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Un caso de corrupción en el sector energético salpica al Gobierno y al entorno de Zelenski

Timur Mindich, amigo y socio del presidente, huye de Ucrania pocas horas antes de que su domicilio fuera registrado

Herman Halushchenko
Cristian Segura

Miles de ucranios se manifestaron el pasado julio, por primera vez en los casi cuatro años de guerra, para defender la independencia de las agencias anticorrupción del país. El presidente, Volodímir Zelenski, tuvo que retirar un proyecto de ley que ponía a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) bajo el control del Gobierno. La población se rebeló precisamente para que estos dos organismos actuaran como lo han hecho este lunes. La NABU y el SAPO han presentado pruebas de un posible fraude millonario en la empresa estatal de energía atómica Energoatom. Además de registrar las oficinas de Energoatom, han hecho lo mismo en el domicilio del ministro de Justicia, German Galushchenko, y de un amigo íntimo de Zelenski, el empresario Timur Mindich.

Mindich cruzó la frontera pocas horas antes de llevarse a cabo el registro, según avanzó el diario Ukrainska Pravda. Mindich es socio de Zelenski en Kvartal 95, la productora audiovisual con la que el presidente triunfó como actor y productor. El nombre de este empresario fue una de las razones que se barajaron en julio para explicar la propuesta exprés que presentó Zelenski en el Parlamento para modificar la autonomía de la NABU y el SAPO. Los partidos de la oposición Golos y Solidaridad Europea dieron por hecho que la Fiscalía anticorrupción cuenta con cientos de horas de grabaciones de Mindich en las que podría verse afectado el círculo más directo del presidente.

La NABU ha hecho públicos este lunes audios que confirmarían que altos cargos del Gobierno, de Energoatom y de otros organismos públicos exigían mordidas de hasta el 15% para adjudicar contratos públicos o para que los beneficiados no perdieran su favor. Las agencias anticorrupción también tendrían pruebas de que se presupuestaba la compra de material técnico hasta tres veces por encima del valor real.

Galuschenko, uno de los ministros más veteranos en el Gobierno de Zelenski, fue titular de Energía hasta el pasado julio. Se desconocen los detalles de la posible vinculación de Mindich con esta supuesta red de fraude en torno a Energoatom. Yaroslav Zehelzniak, diputado del partido de la oposición Golos, ha asegurado en sus redes sociales que la NABU investiga a Mindich por hacer de intermediario entre altos cargos del Ministerio de Energía y empresas contratantes.

Hasta ahora se barajaba la posibilidad de que Mindich estuviera investigado por su empresa Firepoint. Esta compañía era en su origen una agencia de representación de actores hasta que en 2022, en el primer año de la invasión rusa, Mindich la transformó en una empresa de defensa. Firepoint se convirtió en un tiempo récord en uno de los fabricantes más relevantes de armamento de Ucrania, siendo el dron bomba de largo alcance FP-1 y el misil de crucero Flamingo, el primero de producción nacional, sus joyas de la corona. Firepoint estaría siendo investigada por elevar de forma injustificada los costes de producción y recibir más fondos públicos, según informaciones de los principales medios ucranios.

La redada anticorrupción de este lunes coincide con la peor crisis energética en Ucrania en lo que va de guerra. Los bombardeos rusos han provocado que las grandes ciudades del país estén sufriendo cortes de luz que superan las 12 horas diarias. Zelenski insiste desde el pasado octubre, cuando se intensificaron los ataques enemigos contra la industria energética ucrania, que no tolerará negligencias en la protección de centrales de generación y subestaciones.

El principal chivo expiatorio de la mano dura de Zelenski en este campo ha sido Volodímir Kudritski, expresidente de Ukrenergo, la empresa estatal que gestiona la red eléctrica. Kruditski ha sido acusado por los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU, dependiente del ministerio del Interior) de “blanqueo de capitales, fraude a gran escala y abuso de poder”. Fue detenido el pasado octubre y puesto en libertad bajo fianza. Destacadas instituciones civiles anticorrupción y pro derechos humanos en Ucrania y en la UE aseguran que Kruditski es víctima de persecución política porque este ejecutivo estaba haciendo públicas negligencias en el sector energético.

Preocupación en la UE

La lucha contra la corrupción es la principal barrera que afronta Ucrania en su carrera hacia la incorporación en la Unión Europea. La iniciativa de Zelenski de limitar la autonomía de la NABU y el SAPO, organismos con el pleno apoyo de la UE, supuso el primer choque serio entre el líder ucranio y Bruselas. “La presión política y legislativa sobre los organismos anticorrupción y sobre la sociedad civil son preocupantes”, dijo el 5 de noviembre la comisaria de la UE para la Ampliación, Marta Kos, a la televisión ucrania Suspilne: “Esta situación puede minar la confianza y desacelerar el proceso de adhesión si no se toman las medidas adecuadas”.

La situación también tiene una recepción especialmente negativa entre la ciudadanía, según las encuestas, que considera que mientras el ciudadano de a pie sufre constantes penurias, hay gente en el poder que se lucra durante la guerra.

Son personas como Olga Fedechishena, funcionaria jubilada de un distrito de Kiev y que, para ganarse un dinero extra, trabaja como empleada del hogar. En su domicilio llevan tres días con cortes de 10 horas en el suministro eléctrico y en la calefacción. “Estas noticias son inconcebibles, hace nuestras penurias todavía más dolorosas”, dice Fedechisena.

Una hora antes del diálogo de EL PAÍS este lunes con Fedechishena, Natalia Boiko, asesora de la primera ministra ucrania, afirmaba en una conferencia del Foro de Seguridad de Kiev que la ciudadanía ucrania debe aprender a ahorrar electricidad: “La población da por hecha la energía, por eso quieren ir en camiseta por casa. Los ucranios deben aprender a ser responsables con el consumo eléctrico, esta debe ser nuestra religión”.

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Sobre la firma

Cristian Segura
Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario 'Avui' en Berlín y en Pekín. Desde 2022 cubre la guerra en Ucrania. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa y en 2025, el premio internacional de periodismo Julio Anguita Parrado.
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