6 detenidos y 18 registros domiciliarios en Ecuador por el ‘caso Odebrecht’

Ricardo Rivera está desde el sábado en arresto domiciliario —por tener 68 años de edad—, acusado de haber recibido al menos 13 millones de dólares en sobornos a cambio de facilitar la adjudicación de contratos públicos a Odebrecht. Para conseguirlo, dijo la Fiscalía en la audiencia de cargos, hizo valer su relación familiar con el recién reelegido vicepresidente para ganarse el 1% de cada proyecto concedido. Según la acusación pública, Rivera recibió cinco millones de dólares entre 2012 y 2013 directamente de la constructora brasileña y ocho millones más a través de diferentes empresas intermediarias. En el operativo desplegado en Guayaquil, que incluyó la casa de Rivera, las fuerzas de seguridad encontraron e incautaron más de 170.000 dólares en efectivo, un cheque emitido por Odebrecht por un valor de casi un millón de dólares, vehículos de lujo, joyas y documentación relacionada con la constructora. En Quito y en Latacunga también se ordenó el allanamiento de viviendas, empresas y un hotel para recabar pruebas de lo que el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, calificó de una “trama de crimen organizado” en torno a Odebrecht.

El operativo, coordinado en varios puntos de Guayaquil, Quito y Latacunga, se realizó de madrugada mientras el fiscal regresaba en avión desde Brasil, donde había recibido información de las autoridades tras liberarse el 1 de junio la lista de nombres de los funcionarios implicados en las prácticas corruptas de Odebrecht, que han tenido su réplica en casi una decena de países de América Latina.

Aparte del tío de Glas, Ricardo Rivera, se detuvo a otras cinco personas que ya se encuentran en prisión provisional. Entre ellos, un empresario y el hijo del alcalde de Latacunga. Uno de los implicados está acusado de abusar de sus funciones modificando las bases de los concursos públicos para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de proyectos.

La fiscal provincial de Pichincha, Tania Moreno, confirmó que en la audiencia celebrada durante la madrugada del viernes al sábado se acusó a los involucrados de asociación ilícita, mientras continuaban las indagaciones. Además de la prisión, se han congelado las cuentas bancarias de los procesados y se ha ordenado la prohibición de enajenar sus bienes.

Un día antes, el fiscal general había asegurado que entre los involucrados había altos cargos que gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia, es decir, de prerrogativas que impiden un proceso judicial por la vía común. Eso significa que, entre los investigados puede haber miembros del Gobierno, asambleístas o autoridades de control. Precisamente, una de las casas registradas fue la del contralor General del Estado, Carlos Pólit, la máxima autoridad de control del Estado que vigila el actuar de las instituciones públicas para evitar o señalar cuando cometan irregularidades. Recientemente, había sido reelegido en el cargo con críticas de la oposición por su cercanía al partido de Gobierno Alianza PAÍS. Ahora, el presidente de la Asamblea, José Serrano, ha comunicado que propondrá al Legislativo que se inicie un juicio político —equivalente a una moción de censura— contra él. No ha mencionado a nadie más.

Cuando la policía allanó su casa, el contralor se encontraba en Miami por un asunto de salud. Según uno de sus abogados, la Fiscalía le incluyó en la investigación como represalia, ya que la Contraloría había emitido días atrás un informe con indicios de responsabilidad penal contra el fiscal general, Baca Mancheno. Lo curioso es que antes de salir de viaje y dos días antes del operativo policial, el contralor dejó un poder notarial designando a los abogados que debían representarle en procesos judiciales que tuviese o que se iniciasen en Ecuador durante su ausencia.

La investigación, las detenciones y la implicación de los procesados con altos funcionarios ha revolucionado a la opinión pública de Ecuador. Los ciudadanos, los empresarios y hasta la oposición han reconocido la labor de las autoridades y han destacado que, tras medio año de pocos avances y el único encarcelamiento de peso del exministro de Energía Aleksey Mosquera, se haya dado un gran avance en la persecución de la corrupción tan solo dos semanas después de que Lenín Moreno, sucesor de Rafael Correa, iniciase su mandato como presidente de Ecuador.

“Cirugía” a la corrupción

Moreno ya dijo durante la campaña electoral que aplicaría una cirugía mayor a la corrupción. Y estos días ha ratificado su compromiso de que no habrá consideraciones con los implicados. “No vamos a permitir que ningún acto de corrupción quede impune, venga de donde venga”, comentó tras el operativo policial. Su vicepresidente, Jorge Glas, también respaldó la actuación de las fuerzas del orden y, en un corto pronunciamiento sin preguntas, admitió su relación con uno de los implicados: “Hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones. Una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue, que se investigue todo y que se aplique la justicia como tiene que ser”, dijo, sentado junto al presidente en un acto oficial. Una comisión ciudadana anticorrupción pidió al presidente que retire al vicepresidente de sus funciones hasta que se despeje su vinculación a la investigación.

Moreno reconoció que, de acuerdo con la información que las autoridades le habían compartido, quedaba demostrado que Odebrecht había hecho de las suyas desde que llegó al país y que había aún “muchos más involucrados”. Días antes, había ofrecido crear un Frente Anticorrupción con 13 miembros de la sociedad independientes —entre ellos el arzobispo de Quito, Fausto Trávez, que declinó la propuesta— que empezará sus labores este lunes. Además, este fin de semana el presidente informó de que Ecuador solicitará asistencia a la ONU para combatir una trama de corrupción que, a juzgar por la información liberada en estos días, ha arraigado en las instituciones públicas.