La Amazonia no necesita nuevas guerras

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La Amazonia vuelve a quedar atrapada en una disputa geopolítica peligrosa. La publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS 2025) llega en un momento especialmente frágil para la región: retórica abiertamente bélica contra Venezuela, ataques armados a embarcaciones en el Pacífico y el Atlántico presentados como operaciones “anticrimen”, y un silencio diplomático inquietante frente a violaciones evidentes del derecho internacional, con la excepción del presidente colombiano Gustavo Petro, casi solo en su condena.

Todo ocurre mientras Ecuador rechaza en referéndum el retorno de bases militares estadounidenses y mientras Brasil, Colombia y Perú —los tres países con mayor territorio amazónico— se encaminan hacia elecciones decisivas, donde la seguridad y el control territorial serán ejes centrales del debate público.

En este contexto, la estrategia de Washington dice menos sobre el crimen organizado de lo que aparenta y mucho más sobre un intento de restaurar una hegemonía hemisférica que ya no encaja en la realidad latinoamericana. El documento vuelve a ubicar a la región dentro de un “hemisferio occidental” que debería permanecer bajo el “poder natural” de Estados Unidos. El libreto es conocido: una doctrina Monroe reciclada para el siglo XXI, ahora envuelta en el lenguaje del “narcoterrorismo”, la contención migratoria y la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

Pero entre líneas, el mensaje es claro: asegurar cadenas de suministro críticas, garantizar acceso a minerales estratégicos y proteger recursos naturales —incluidos los amazónicos— frente al avance de potencias externas, particularmente China. No es casual que la NSS 2025 coincida casi en fechas con la nueva estrategia china hacia América Latina, que describe a la región como una “maravillosa tierra, llena de vitalidad y esperanza” y apela a un lenguaje de cooperación, aunque con un interés igualmente explícito en el control de “recursos estratégicos”.

El enfoque estadounidense resulta aún más alarmante cuando la Amazonia atraviesa un ciclo simultáneo de crisis climática, expansión extractiva, economías ilícitas y violencia territorial. Redes transnacionales del oro ilegal, la cocaína y otros mercados globales han capturado extensas zonas, imponiendo sus propias reglas allí donde el Estado llega tarde o no llega. A ello se suma la presión de gobiernos que impulsan la minería y el petróleo en áreas altamente sensibles, profundizando conflictos sociales y debilitando ecosistemas clave para la estabilidad climática global.

Frente a este escenario, la respuesta de Washington no es nueva ni innovadora. Es una reedición de recetas fallidas: más armas, más operaciones especiales, más securitización de problemas que son esencialmente sociales, económicos y ambientales. La NSS 2025 evoca inevitablemente al Plan Colombia, al Plan Mérida y a toda una era de intervenciones que militarizaron la política pública sin transformar las condiciones que sostienen al crimen organizado. Lejos de debilitarlo, estas estrategias fragmentaron e intensificaron el poder criminal, sin afectar las enormes rentas de las economías ilícitas.

La Amazonia demuestra cada día que la seguridad no se construye desde helicópteros, ni con fumigación aérea, ni criminalizando a quienes —empujados por la falta de alternativas— dependen de la coca o del oro. La seguridad real exige lo que comunidades indígenas, campesinas y ribereñas repiten desde hace décadas: derechos territoriales fuertes, economías legales viables, acceso efectivo a la justicia, presencia estatal sostenida y participación comunitaria. Son estas comunidades las que mantienen la selva en pie y las que pagan el costo cuando los gobiernos optan por respuestas militarizadas en lugar de construir gobernanza.

Hoy la Amazonia está en una encrucijada. Puede avanzar hacia enfoques de seguridad integral, basados en cooperación regional y gobernanza comunitaria, como sugieren los esfuerzos recientes dentro de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) impulsados por Colombia y Brasil. O puede recorrer el camino que ofrece Washington: una versión ampliada del Plan Colombia aplicada a toda la cuenca amazónica y diseñada desde fuera.

El referéndum ecuatoriano mostró que los pueblos pueden resistir estas lógicas. En contraste, la prolongada crisis política peruana —agravada por iniciativas legislativas que debilitan el Estado de derecho— ha dejado un terreno fértil para la captura criminal de instituciones; el gobierno de Daniel Noboa coquetea con soluciones militarizadas; y Venezuela continúa hundiéndose en su propia espiral de corrupción, extractivismo y violencia.

En este momento crítico, América Latina está decidiendo su futuro: en referendos, elecciones, debates públicos, resistencias territoriales y en la construcción de autonomías locales. Ese es el camino que necesita ser fortalecido. Lo que la región —y la Amazonia en particular— no necesita es un retorno a esquemas de tutela externa que la reducen a un espacio de proyección militar y abastecimiento de recursos estratégicos.

La respuesta que exige la Amazonia es otra. No nuevas guerras, sino un nuevo pacto ecosocial. Políticas de seguridad que aborden las causas estructurales de la violencia: desigualdad persistente, ausencia estatal, corrupción, impunidad y falta de oportunidades económicas reales. Seguridad con justicia, con servicios públicos robustos, con ciencia, con economías propias y con respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos.

Frente a una estrategia estadounidense que mira al pasado, América Latina tiene la posibilidad —y la responsabilidad— de mirar al futuro. Un futuro donde la Amazonia no sea un territorio a controlar, sino un territorio a cuidar. Donde la seguridad no justifique la geopolítica, sino que garantice vida digna. Y donde las decisiones que definen el destino del continente se construyan desde los territorios y se respalden desde Bogotá, Lima, Quito, Caracas y Brasilia, no se impongan desde Washington.

Si la historia ofrece alguna lección, es esta: cada vez que la Amazonia fue militarizada en nombre del orden, perdió la selva, perdieron sus pueblos y perdió la democracia. Repetir ese camino no es una solución.