El Gobierno de Noboa apuesta por la “minería sostenible”; ¿es eso posible?

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No son las siete de la mañana cuando suena la sirena que convoca a los vecinos a la plaza principal de Las Pampas, una pequeña parroquia de la provincia de Cotopaxi, en la sierra ecuatoriana. Tres camionetas que generalmente transportan ganado esperan a un grupo de manifestantes para llevarlos a la cercana comunidad de Palo Quemado, donde la empresa canadiense Atico Mining quiere montar una mina de mediana escala. Desde el pasado julio, esta tranquila comunidad de poco más de 2.000 habitantes se ha convertido en el epicentro de las protestas antimineras en Ecuador.

Bajo la mirada atenta de unos militares alineados en la cima del monte que domina Palo Quemado, alrededor de 100 manifestantes se aproximan a la entrada del pueblo. Pero una brigada antidisturbios les cierra el paso. “Acá los suelos son campos verdes todo el año. Acá produce todos los días del año. No queremos minería porque no queremos arriesgar las fuentes de trabajo que venimos sosteniendo desde décadas y décadas atrás”, le dice a América Futura Luis Martínez, agricultor de Las Pampas de 37 años. La zona es reconocida por la producción de panela orgánica y de carne de calidad.

Desde 1996, varias compañías mineras se interesaron en el área de Palo Quemado, donde se han encontrado yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. En 2021, el proyecto minero La Plata empezó las exploraciones en la zona. Con una concesión hasta 2049, Atico Mining está ahora en la etapa de examen de factibilidad y quiere entrar en la fase de construcción, con una inversión de 75,90 millones de dólares hasta 2025. La producción debería empezar en 2026. Pero algunos agricultores locales tienen miedo de que las perforaciones puedan afectar la disponibilidad y la calidad del agua de estos páramos.

Atico Mining subraya que su prioridad es el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas y que implementa los estándares más estrictos de minería sostenible. Aseguran que el proyecto de La Plata será dotado de una infraestructura de tecnología avanzada, que incluye un sistema de relaves filtrados que permite un empleo eficiente del agua, reciclando “una gran cantidad del agua que se necesita para el funcionamiento de la planta procesadora”. Pero los habitantes de Las Pampas permanecen escépticos. “No nos convence eso porque ya hubo más antes y nos dejaron contaminada el agua”, cuenta Berta Chiribogan, de 63 años, refiriéndose al cercano recinto de Las Minas, donde hubo minera en los años 70 que acabó con las plantaciones de caña y de micay.

Un sector clave para el desarrollo, dice el Gobierno

La minería sostenible es también una apuesta económica del nuevo Gobierno de Ecuador. Al comienzo de marzo, el presidente Daniel Noboa viajó a Canadá para participar en la Convención Mundial de Exploración y Minería. Allí presumió de que la minería atrajo más de 4.000 millones en inversiones a su país, un rubro que definió como “crucial para la economía” por su creación de empleos y capacidad de generar “ingresos para las comunidades, los Gobiernos locales y el Estado”. Tras la reunión, el presidente ecuatoriano firmó acuerdos de inversión por un valor conjunto de más de 4.800 millones de dólares. Uno de ellos fue con Atico Mining para la mina de La Plata.

“La minería no representa el futuro del Ecuador. Es el presente,” le comenta a América Futura el viceministro de Minas, Andrés Delgado. Según la Cámara de Minería del Ecuador, las exportaciones mineras crecieron más del 19% en 2023, alcanzando 3.324 millones de dólares. Además, el sector representa el 51% de la Inversión Extranjera Directa que ingresa al país.

Delgado defiende que la transición global hacia una economía más verde requerirá cantidades masivas de minerales raros como litio, níquel, cobalto, manganeso, grafito y cobre, y cree que es una oportunidad que Ecuador no puede perder. “Existen yacimientos con un potencial enorme. En cuanto a cobre y sorprendentemente litio,” asegura el viceministro. Además, dice que los recursos mineros han sido poco explotados hasta ahora.

“A nosotros nos interesan inversiones de países y por ende del sector privado comprometido, que incluso tengan estándares [sociales y ambientales] mucho más altos que los nuestros”, cuenta Delgado, que ve en la minería responsable la posibilidad de brindar trabajos formales a las comunidades más pobres. En 2023, el sector minero generó 69.800 empleos entre directos e indirectos. Pero el viceministro espera que puedan llegar a más de 190.000 empleos al año.

Comunidades enfrentadas

El día después del anuncio de los acuerdos en Canadá, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) criticó duramente las afirmaciones de Noboa y lanzó una movilización en apoyo a las protestas de Palo Quemado. “Los pueblos indígenas no vamos a pagar otros 500 años la desgracia del desarrollo que ha significado para nosotros únicamente la contaminación y la devastación de la vida de nuestros territorios”, dijo el presidente de Conaie, Leónidas Iza.

Para empezar las operaciones, La Plata necesita recibir una licencia ambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). Este proceso incluye una consulta ambiental a los moradores de la zona sobre los posibles impactos negativos de la minería. La consulta está dirigida a los residentes de dos recintos de Palo Quemado, considerados en el área de influencia directa. Pero los de Las Pampas temen que la perforación les perjudique a ellos también. “Las Pampas también tiene territorio concesionado del proyecto”, alega Luis Martínez. Pero lamenta que ellos no puedan opinar. Como algunos de sus vecinos, Martínez está convencido de que a las voces críticas se les excluye de la consulta.

Según los activistas del frente antiminero, solo 70 habitantes de 1100 podrán dar su opinión. Y mientras en Las Pampas la comunidad se opone mayoritariamente a la minería, en Palo Quemado hay residentes que la ven como una oportunidad. “La población está incrementando y ya no hay fuentes de trabajo,” le dice a América Futura Victor Tocte, presidente de la Junta Administradora de Agua de Palo Quemado–Santa Rosa. “Si hay una inversión extranjera que venga y que dé oportunidades a nuestros hijos (...) yo lo veo bien.”

Una de sus vecinas, Rosa Masapanta, no está de acuerdo con sus afirmaciones y cree que muchos de sus vecinos tampoco, pero “tienen mucho miedo a las represalias de la gente que está al lado de la empresa minera”, asegura. América Futura ha contactado a La Plata, pero la compañía prefiere no expresarse sobre una consulta de la que es responsable el Gobierno.

Durante el mes de marzo, cuando se debía celebrar la consulta, hubo graves enfrentamientos entre quienes se oponen al proyecto y las fuerzas del orden. Finalmente, el Gobierno autónomo de Sigchos, el cantón al que pertenecen las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, presentó una acción de protección para que se suspenda la consulta ambiental. Un juez local congeló el proceso hasta que no escuchara a las partes involucradas.

De cualquier forma, la oposición a los proyectos mineros representa un problema para los planes de desarrollo del Gobierno, que subraya su compromiso con una minería responsable. Pero, ¿es eso posible? Para el viceministro Delgado, este tipo de minería debe coexistir y trabajar conjuntamente con pueblos y comunidades. Según él, quienes se oponen a estos proyectos, son una minoría.

Según la organización no gubernamental canadiense Mining Watch Canadá, el problema es la falta de un mecanismo institucional para medir la opinión de las comunidades locales. “Esta es la raíz de todos los problemas. Y, luego, la situación es explotada por las compañías mineras”, le dice a América Futura Viviana Herrera, coordinadora de la ONG para Latinoamérica. “Si no hay consentimiento ni respeto por los derechos humanos y de los pueblos indígenas, no podemos hablar de minería sostenible o responsable”. Además, Herrera teme que el comienzo de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Ecuador y Canadá pueda desatar un aumento de los enfrentamientos entre las comunidades locales y las compañías mineras.

El Gobierno del expresidente Guillermo Lasso intentó llenar el vacío legal, promulgando el decreto 754 para dar paso a las consultas ambientales. Pero, en noviembre, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional y encargó a la Defensoría del Pueblo desarrollar dos nuevos proyectos de leyes. El primero, sobre la consulta ambiental, fue presentado a la asamblea de Ecuador en marzo y está siendo examinado por la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales.

Mientras tanto, la gente de Las Pampas espera que el juez de Sigchos se exprese sobre la mina en Palo Quemado. Independientemente de su decisión, quienes se oponen a la minería no muestran intención de rendirse. “El Gobierno nacional debe entender, debe escuchar a las comunidades, porque gracias a este conflicto minero, nos estamos enfrentando entre comuneros, entre amigos, entre familia,” lamenta Martínez.