Línea 5: la disputa por un río de 12 tribus nativas americanas y una petrolera canadiense
Al reconocer la vulneración de derechos de las comunidades, el Departamento de Justicia pidió una remuneración económica. Estas, sin embargo, piden el cierre del oleoducto por considerar que pone en peligro a los Grandes Lagos
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Todo empezó con el accidente de un helicóptero que el 29 de octubre de 2018 se cayó en una zona remota de la reserva Mashkiiziibii, al norte de Wisconsin. El impacto reveló la existencia de un oleoducto que la mayoría desconocía. Fue así como muchas de las tribus nativas americanas que habitan ese territorio se dieron cuenta de que ese pequeño pedazo correspondía a una enorme tubería que recorre Wisconsin y Michigan y atraviesa las tierras de la comunidad indígena Bay Mills en Michigan y de la comunidad Bad River Band del lago Superior Chippewa.
Era un pedazo de la Línea 5, un oleoducto de más de mil kilómetros operado por el gigante petrolero canadiense Enbridge. Esta compañía, que factura unos mil millones de dólares, transporta hasta 23 millones de galones de petróleo crudo y gas natural líquidos diariamente. Según el tratado de naciones tribales y los propios juzgados, estas tierras están reservadas para las comunidades indígenas, pero lo construyeron basándose en unos cuestionados acuerdos de hace dos siglos. La solución que parecen ofrecer tanto el Departamento de Justicia como la firma es la misma: dinero. Pero las 12 comunidades indígenas de Michigan solo piden el cierre de la compañía en sus territorios, ya que aseguran que la Línea 5 pone en peligro a los Grandes Lagos, que contienen el 84% del agua dulce superficial de América del Norte, y proporcionan agua potable para hasta 40 millones de personas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) se pronunció por primera vez a mediados de abril sobre este caso judicial federal entre las comunidades y el gigante canadiense Enbridge, quienes llevan más de una década disputándose el río. La empresa sigue explotando su oleoducto, 11 años después de que expirara un antiguo tratado “oscuro y obsoleto” por el que se podían explotar las zonas habitadas por las tribus nativas. Y tras la decisión de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en 2020 de terminar con ese “acuerdo” y ordenar su clausura.
El estrecho de Mackinac, en el norte de Michigan, es un área única de los Grandes Lagos, un canal de cuatro millas de ancho por el que transcurren cantidades colosales de agua entre los lagos Michigan y Hurón. Por eso le llaman el corazón de agua dulce más grande del mundo. Un estudio de la Universidad de Michigan concluyó que esta es la peor ubicación posible para un oleoducto en los Grandes Lagos. Las corrientes —que pueden ser diez veces más fuertes que las Cataratas del Niágara y cambian de dirección cada pocos días— hacen que la recuperación de un vertido de petróleo sea casi imposible.
Aunque Beth Wallace, directora de campañas de Aguas Dulces de la Federación Nacional de Vida Silvestre (NWF, por sus siglas en inglés), asegura no hablar “por las comunidades tribales”, da cuenta de las vulneraciones a sus derechos: “Al invocar un tratado obsoleto y oscuro de 1977, Canadá está poniendo en peligro los derechos de los grupos indígenas soberanos, además de inmiscuirse en los derechos de los Estados a determinar si los oleoductos pueden operar en sus tierras”.
El escrito del DOJ, presentado ante el Tribunal de Apelación del 7º Circuito y hecho público el 10 de abril, afirmaba que Enbridge está “invadiendo conscientemente tierras tribales”, como ya había reconocido otro Tribunal de Distrito de EE UU en junio de 2023. Sin embargo, criticó la sentencia inicial, por conceder a la tribu únicamente una “cantidad mísera que permite a Enbridge beneficiarse generosamente de su intrusión”. El juez William Conley concedió a la tribu 5,1 millones de dólares en concepto de restitución por 10 años de infracciones pasadas y presentes por parte de Enbridge. El juez Conley le dio tres años para desviar el oleoducto o prepararse de otro modo para su cierre. Pero Enbridge está buscando permisos estatales y federales para desviar la tubería a través de los humedales que bordean los límites de la reserva, un proceso que podría llevar más de tres años y que tampoco tiene garantías de éxito.
Si bien el amicus curiae [presentación de terceros a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica] del DOJ afirma que permitir que continúe la acción de Enbridge “envía un mensaje problemático a otros que quieran invadir tierras indígenas, en el sentido de que pueden retener una cantidad sustancial de sus beneficios que sean apropiadamente atribuibles a la invasión”, no es tajante con su desmantelamiento. Así, la justicia estadounidense propone un pago mayor para que siga operando, cuyo monto no especificó. La empresa sí hizo su oferta: 80 millones. En una carta pública, la firma sugiere esta cantidad “para resolver disputas pasadas” y “discutir un acuerdo mutuamente beneficioso”. Y añade: “Es contraproducente continuar con esta disputa, cuando deberíamos trabajar juntos para proteger el medio ambiente y mantener la Línea 5 operando de manera segura hasta que el oleoducto sea retirado de la Reserva Bad River”.
“Estamos decepcionados ante esta decisión que promueve el bienestar corporativo de una compañía de combustibles fósiles, por encima de las personas y la vida silvestre de los Grandes Lagos”, dijo Mustafa Santiago Ali, vicepresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Vida Silvestre, en un comunicado. “Seguimos apoyando a Bad River Band en su lucha por eliminar una bomba de tiempo, impuesta por Enbridge de sus tierras”.
“El riesgo es injustificable”
Un vertido de petróleo, señalan las organizaciones ambientales, sería totalmente devastador para todo el ecosistema de los Grandes Lagos, la economía y el modo de vida de las personas y la fauna del territorio. En el documental Bad River, dirigido por Mary Mazzio, varios miembros de la comunidad no hablan de “si se da un vertido”, sino “cuando se dé un vertido”. “Va a ser horrible”, auguran. En los últimos 50 años, el oleoducto ha tenido al menos 33 derrames, liberando un total de 1,3 millones de galones de producto al medio ambiente. En 2010, de hecho, la línea 6b derramó más de un millón de galones de petróleo de arenas bituminosas en el sistema del río Kalamazoo, también en los Grandes Lagos. “Sabemos sin lugar a dudas que la Línea 5 ya no puede operar en este lugar; el riesgo es injustificable”, dice un comunicado de NWF.
“Tememos que será necesaria una nueva falla de la Línea 5 y el desastre de un derrame de petróleo para que nuestra posición sea tomada en serio”, dijo la presidenta de la Comunidad India de Bay Mills (BMIC), Whitney Gravelle, a medios locales. “No se trata sólo de tribus, se trata de agua potable, se trata de vida. Se trata de cada ciudadano estadounidense y de preservar nuestros recursos naturales para las generaciones venideras”.
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