Protestas masivas en Panamá en rechazo a una concesión para explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica

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La firma de un contrato ley que da una concesión por 20 años prorrogables a la filial de una empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica ha provocado unas inéditas protestas en Panamá que han dejado varios heridos, decenas de detenidos, choques entre policías y manifestantes y el cierre de carreteras importantes en todo el país. Los gritos de repudio han llegado hasta las puertas del Hotel Marriot de la capital, donde ministros de Ambiente, miembros de ONGs y tomadores de decisiones de la región se reúnen con motivo de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe.

“Cambio climático y minería matan”, se leía en una de las pancartas de los manifestantes que se acercaron al evento en rechazo al contrato minero firmado entre el Estado y la empresa Minera Panamá – subsidiaria de la canadiense Firts Quantum Minerals -, aprobado como ley por el Gobierno de Laurentino Cortizo el viernes pasado. “El documento tiene lesiones al Estado panameño en prácticamente todas sus cláusulas”, critica Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible.

Los motivos que más indignan a quienes se oponen al proyecto son dos: uno, que el contrato parece haberse hecho a espaldas de la comunidad. La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el Gobierno en un tiempo récord: solo en tres días. Además, según cuenta Banfield, no se le permitió a la gente consultar bien el documento desde el principio y antes de que entrara a los debates. “La plataforma no permitía descargar el documento, tampoco conocer las opiniones que las personas vertían y mucho menos saber a dónde iba a parar lo que uno pudiera opinar. No es hasta que este documento entra al primer debate en la Asamblea Nacional que, a propuesta del diputado Juan Diego Vásquez, se logra establecer una discusión con la participación ciudadana”, explica la activista.

Para el abogado y exdiplomático Roberto Ruiz Díaz, esto supone una violación al Acuerdo de Escazú, del que Panamá es parte. Sobre todo, porque se necesitaba una mayor participación ciudadana ante la continuación de un proyecto de esta magnitud. Se trata de una mina de cobre de unas 12.000 hectáreas, ubicada en el Caribe panameño, en la provincia de Colón, sobre el corredor biológico mesoamericano. Es decir, sobre un área protegida. Aunque la mina ya venía operando desde 1997, lo que hizo el Gobierno fue aprobar un nuevo contrato por 20 años, que podría prolongarse hasta 40.

Por esto también preocupa su impacto ambiental. “En materia de agua, ellos podrán desviar, retener y crear sus propios reservorios, desde las fuentes hídricas naturales, poniendo en riesgo el agua para consumo de la población aledaña y, en el futuro, de la posible ampliación de las fuentes para el Canal de Panamá”, dice Banfield. Además, medios como Bloomberg han encontrado que el proyecto, que operaba con un antiguo contrato, mantiene seis investigaciones en curso por posibles daños al ambiente, al patrimonio histórico y a la administración pública, además de haber recibido 11 denuncias. La empresa Minera Panamá no ha respondido al pedido de América Futura para comentar al respecto.

Por su parte, Roberto Cuevas, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), considera que la presencia de la empresa sobre este terreno protegido ha ayudado a su protección, pues, asegura, antes de que llegara la compañía, el Estado nunca destinó recursos para su conservación. “No se trata solo de declarar áreas protegidas, hay que invertir plata para hacerlo”, dijo en declaraciones a América Futura. Además, garantizó que la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental con más de 100 puntos que deberá cumplirse a cabalidad y recordó que hay más de 7.500 empleos relacionados con la mina que podrían perderse si el contrato no se hubiese aprobado.

Una historia de larga data

La relación de los panameños con esta gran mina de cobre, la más grande de Centroamérica a cielo abierto, no es nueva. El primer contrato para activarla se firmó en 1997, pero fue demandado por el Centro de Incidencia Ambiental por inconstitucional en 2008. En 2017, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, pero no fue hasta 2021 que esta decisión fue publicada en la Gaceta Oficial, la plataforma en Panamá que hace los documentos públicos y oficiales, tras apelaciones presentadas por abogados de la empresa. Fue durante este periodo, explica Ruiz Díaz, que Minera Panamá empezó a exportar cobre, en 2019.

El nuevo contrato se empezó a negociar entre la empresa y el Gobierno en 2022 y no fue hasta marzo de 2023 que la gente lo conoció. “El anterior contrato [el de 1997] sí le daba muchos beneficios a la empresa”, comenta Cuevas, explicando que la versión aprobada es una gran mejoría. Por ejemplo, le exige a la empresa a pagar impuestos – lo que no tenía el antiguo – y le impone un plan de cierre y desmantelamiento de minas. Igualmente, acuerda que la empresa le debe dar al Estado, por mínimo, 375 millones de dólares anuales por explotar la mina así el precio del cobre caiga, por lo que, según cálculos de Cuevas, en otro escenario puede dejar muchísimo más al país.

Pero para muchos sigue tratándose de un contrato sobre el que se necesita mayor discusión, por lo que el nuevo documento, a la fecha, ya tiene tres demandas. “Aquí no solo se trata de una mina”, comenta Serena Vamvas, activista ambiental, “sino sobre si el país quiere abrirle las puertas a las otras 130 concesiones que se están tratando de hacer. Es sobre si queremos pasar de ser una economía del tránsito [con el canal de Panamá], a una extractivista. Y eso lo que hay que contemplar”.

En medio de las marchas y las protestas en su contra, el martes, el presidente Cortizo se pronunció sobre el rechazo al proyecto y lo hizo para cargar contra los manifestantes: “Panamá está en pleno proceso de recuperación económica, pero los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas y se dificulta la atención de pacientes en riesgo”, señaló en un discurso dado a través de los canales de televisión y replicado en X (antes Twitter). El mandatario también defendió de nuevo al contrato ley afirmando que salvaguardaría 9.387 puestos de trabajo y que, el dinero que entrara por este, permitiría hacer mejores pagos a la población jubilada y pensionada.

Mientras, las calles siguen en pie de lucha al grito de “Panamá no se vende”. El miércoles, por ejemplo, se sumaron el gremio de médicos y los educadores públicos que suspendieron las clase este jueves y viernes. Los medios locales han reportado escasez de productos en supermercados, fuertes dispositivos de seguridad y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.