Fracaso de la paz total, ¿timonazo en seguridad?

La paz total, el ambicioso proyecto del presidente de Colombia Gustavo Petro que buscaba negociar en simultánea con varios grupos ilegales, no ha logrado el anhelado objetivo y hoy se vive un deterioro de la seguridad tan crítico que el ministro de Defensa entrante, el general en retiro Pedro Sánchez, dice que está en cuidados intensivos. Ese nombramiento al frente de un Ministerio que llevaba 34 años en manos de civiles, es una decisión significativa y podría ser el signo de un timonazo en la fallida estrategia de paz y seguridad.

El Gobierno perdió la apuesta a pesar de los logros aislados que se deben reconocer, como el pacto entre bandas en Buenaventura o los resultados de la mesa con Comuneros del Sur, disidencia del ELN, en Nariño. Para las comunidades esos avances, así sean temporales, son muy importantes porque salvan vidas y dan respiro luego de años de agresiones de los grupos ilegales. Sin embargo, frente a la magnitud del desafío nacional los logros territoriales no compensan todo lo que se ha dado en las mesas de negociación. En el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca y en otras regiones, hay una crisis humanitaria que no se enfrentaba hace años. El sufrimiento de la población civil es la evidencia de un fracaso.

Muchos expertos en negociación dicen que para avanzar en una mesa de diálogo se debe aplicar el sistema de “garrote y zanahoria”, de tal manera que los golpes militares que se puedan dar lleven a aceptar acuerdos en la mesa. Negociar en medio de las hostilidades y el pacto de “nada está acordado hasta que todo esté acordado” fueron fórmulas usadas por Juan Manuel Santos que llevó a la desmovilización de más de 13.000 miembros de las FARC. Con sus errores o debilidades fue un proceso exitoso, aunque esté empantanado en la implementación.

La estrategia que usó el presidente Gustavo Petro, por el contrario, fue dar todo de entrada en la mesa, la mano tendida, la zanahoria. Ofreció desde el comienzo ceses al fuego bilaterales y todo tipo de prebendas, mientras los grupos ilegales se daban el lujo de rechazar propuestas, como lo hizo el ELN cuando no aceptó un cese al fuego bilateral que literalmente se le regaló sin pedirle nada a cambio.

El sorpresivo nombramiento de un ministro de Defensa militar, en contraste con la historia de una izquierda que ha rechazado esa opción y ha defendido la importancia de que el poder civil prime siempre sobre el militar, puede mostrar que el presidente decidió cambiar de estrategia, cambiar la zanahoria por el garrote. La pregunta es si este nombramiento abre la puerta para que sean los militares quienes tracen las políticas y no quienes sigan las directrices del Gobierno civil. El retiro del general Sánchez del servicio activo no es suficiente para despejar las dudas en algunos sectores.

Los temores que algunos manifiestan ante la llegada de un militar al Ministerio no son gratuitos y se fundamentan en que algunos miembros de la fuerza pública han sido protagonistas de abusos de poder y graves delitos, muchas veces en alianza con grupos ilegales. Eso, sin embargo, no debe condenar a una institución formada por miles de hombres y mujeres que hacen bien su trabajo, arriesgan la vida, y la pierden muchas veces, por la seguridad de los demás.

Las primeras declaraciones del ministro entrante reflejan una persona con apego a la institucionalidad y unas ideas precisas sobre la importancia de poner a las fuerzas militares más allá de las batallas políticas. Ese, justamente, ha sido uno de los grandes problemas que ha enfrentado la seguridad a lo largo de la historia en Colombia. Muchos políticos han querido meter a las tropas en la calentura ideológica con todos los riesgos que eso tiene.

El general, quien pasó de ser el héroe que rescató a los niños perdidos en la selva, a ser jefe de seguridad del presidente y en pocas semanas ministro de Defensa, parece un hombre ponderado en lo político que quiere ser contundente frente a la delincuencia. No obstante, su nombramiento va más allá de una persona y tiene impacto político. ¿Se abrió la puerta para que vengan más militares a tomarse un escenario controlado por los civiles?

Llamativo que un presidente de izquierda nombre a un militar porque la izquierda tiende a tomar distancia de los organismos de seguridad. No tiene el tema como prioridad. No entiende que esa es una de las preocupaciones más importantes de los ciudadanos, mucho más en zonas golpeadas por la violencia. Se argumenta que la presencia del Estado debe ser con proyectos sociales y no solamente militar. Eso es cierto: es urgente atender décadas de abandono, y eso también significa tener la protección del Estado cuando los grupos ilegales matan, confinan, reclutan menores de edad y empujan a las comunidades al desplazamiento. No hay mesa de diálogo que justifique dejar a su suerte a los civiles en medio de la confrontación.

El presidente debe enderezar el rumbo en su política de paz y seguridad. Sin reconocer el fracaso de la paz total parece estar cambiando de estrategia para dar más paso a la ofensiva militar y en especial a mejorar la inteligencia para enfocar los esfuerzos. Eso no implica cerrar de plano la puerta del diálogo. Así lo piden las poblaciones bajo el fuego porque cuando las mesas fracasan ellas pagan los platos rotos. Negociar debe ser una opción siempre por razones humanitarias. Sin embargo, hay que trazar líneas rojas en cualquier diálogo. ¿Llegó la hora del garrote frente a los grupos ilegales? El reto que tienen el general Sánchez y la cúpula militar es aplicar la mano dura del Estado contra los criminales en el marco de la ley y respetando los derechos humanos.