Seis metas y 76 billones de pesos: el plan de Colombia para atacar la pérdida de biodiversidad

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Colombia acaba de saldar una deuda. A pesar de ser el anfitrión de la Conferencia de Diversidad Biológica, COP16, que se desarrolla en la ciudad de Cali, el país se había retrasado en presentar su plan de acción nacional de biodiversidad, el documento que contiene la guía sobre lo que se debe hacer de aquí a 2030 para disminuir la pérdida de especies, plantas y ecosistemas. Se trata de un compromiso que Colombia adquirió, al igual que otros 195 países, en la anterior conferencia, COP15, celebrada en Montreal, Canadá, en 2022. Allí las naciones no solo crearon un marco global de 23 metas para frenar esta pérdida, sino que establecieron que en esta COP16 debían presentar cómo aterrizarlas a nivel nacional. Las cifras hasta el momento son algo desalentadoras: solo lo han hecho 35 de los 196 países que hacen parte del convenio.

El plan –que fue presentado por el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera, mientras que la ministra de la cartera, Susana Muhammad, asumía su cargo como presidenta de la COP16– es uno minucioso. Tiene seis metas nacionales, 30 acciones estratégicas, 89 indicadores y le da funciones a 15 de los 19 ministerios y a todas las regiones. Además, el documento señala que, para cumplir el 84% de lo que busca, se necesitarían 76,5 billones de pesos (19.435 millones de dólares) a 2030.

“Para revisar este documento se contó con la participación y consulta de 23.000 personas”, ha explicado Cabrera, quien agregó que el plan está interconectado con otras políticas esenciales del país, como los compromisos climáticos internacionales, el Plan Nacional de Desarrollo o la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

En pocas palabras, los objetivos se podrían resumir en que, para 2030, al menos 19 millones de hectáreas del país sean gestionadas desde la visión de cambio climático y la biodiversidad; que otras 5 millones de hectáreas sean reconvertidas a modelos productivos sostenibles o sean restauradas; que el 3% del PIB venga de la biodiversidad; que el caudal de las aguas residuales tratadas llegue al 68%; y que el 34% del territorio esté bajo alguna figura de protección.

Aunque el anterior Gobierno, el de Iván Duque, había dicho que ese porcentaje ya se había alcanzado con la protección del 37% de los ecosistemas marinos y el 31% de las áreas terrestres, Catalina Góngora, líder de Política Pública de The Nature Conservancy (TNC), explica que la novedad está en que el nuevo plan también incluye las aguas interiores: es decir, ecosistemas como los de agua dulce. “Se trata de algo catalítico”, señala la experta.

El sexto y último objetivo es lograr que se financie el plan, que requerirá una inversión de aproximadamente 10,9 billones de pesos (2.776 millones de dólares) cada año. Actualmente, según cálculos de la Contraloría General de la República mencionados en el documento, cerca del 41% de la financiación pública para gestionar la biodiversidad en Colombia viene del Gobierno nacional, un 32% del nivel territorial, 22% de las autoridades ambientales y el 5% de los recursos de las regalías. “Se estima que cerca del 65% de los requerimientos de financiación a 2030 estarían cubiertos por recursos públicos”, advierten.

Según recordó Cabrera, ejecutar este plan de biodiversidad también implica reevaluar los incentivos perversos que se dan a actividades agrícolas, energéticas y del turismo que terminan perjudicando la diversidad biológica. “Las finanzas perjudiciales representan aún un 7% del PIB de país”, ha explicado Carolina Díaz, directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación.

Aunque el reto que tendrá Colombia durante los próximos seis años es mayúsculo, entre las personas que se mueven por la COP16 hay un respiro de que ya exista el plan, y uno con indicadores tan detallados. Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, ha explicado a este diario que se trata de una estrategia prometedora en la que resalta cómo se involucró a las comunidades, el sector ambiental, a las ONG y los gobiernos subnacionales para tomar las decisiones.

“Hay que celebrar este compromiso”, agrega Góngora, consciente de los retos que se vienen, sobre todo en esa primicia de proteger ecosistemas de agua dulce. “Actualmente Colombia carece de una cartografía detallada de los ríos y de mecanismos de protección adecuados para estos ecosistemas. Los esquemas vigentes no consideran adecuadamente los sistemas acuáticos, su conectividad y su dinamismo”, agrega, y recuerda que una de las cosas que también le reconoce a este plan es que, para sacarlo adelante, se necesita del gobierno de comunidades locales, afro e indígenas.