Cumbre de la biodiversidad en Cali: solo 33 de 196 países han presentado sus planes a 2030 para frenar la pérdida de especies

En 1980, el biólogo Thomas Lovejoy, conocido como el padre del concepto de biodiversidad, se atrevió a hacer una suerte de predicción de lo que le esperaba al mundo. “Cientos de miles de especies se perderán irremediablemente al desaparecer sus hábitats”, escribió en un documento en el que también advertía que, para 2020, el 20% de las especies del planeta se extinguirían. Llegado a ese momento, hoy en día, se estima que un millón de los ocho millones de especies conocidas de animales y plantas están amenazas de extinción. Lovejoy, que murió en 2021, no andaba muy desencaminado.

Cambiar esta desastrosa tendencia, así como lograr un uso equitativo y sostenible de la biodiversidad, es precisamente el objetivo por el que representantes de todo el mundo se reunirán en la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU, conocida como COP16, en Cali, Colombia. Se trata del encuentro decimosexto al que asisten los países desde que se firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 1992, y que, desde entonces, ha sido ratificado por todos los países salvo Estados Unidos y el Vaticano.

Con un perfil menos mediático que las cumbres de cambio climático y bajo el lema “paz con la naturaleza” que le puso Colombia — un país donde los ecosistemas han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado y el más mortal para los defensores del ambiente y de la tierra—, esta COP16 pondrá énfasis en el reconocimiento de los saberes ancestrales, así como en saldar temas pendientes sobre los recursos genéticos y librar la que suele ser la batalla más grande de estas reuniones: quién pondrá los fondos para enfrentar la pérdida de biodiversidad.

Aterrizar la lucha contra la pérdida de biodiversidad

La historia de las negociaciones ambientales suele ser amarga y la que tiene que ver con la biodiversidad no es la excepción. Las 20 metas de Aichi que debían cumplir los países entre 2010 y 2020 fracasaron. Solo seis se lograron parcialmente. Sin embargo, en la conferencia anterior a esta de Cali, la COP15, que se realizó en 2022 (con dos años de retraso por la pandemia), en la ciudad de Montreal, Canadá, se llegó a un acuerdo histórico: el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, con cuatro objetivos y 23 metas, entre las que está proteger el 30% de los ecosistemas del mundo para 2030.

De la COP15 los países salieron con la promesa de que, para la siguiente conferencia, debían presentar su plan de acción de biodiversidad, una hoja de ruta sobre cómo pretenden cumplir a nivel nacional con lo establecido en el nuevo marco. Hasta el momento, sin embargo, sólo 33 países lo han hecho. Entre ellos, están España, que fue el primer país en presentarlo, y la Unión Europea, China, Japón, Canadá, México, pero no Colombia, país anfitrión.

Según la organización Ecologistas en Acción, “resulta esencial que durante esta COP se apruebe un mecanismo de seguimiento y una estrategia de movilización de recursos exigentes, que permitan especialmente que los países en desarrollo puedan implementar el Marco Mundial adecuadamente”.

Desde la creación del Convenio, uno de sus objetivos fue que los beneficios derivados de la biodiversidad se repartan de manera justa y equitativa. Pero este ha sido esquivo. En 2010, nació el Protocolo de Nagoya, que busca que cuando una farmacéutica recoge una planta en un país megadiverso y la utiliza para producir un medicamento, tanto el país como la comunidad local que protege la especie obtengan un beneficio.

El problema es que Nagoya, en la era de la digital, dejó un vacío. “La información genética de muchas especies de plantas y animales ya está en bases de datos abiertas que cualquiera que conozca del tema puede utilizar”, explica Rodrigo de la Cruz, experto en propiedad intelectual y parte del pueblo indígena quichua. “Así que, si una empresa usa esa información y crea un producto, ni las comunidades ni los países que alojan esa biodiversidad están recibiendo un beneficio”.

Durante las últimas conferencias se ha buscado superar esa brecha con varias propuestas, como crear un mecanismo multilateral que reparta los beneficios que se obtienen de esas secuencias digitales, incluyendo establecer un fondo exclusivo para esta cuestión. Uno de los puntos álgidos que, se espera, se negocie en la COP16 son los detalles de quién tendrá que alimentar el fondo, en qué porcentaje y cómo repartir el dinero que tenga. “También esperamos una discusión sobre cómo lograr que los países que están rezagados en digitalizar su información genética, lo hagan y puedan utilizarla”, aclara Catalina Góngora de The Nature Conservancy (TNC). “Es un tema que hay que nivelar para lograr una equidad de los recursos”.

La utilidad del conocimiento ancestral que guardan comunidades locales, afrodescendientes e indígenas alrededor del mundo está cada vez más claro. Lo sabe el convenio y lo saben los países. Sin embargo, la percepción de estos pueblos es que se habla de ellos, sobre sus saberes, pero no tienen voto en las decisiones de las conferencias.

Alexandra Narváez, de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe de Ecuador, lo dice de manera sencilla: “Se reúnen los Estados a hablar de la importancia del conocimiento ancestral, pero sin nosotros. Solo podemos observar”. Una de las peticiones que los delegados indígenas elevarán en la COP de Cali — comenta Gloria Erazo de la organización Ambiente y Sociedad — es que lo que hasta ahora es un grupo de trabajo sobre comunidades locales, indígenas y conocimiento tradicional se convierta en lo que se conoce como un órgano subsidiario. En palabras sencillas, buscan ser un grupo permanente que asesore al Convenio de Biodiversidad, que reciba financiación y que esté al mismo nivel de los dos otros órganos que existen actualmente: uno científico y otro que examina el progreso del convenio.

Fondo de biodiversidad

Otra de las cuestiones clave de esta conferencia es el dinero. El Marco de Kunming-Montreal recordó que se necesitan al menos 200.000 millones de dólares anuales para 2030 si se quiere frenar la pérdida de biodiversidad. Y los países desarrollados deben movilizar 20.000 millones de dólares anuales en 2025 y 30.000 millones anuales en 2030 para las naciones más débiles. Por decisión de la COP15, en 2023 se creó un fondo de biodiversidad albergado bajo la sombrilla del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, más conocido como GEF.

Pero la creación de este fondo de biodiversidad no es una decisión que tenga contentos a todos los países, o que se considere suficiente, de hecho, sólo cuatro países han aportado unos 244 millones de dólares. A la mesa se quieren llevar otras propuestas, como nuevas opciones de movilización de recursos, sacar o crear un fondo que no esté bajo el GEF o desarrollar mecanismos en los que el dinero llegue directamente a las comunidades indígenas, entre una larga lista de opciones.