos, desvío de fondos, la meritocracia, el nepotismo, cuánto se protege a los denunciantes, el acceso a la información, la carga burocrática excesiva, la impunidad de funcionarios públicos y la poca capacidad del Estado para contener la corrupción. Por ejemplo, desde mediados de 2023, la Fiscalía ha liderado operativos por delitos contra la administración pública en la justicia y el Ejecutivo. Los casos han sido bautizados con nombres simbólicos: Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Independencia Judicial, Abuso de Garantías. Además, hay cerca de 50 funcionarios procesados por diferentes delitos de corrupción. El Ministerio Público mediatiza los casos en un intento de demostrar que existe una lucha contra ese plaga, pero no actúa igual en todos los casos. Como el de la esposa del presidente, Lavina Valbonesi, en el que varios funcionarios del Gobierno intervinieron para que obtuviera los permisos para construir un resort de lujo en una zona donde está un bosque protegido. La Fiscalía ha guardado silencio, ni una investigación, ni una indagatoria. Tampoco se ha hecho algo para evitar que casos similares se repitan.

El panorama es preocupante, señala el documento del Barómetro de las Américas, porque además se evidencia que el país sufre de bajísimos niveles de confianza -tanto interpersonal como en instituciones-. “Están por debajo de la media regional de Latinoamérica en todos los indicadores examinados, con algunas cifras realmente alarmantes, como las de confianza en los partidos políticos”. Los políticos son los peor evaluados, solo el 6% cree que menos de la mitad son corruptos. Mientras que un tercio de los ecuatorianos opinan que los asambleístas son muy corruptos. “Estos son síntomas de un país con un tejido social descompuesto y un sistema político debilitado, que no goza de legitimidad ciudadana”, revela el estudio.

En un intento de expresar la vergüenza -o solo un acto político más-, esta semana la Contraloría General del Estado (CGE) cubrió con un letrero con las frases “persona no grata para la CGE. Vergüenza nacional”, los retratos de los excontralores Carlos Pólit y Pablo Celi, que reposan en un pasillo de honor en el edificio del organismo de control público del Estado. “Son personas que le han hecho mucho daño al país”, dijo el actual contralor, Mauricio Torres. Durante 10 años, en todo el periodo de Gobierno de Rafael Correa, Pólit fue contralor, y no cualquiera. Fue condecorado por los asambleístas del Gobierno y aplaudido por el entonces mandatario. El excontralor fue encontrado culpable de seis cargos por lavado de activos por un jurado de la Corte Federal de Estados Unidos, con sede en Miami, a finales de abril. En el juicio se demostró que Pólit recibió 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht. Después de dejar el cargo en el 2017, lo reemplazó Pablo Celi, sentenciado a 13 años de cárcel por delincuencia organizada. Según la tesis de la Fiscalía, Celi fue parte de una estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos.

Hasta en las investigaciones policiales te extorsionan con descaro. A Esteban le dejaron claro que era mejor no denunciar el vehículo que le habían robado la noche previa al Año Nuevo de 2020. “Si denuncia, los criminales pueden tomar represalias”, le dijo el policía que conoció su caso. Los delincuentes lo llamaron, le pidieron 3.000 dólares por devolverlo. Así opera esa organización, le explicó el policía al tanto de todo. Esteban no pagó por no contribuir a este sistema podrido, perdió el vehículo y tampoco denunció como le sugirió el uniformado. El mismo camino toma el 95% de los ecuatorianos que ha declarado que no denuncia la corrupción ni da seguimiento a sus casos por temor. Impera el miedo.

Con la amenaza del avance del crimen organizado, la corrupción ha quedado relegada de las preocupaciones de los ecuatorianos, que desean que primero se resuelva la seguridad, la economía y el desempleo. El Estado tampoco demuestra en acciones concretas su voluntad por derrotar a ese monstruo con el que conviven los ecuatorianos y devora la democracia que tan poco valor se le da, tal es así que una mayoría en Ecuador estaría de acuerdo con una dictadura militar con tal de acabar con la corrupción.

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