Las empresas de la Unión Europea que miran a otro lado frente a los problemas en el cultivo de soja en Sudamérica

Mucho se ha dicho sobre cómo la soja que se consume en Europa y Reino Unido está relacionada con la deforestación de Brasil y Argentina. Sin embargo, poco se conoce sobre lo que pasa con esta industria en un país vecino, Paraguay. “Es el cuarto exportador de este grano a nivel mundial. Pero como, en este caso, la deforestación ya sucedió en gran escala entre 1973 y el año 2000, no se le ha dado tanta atención a lo que sucede con la soja en este país”, comenta Toby Hill, investigador principal de un informe que acaba de publicar la ONG Global Witness, en el que se asegura que esta industria en Paraguay estaría involucrada con desplazamiento de comunidades indígenas, intoxicaciones, criminalizaciones y represión.

El reporte, titulado Comidas contaminadas: cómo la industria cárnica de Europa contribuye con los abusos de derechos humanos en Paraguay, rastrea toda la cadena de la soja: desde las granjas que la cultivan, pasando por las empresas que la exportan, hasta compañías que la usan para alimentar a su ganado para producir carne y pollo. De forma ya sea directa o indirecta, concluye Global Witness, “la situación ha alentado a las empresas occidentales a hacer la vista gorda”.

Uno de los casos que reseña la ONG, por ejemplo, es de las multinacionales Cargill y ADM, que gestionan el 40% de las exportaciones de soja de Paraguay. Según el reporte, ambas empresas, a través del intermediario Copranar, compran este grano de las fincas de Agrícola Entre Ríos, German Hutz y Agro Integration, las cuales se han disputado la propiedad de la tierra con las comunidades indígenas de El Cerrito, en Alto Paraná, y los Ka’a Poty, locales ava guaraní, un poco más al sur, causando desplazamientos forzados. “La policía ha desalojado a la comunidad en tres ocasiones disparando pistolas y usando gas lacrimógeno para expulsar a los residentes y, más tarde, quemando sus casas y su templo, destruyendo sus cultivos y matando a sus animales. Tras el tercer desalojo, en mayo de 2022, los miembros de la comunidad se quedaron sin hogar”, señala el informe sobre el primer caso.

Otra denuncia que hacen tiene que ver con intoxicaciones que habrían sufrido las comunidades cercanas a las fincas de soja por fumigaciones que no cumplen con la ley paraguaya. En la colonia Yeritú, de la comunidad canindeyú, 22 personas fueron hospitalizadas por síntomas que la clínica registró como “envenenamiento químico”, señala Hill. Incluso, Rubén Portillo, de 26 años, falleció tras llegar con dolorosas erupciones en la cara y los dedos. Y, aunque no se puede saber aún a ciencia cierta la razón de su muerte y de las otras 22 intoxicaciones, debido a que nunca se condujo una investigación rigurosa, sí hay documentos que aseguran que hubo irregularidades con las fumigaciones.

“Una investigación de inspectores del Ministerio de Ambiente encontraron una serie de violaciones”, agrega el investigador, entre las que se incluyen soja sembrada justo al lado de residencias familiares sin ningún borde de amortiguación como lo obliga la legislación nacional y lavar los tanques de fumigación en los mismos caños en donde las personas tomaban su agua “Gracias a los análisis, en el agua del pozo del que bebía la familia Portillo, se encontró endosulfán, aldrín y lindano, plaguicidas prohibidos o de uso restringido en Paraguay”, también señala Global Witness, advirtiendo que las empresas que tienen esta mala práctica son Hermanos Galhera y Cóndor Agrícola que, de nuevo, le venden soja a Cargill y ADM. De hecho, el caso fue tan visible que en 2019 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó que nunca se investigara el tema de manera efectiva, ya que, incluso, “nunca se hizo una autopsia del cadáver a pesar de haber sido requerido en cuatro ocasiones”.

La soja que nació de esos conflictos, además, habría podido llegar a grandes vendedores de pollo como 2 Sisters, en Reino Unido, y Danish Crown, la mayor empresa de carne en Europa. Lo que implica, dice el reporte, que la venden gigantes corporaciones como Tesco, Marks and Spencer, KFC y Nando’s, Sainsbury’s, Carrefour, Intermarché, Lidl y Netto. En el informe, Global Witness asegura que las empresas involucradas fueron consultadas sobre los hechos y respondieron, en su mayoría, que no conocían estas violaciones, pero que iban a iniciar investigaciones.

“Las compañías no saben si están sacando tierra de estas granjas con violaciones de derechos humanos y, en cierto modo, no podemos decir que definitivamente lo están haciendo. Pero lo que sí podemos decir es que no saben si lo están haciendo. Así que hay un riesgo estructural de que estén tomando soja de estas granjas y de que el simple hecho de no saberlo, en nuestra opinión, es una negligencia”, es como lo resume Jago Wadely, autor del reporte. América Futura también contactó a las exportadoras de soja Cargill, ADM y Bunge, también mencionada en el informe, pero solo recibió respuesta de la primera.

“Nos tomamos muy en serio este tipo de acusaciones y, como parte de nuestro proceso de quejas, hemos iniciado inmediatamente una investigación. Si se descubre alguna violación de nuestras políticas, pondremos fin a la relación con los productores mencionados”, afirmó Cargill, también recordando que están comprometidos con los derechos de tenencia de tierra de los pueblos indígenas y que siguen las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre este tema.

En cuanto a las empresas que venden la carne al consumidor, Wadely señala que los exportadores de soja tienen una estrategia muy hábil para garantizar esa confusión: mezclar soja de granjas certificadas con la de granjas en donde ocurren violaciones de derechos humanos como las mencionadas anteriormente. “Los supermercados y minoristas están tratando de entender. Las empresas cárnicas también. Pero los comerciantes de soja son la caja negra. Solo ellos saben a quién compran y a quién venden, y saben que lo mezclan todo. Pero no quieren la transparencia que quieren los minoristas y que quieren los consumidores”, agrega Wadely.

Frente a esto él cree que, como consumidor - a quien le queda casi imposible navegar los datos y saber si su hamburguesa de pollo tiene soja relacionada con violaciones de derechos humanos - lo clave es pedir a los Gobiernos que creen una regulación que responsabilice legalmente a toda la cadena por estas violaciones, que “todos rindan cuentas”. En Europa, de hecho, actualmente hay dos propuestas de leyes para que esto suceda: el reglamento sobre deforestación y la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. El fin de ambas es similar: que se llevan controles más estrictos en la cadena de suministros de los productos que llegan a la Unión Europea. “Si esto no se aprueba o si se hace de manera muy laxa, el problema de la soja en Paraguay no se evitará”, concluye Wadely.