Los municipios bolivianos que prohibieron la minería se enfrentan a las trabas de Gobierno

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Al llegar al centro de Palos Blancos, en el departamento de La Paz, uno se encuentra con la estatua de un hombre descamisado, de piel morena, con un racimo de plátano y un machete en el hombro. Una imagen simple pero de significado fuerte para este municipio, ubicado a unos 250 kilómetros al norte de la ciudad que alberga el Gobierno de Bolivia. “Nuestra región es beneficiada por tener suelos bastantes fértiles”, presume Paulino Catari, secretario municipal de desarrollo productivo. “Tenemos una diversidad de productos que dan cacao, variedad de cítricos, bananos, yuca, una infinidad de hortalizas, y de eso vive la gente”. Camiones llenos de estos productos salen cada semana a la ciudad de La Paz.

Con la intención de proteger su modelo productivo, el municipio adoptó en marzo de 2021 la ley municipal 233 que hace de Palos Blancos “un municipio agroecológico, productivo y libre de contaminación minera en el marco de la seguridad alimentaria”. El municipio vecino de Alto Beni siguió rápidamente su ejemplo, aprobando en julio del mismo año una ley similar. Se trata de casos únicos en Bolivia y en una región que ha sido azotada por la industria aurífera. Pero estos avances siguen siendo precarios y enfrentándose a desafíos, incluyendo el del propio Gobierno nacional.

En junio, la vicepresidencia de Bolivia presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para derogar ambas leyes, argumentando que los dos municipios no tienen competencia para legislar sobre el tema minero. “Hemos visto el daño que ocasiona la minería, la deformación de ríos, la contaminación con el mercurio y no queremos que esto pase acá, a pesar de tener recursos auríferos en el río Alto Beni”, explica Ramiro López Chávez, secretario general municipal de Palos Blancos, preocupado por el recurso de la vicepresidencia.

Protección frente a la amenaza minera

Para Palos Blancos y Alto Beni, la potencial derogación de las leyes sería una catástrofe. El territorio conformado por los dos municipios también es la cuna de la central de cooperativas productoras de cacao El Ceibo R.L., una agrupación de 48 cooperativas fundada en 1977, que comercializa chocolate en toda Bolivia y exporta cacao a países como Francia, Suiza, Japón o Estados Unidos. “Nuestros clientes internacionales tienen altas exigencias”, destaca Jesús Tapia, productor de la cooperativa Los Tigres y actual primer vicepresidente del consejo de administración de la central. “Por eso, tenemos varias certificaciones que atestan que nuestro cacao es orgánico, producido en parcelas agroforestales y no en monocultivo”, asegura desde la sede de la central, situada a unos diez minutos en coche desde el centro de Palos Blancos.

El lugar comprende varios edificios, separados por pasillos repletos de árboles de cacao. Frente a un gran comedor están instaladas varias plataformas donde secan los granos. “Nosotros vivimos de la producción de cacao. Si la minería llega a instalarse cerca, nuestras parcelas se van a contaminar y ya no sería posible exportar el cacao”, alerta el productor. Es el temor a ese avance minero que convenció a las autoridades de los dos municipios que una ley era necesaria “Una empresa intentó entrar con maquinaria, la gente se alarmó y con las autoridades se ha podido hacer un proceso porque habían estado de manera ilegal”. Por eso, la central de cooperativas apoyó la ley municipal 233, que consideran como una “protección frente a la amenaza minera”.

A unos kilómetros de la sede, la fundación Programa de Implementaciones Agroecológicas y Forestales (PIAF-El Ceibo), que pertenece a la central, tiene una parcela agroforestal de producción de cacao. Los árboles crecen junto a otras especies como el bananero o el toco colorado. “Esta forma de producir es más sostenible a la larga porque permite que el suelo quede fértil al contrario del monocultivo”, comenta Jhonny Tancara Jacinto, que trabaja en uno de lo viveros de El Ceibo. “Tenemos especies que recomendamos plantar con el cacao, sean frutales amazónicos como el copoazú o el achachairú, o maderables como el roble”. Cada año, las 48 cooperativas producen un total de 1.800 toneladas de cacao, del cual 65 % se destina a las exportaciones.

Ley departamental

Pero la voluntad de protección frente al avance minero no quedó solo en una ley municipal. En abril de este año, Palos Blancos y de Alto Beni lograron que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz adoptara una ley que declara los dos municipios “libres de actividad y contaminación minera”. Un alivio para los productores de El Ceibo, así como para otros sectores de la agricultura. “Incluso si no tienen certificaciones como nosotros, muchos de los productores agropecuarios locales producen de manera orgánica, entonces es una protección para todos”, recuerda Tapia. Para las autoridades de los dos municipios, que siempre van unidas cuando se trata de este asunto, es también una victoria. “Hay apoyos de muchos municipios y en la Asamblea Departamental nos han apoyado casi unánimemente”, señala López Chávez. “Hubo oposición, pero fue mínima”.

Pero la lucha aún no ha terminado. A inicios de julio, los alcaldes de Alto Beni, Beltrán Márquez, y Palos Blancos, Berman Arancibia, fueron a La Paz acompañados de sus concejales a entregar mapas de sus territorios libres de minería a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para que no se otorguen concesiones en estas zonas. Esto condujo a que esta autoridad suspendiera los trámites de licencia para actividades mineras en estos territorios a mediados de agosto.

Una buena noticia semanas después de que el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, presentara ante el TCP el proyecto para derogar las dos leyes municipales antiminería. El argumento del Gobierno es que los recursos naturales estratégicos, que incluyen minerales y fuentes de agua, son competencia exclusiva del nivel central del Estado. En otras palabras, que Palos Blancos y Alto Beni no tienen competencia para establecer leyes prohibiendo la minería en sus territorios. No es la primera vez que Choquehuanca arremete contra regulaciones de protección del medioambiente. A inicios de 2024, pidió la derogación de leyes de conservación del patrimonio natural del departamento de Santa Cruz, argumentando, otra vez, un conflicto de competencia.

El 17 de agosto, el vicepresidente Choquehuanca visitó el municipio de Alto Beni. A pesar de felicitar a las autoridades por su trabajo y las leyes antiminería, reafirmó que estas normas tenían que alinearse con la Constitución Política del Estado. “No la estamos abrogando, sino perfeccionando para mejorarla”, argumentó. Además de este recurso constitucional pendiente, Alto Beni y Palos Blancos ya están con el objetivo de hacer votar una ley de nivel nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Estamos buscando apoyos para presentar un proyecto de ley nacional, esto para seguir con lo que hacemos. Es decir, defender nuestro futuro y el bienestar de nuestra población”.