Un año después del referendo de Yasuní, la descarbonización es la deuda contrarreloj

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

El 2012, me decidí a escalar el volcán Cotopaxi. Desde su cima, a 5.897 metros sobre el nivel del mar, el aire es delgado y la vista rutilante al amanecer. Había ido a Quito invitado por Cancillería ecuatoriana para abordar lo que serían las negociaciones de un tratado sobre empresas y derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la cima del volcán, apreciaba en el horizonte la incontenible fuerza del anillo de fuego del Pacífico. Mas no alcanzaba a divisar las realidades de las tierras bajas.

En Ecuador, la huella del crudo en la Amazonia recae con dureza sobre los pueblos indígenas de cuyos territorios es extraído. Las tasas de cáncer en la población, especialmente en mujeres, son en algunas áreas las más altas del continente, e incluso han ido en aumento en la última década. Pueblos indígenas que viven en aislamiento en el bosque amazónico, y que dependen de un medio ambiente limpio y saludable, enfrentan una gran amenaza a su supervivencia.

Frente a estos graves impactos, el paradigma del desarrollo sostenible prometía la reconfiguración del proceso de desarrollo sobre la base de un diálogo social que pudiera integrar consideraciones ambientales. Para hacerlo una realidad, el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe busca fortalecer la participación informada en la toma de decisiones ambientales, entre otros derechos.

Bajo la Constitución del Ecuador, las consultas son particularmente visionarias del desarrollo concebido como un proceso de diálogo democrático. En el país, las consultas populares bajo la Constitución le han permitido a la ciudadanía abordar temáticas de innegable relevancia para el desarrollo.

En agosto del 2023, en consulta popular, la ciudadanía decidió mantener el crudo en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní indefinidamente bajo tierra. Los ecuatorianos hicieron valer su voz para mostrar la importancia de uno de los lugares más biodiversos del mundo, hogar de pueblos indígenas en aislamiento de inmensurable valor para pluriculturalidad del país y del planeta. Con su decisión, la nación ecuatoriana le dijo al mundo que una transición justa para hacer frente la emergencia climática depende de la descarbonización de las matrices energéticas.

Como resultado de la consulta popular, el Gobierno tiene plazo hasta el 31 de agosto de este año para poner fin a toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en el Bloque 43 del Yasuní. O sea, que el Gobierno ha tenido un año para darle cumplimiento al mandato popular. Sin embargo, las estadísticas sobre los volúmenes de extracción del Bloque 43 en el último año muestran que no ha habido acción para cumplir al mandato electoral.

En mayo, el Gobierno del Presidente Daniel Noboa dictó un Decreto Ejecutivo (257) que crea un comité ministerial, con la explícita “finalidad de cumplir la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de todas actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43″. Sin embargo, quedan pocos días para que expire el plazo establecido por la consulta popular, el cual fue además refrendado por dictamen de la Corte Constitucional. Es evidente que la realidad formal de un decreto administrativo no es equivalente a la realidad material del cese de operaciones extractivas en el Yasuní.

En mayo de este año, tuve la oportunidad de volver a Ecuador. En Latacunga, la capital administrativa de la Provincia de Cotopaxi, en mi rol como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y derechos humanos, participé en un evento público sobre minería y sustentabilidad. En la Casa de la Cultura, la sede del evento, diversos actores daban cuenta de una gran división en las comunidades frente a la posibilidad de proyectos mineros en el territorio.

Comuneros denunciaban amenazas a sus fuentes productivas y el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía y el ejército en el marco de un proceso de consulta. El obispo de la diócesis de Latacunga hablaba de la desproporción por la entrada de 500 efectivos militares en un poblado de 1.100 habitantes. Por su parte, la Compañía Minera La Plata S.A. sacaba un comunicado público donde acusaba el ingreso de grupos violentos ajenos a la comunidad para obstaculizar y sabotear la consulta.

La falta de seguridad ciudadana en el Ecuador ha capturado titulares alrededor del mundo. Esto tras el asesinato del entonces candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, la fuga de la cárcel de conocidos narcotraficantes de los carteles Los Lobos y Los Choneros, el ataque al estudio de Televisión TC, entre otros. En ese contexto volátil, el Gobierno ha argumentado que necesita mayores recursos en la guerra contra el crimen organizado. Y, por eso, muchos ven en nuevos proyectos mineros y la continua extracción de petróleo en la Amazonía la fuente de ingresos necesarios para la estabilidad del país.

Sin embargo, la actividad económica no puede justificar violaciones de los derechos humanos. Durante mi reciente visita, pude constatar diversos casos de incumplimientos de sentencias judiciales que buscan proteger derechos fundamentales frente a la contaminación generada por prácticas extractivas insostenibles.

Por ejemplo, está el caso de mecheros usados para quemar gases que genera la extracción de crudo, donde la Corte Provincial de Sucumbíos ordenó el retiro de mecheros que se encuentran aledaños a centros poblados. Sin embargo, el plazo establecido por la Corte ha sido incumplido, e incluso hoy hay más mecheros que en el 2021, cuando la corte dicta su sentencia. Esto expone a la población a sustancias cancerígenas y agrava la emergencia climática por las emisiones de potentes gases de efecto invernadero. Asimismo, está el caso Sarayaku, dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ordena el retiro de explosivos que fueron tendidos para la exploración de petróleo en violación de las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos.

También pude constatar la falta de cumplimiento de resultados de procesos de consultas. Un ejemplo claro es la falta de retiro ordenado y progresivo de las actividades e instalaciones de extracción de crudo del Parque Nacional Yasuní.

El cumplimiento de fallos judiciales y de los resultados de consultas no puede ser barajado por el Gobierno del presidente Noboa simplemente como otro cálculo político coyuntural. El respeto a los derechos humanos es la base de la legitimidad de todo acto de poder público. Esto incluye la observancia del derecho a la protección judicial y a la participación en la toma de decisiones ambientales.

En particular, el Gobierno ecuatoriano debe dar cumplimiento de manera inmediata a la decisión de la consulta popular sobre el Yasuní y disponer el cese de las actividades de extracción de crudo. Es en el respeto al estado de derecho donde Ecuador encontrará la fortaleza necesaria para hacer frente a la grave amenaza del crimen organizado y transitar hacia un desarrollo sostenible para todos sus habitantes.