Petro choca con los alcaldes de las capitales ante los temores de una descertificación en la lucha contra el narcotráfico

Los temores de que la Administración de Donald Trump desapruebe a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de sus enormes esfuerzos, ha crispado el debate público y provocado el enésimo choque entre el presidente Gustavo Petro y los alcaldes de las principales ciudades del país. En la semana definitiva de cara a una inminente decisión de la Casa Blanca, los alcaldes Federico Gutiérrez, de Medellín, y Alejandro Eder, de Cali, emprendieron una visita a Washington enmarcada en las crecientes preocupaciones sobre el deterioro de la seguridad, y los esfuerzos por evitar o mitigar cualquier tipo de sanción. Ese viaje desató la furia del Gobierno, que se lo tomó como un desafío.

El propio Petro escaló la controversia. “Puede viajar a donde se le dé la gana, pero para asuntos de política exterior colombiana, alcalde que suplante las funciones constitucionales del presidente comete un delito”, afirmó en alusión a Fico Gutiérrez, con el que suele sacarse chispas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, añadió que se propone denunciar a los dos alcaldes que están en Washington por “usurpación de funciones”, e insinuó que también lo podría hacer por abandono del cargo, un debate que por momentos adquirió tintes legalistas. “Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público”, insistió a medida que la polémica subia de tono.

La discusión sobre la descertificación le corresponde “netamente” a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, “no intervenimos en ese punto”, concedía este martes Gutiérrez, un enconado opositor que suele enarbolar la bandera de la seguridad, en un video grabado desde Washington. “Pero eso sí, como alcalde de Medellín y como colombiano sí me preocupan los efectos de una descertificación, pues tendría repercusiones en la falta de apoyo a nuestra Policía, Ejército, Fuerzas Militares y Fuerza Pública en el combate de las estructuras criminales”, además de poner en riesgo millones de empleos, advirtió. “Estamos aquí pese a las amenazas de Petro y su Gobierno; nuestra responsabilidad como alcaldes es trabajar también por nuestras ciudades y nuestra gente”, aseguró.

“Las consecuencias de una descertificación las sentiríamos directamente en Cali”, lo secundó Eder, que suele mantener un tono más conciliador, en otro pronunciamiento. “Solo con el tema de seguridad, en los últimos cuatro meses hemos sufrido cuatro ataques terroristas que han dejado ocho muertos y 150 caleños heridos”, recordó el alcalde de la tercera ciudad de Colombia, que sufre el acecho de las disidencias de Iván Mordisco que se levantaron de la mesa de diálogos con el Gobierno. “Desde Washington estamos trabajando para que se mitiguen los efectos de lo que vaya a pasar. Con o sin descertificación, necesitamos tener relaciones más fuertes, más sólidas y más profundas con Estados Unidos”, dijo.

En un primer momento, cinco alcaldes planeaban viajar a Estados Unidos para, entre otras, evitar que Colombia sufriera la descertificación, una medida que Washington no ha tomado desde el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998). La agenda incluía reuniones con congresistas y funcionarios –entre ellos, el subsecretario de Estado, Christopher Landau–. Pero el de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue el primero en anunciar que se quedaba para atender compromisos en la capital colombiana. Tampoco acudieron el de Cartagena, Dumek Turbay, ni el de Barranquilla, Alex Char, quien sí envió una delegación. Con matices, ese grupo de gobernantes locales ha coincidido en mantenerse crítico con respecto a la gestión de Petro. Los cinco incluso habían derrochado sintonía al presentarse arropados por la bandera de Colombia como un frente unido en el reciente congreso de la Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI, en Cartagena de Indias. Allí además se reunieron con los dos congresistas estadounidenses de raíces colombianas, el republicano Bernie Moreno y el demócrata Rubén Gallego. Pero ahora las fisuras han quedado a la vista.

En un país centralista, en el que el gobierno nacional ha hecho varios intentos por sobrepasar la autonomía de los gobiernos locales, la relación no ha sido fácil. Pero es paradójico que el penúltimo enfrentamiento se genere justamente en un tema en donde parecía haber consenso, señala la internacionalista Sandra Borda. Ambos gobiernos, locales y nacional, deberían tener interés en que Estados Unidos certifique el desempeño de Colombia en la guerra contra las drogas. “Los beneficios de la cooperación estadounidense son importantes en ambos niveles y ambos tipos de autoridades son representantes de una preferencia nacional en favor de que la relación con Washington funcione y no se altere gracias a una eventual descertificación”, apunta la profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes, quien fue consejera para las relaciones internacionales de la Alcaldía de Bogotá – un cargo que también ocupó el hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, cuando Petro fue alcalde de la capital, entre 2012 y 2015–.

La diplomacia colombiana aún intenta a toda costa evitar la temida descertificación, una medida que suele venir acompañada de sanciones diplomáticas y económicas que pueden tener repercusiones en campos tan diversos como la cooperación internacional, la seguridad, el comercio, el empleo o el turismo. En principio, la gestión de los alcaldes en Washington le convenía al Gobierno Petro, que mantiene una relación tensa con la Administración Trump. “Quedó todo muy desdibujado, terminó enredado, no siento que haya salido ganador nadie. Salieron perdiendo las ciudades, porque quedó en entredicho la labor de la diplomacia subnacional, y también el Gobierno, porque quedó mezquino”, valora Borda.

Colombia es el primer productor mundial de cocaína, pero también un tradicional aliado de Estados Unidos en la región. Con 253.000 hectáreas de hoja de coca al cierre de 2023, los cultivos ilícitos en el país andino se mantienen en niveles sin precedentes. La decisión de la Casa Blanca se debe conocer antes del próximo lunes, con tres posibilidades en el horizonte: una certificación plena, una descertificación parcial o una descertificación total. Los escenarios de descertificación son probables, como advierte un reciente análisis la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham, en momentos en que el tradicional apoyo bipartidista en el Congreso norteamericano con respecto a Colombia se ha erosionado y las relaciones entre Bogotá y Washington se han deteriorado.