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ANÁLISIS i

Corrupción en Latinoamérica: fragmentación de la confianza y erosión democrática

La preocupación por la corrupción y el mal gobierno va de la mano de la desconfianza institucional

En los últimos años, la corrupción se ha vuelto un asunto transcontinental en Latinoamérica. De ello se ha encargado la revelación de casos, auténticos entramados, de corruptores y corrompidos que traspasan las fronteras nacionales. Oderbrecht, el nombre de la empresa que compró a políticos para expandir sus obras por toda la región, es hoy una palabra que suena familiar en las costas pacíficas y en las atlánticas, en ciudades andinas, en veredas, en corregimientos. Así, la corrupción se ha convertido también en creadora de debates, provocadora de protestas, e incluso determinante del voto.

No lo ha hecho, eso sí, en todos los países por igual. Perú y Brasil, donde jefes de Estado perdieron su puesto de manera anticipada a causa de escándalos, encabezan el ranking de ciudadanías que mencionan la corrupción o el mal gobierno como el principal problema del país.

Corrupción en Latinoamérica: fragmentación de la confianza y erosión democrática

Chile, Panamá, México y Colombia completan la lista de naciones en las que al menos uno de cada diez individuos está más preocupado por estos asuntos que por cualquier otro. Los seis dibujan una suerte de columna vertebral del debate sobre la corrupción, de norte a sur, y las variaciones que muestran nos sirven para trazar un retrato de los puntos de vista latinoamericanos sobre la cuestión.

No todos ven igual la corrupción

En la mayoría de ellos, la percepción sobre el grado de corrupción entre sus representantes es muy elevado: más de siete de cada diez de sus ciudadanos considera que más de la mitad, si no todos los políticos, son corruptos.

El contraste con Uruguay, la nación latinoamericana con menor grado de preocupación sobre la corrupción, es muy llamativo: allá, pocos piensan que todos sus políticos son corruptos, y un tercio se mantiene en un conservador (para la región, claro) estimado de menos de la mitad.

Es normal que percepción y preocupación por la corrupción vayan de la mano, siendo que allá donde es más alta una de las dos, también lo es la otra. Sin embargo, a veces se producen diferencias interesantes. Por ejemplo, cuando comparamos los valores de ambas entre sexos. Por regla general, los hombres son mucho más dados que las mujeres a responder “corrupción” o “mal gobierno” cuando son preguntados por el principal problema de su país, mientras que las segundas suelen irse más que los primeros por “crimen” o “situación económica”. Las mujeres, por el contrario, perciben la corrupción como más extendida que los hombres.

Tras de estas diferencias podría estar “una cuestión de marco”, según la economista, profesora e investigadora en temas de corrupción de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Elena Costas. “Una vez dentro del marco de la corrupción la evidencia es consistente: las mujeres son más sensibles a la gravedad del asunto. Sin embargo, en un marco abierto [como el de una pregunta en una encuesta en la que se inquiere a las personas sobre cuál es, en su opinión, el problema más importante] es posible que las mujeres destaquen aspectos más sociales”. Costas destaca que esto es solamente “una hipótesis” a la luz de los datos aquí reflejados, pero es sin duda una interesante.

Las diferencias entre percepción y preocupación también son llamativas cuando uno observa los mismos datos pero divididos por nivel de ingresos. Es patente que las personas de hogares con mayor poder adquisitivo mencionan más la corrupción como problema principal.

Esto es algo que cabe esperar: por regla general, las preocupaciones no materiales son más acusadas entre quien se puede permitir tenerlas porque ni su empleo ni el bienestar de su hogar peligran en todo momento. En contraste, el “todos los políticos son corruptos” no es necesariamente más acogido entre las rentas elevadas. Lo preocupante de esto es que quizás la movilización contra la corrupción no alcanza a los segmentos populares, menos preocupados pero más desencantados. Por ejemplo: en Colombia, por ejemplo, ni los adalides de la anticorrupción (mujeres como Claudia López, candidata vicepresidencial y por demás centrista) ni tampoco Gustavo Petro, exandidato presidencial, lograron reducir significativamente la abstención en las pasadas elecciones, que como siempre fue más marcada en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos.

La erosión de la democracia

La ideología y las preferencias partidistas, de hecho, juegan un papel primordial. Inevitablemente, las lentes a través de las que miramos al mundo político están teñidas por nuestros prejuicios. Sin embargo, resulta sorprendente hasta qué punto esto sucede con la corrupción: en los países con gobiernos que no son de izquierda, la percepción sobre su alcance total es mucho mayor entre personas de derecha o de centro.

Que las personas de derecha no vean corrupción donde las de centro e izquierda sí la ven resulta probablemente de un abismo en la percepción del problema. Estas brechas son peligrosas, porque por ellas se fragmenta también la confianza no sólo en los políticos, sino en las instituciones que ocupan.

Y es que quizás el dato más alarmante de todos sea que la preocupación por la corrupción y el mal gobierno va de la mano de la desconfianza institucional. Partidos, parlamentos, gobiernos locales e incluso el proceso electoral, base de cualquier democracia, se ven afectados: en países donde hay más preocupados por la corrupción, también hay menos base de confianza en todos ellos.

Es lógico, pero no por ello menos alarmante, que lo uno vaya con lo otro. Pero el hecho es que la actuación de las personas, así estén movidas por incentivos, está erosionando el prestigio de instituciones democráticas fundamentales en toda la región.

Las personas preocupadas por la corrupción en estos y otros países deberían mantener siempre presente que el mayor incentivo al que se puede enfrentar un político es perder su voto. Nada les da más miedo, pues al fin y al cabo sin él no son nada. Así que, en realidad, es ahora cuando la ciudadanía debería guardarle más fe a las instituciones, así como salvaguardar su integridad: porque de ellas depende el arma más potente que existe contra la corrupción.