Catatumbo, Chocó o Putumayo: los 12 focos de la guerra que amenazan a las comunidades en Colombia

Colombia busca extinguir su desordenado conflicto armado de más de medio siglo, pero los grupos armados, cada vez más fragmentados, no dan tregua en este 2025. Además de la convulsa región fronteriza del Catatumbo, donde una arremetida del ELN desató una tragedia humanitaria de enormes dimensiones, con más de 50.000 desplazados, la Defensoría del Pueblo alerta sobre al menos otros 11 focos de emergencia humanitaria activos a lo largo y ancho del país, desde Putumayo hasta el Chocó.

Esos focos “impactan de manera desproporcionada comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, ha advertido la defensora del Pueblo, Iris Marín. “Hemos evidenciado que los reacomodos, fraccionamientos y expansiones, así como las rupturas y pactos de coexistencia entre los grupos armados, han provocado graves afectaciones a la población civil”, señala la funcionaria. El conflicto también se desborda en partes de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba y Tolima [ver mapa].

Además del Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla en armas, detrás de las oleadas de violencia en lo que va de este año está una decena de grupos armados que incluyen distintas disidencias de las extintas FARC; el Clan del Golfo, que se autodenomina ahora Ejército Gaitanista de Colombia; herederos de los paramilitares y otras bandas urbanas como los Shottas y los Espartanos, de Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico. “Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos cinco años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos lo han hecho”, destaca Marín en su radiografía.

El departamento del Chocó ha disparado todas las alarmas. Allí, el ELN ha decretado un “paro armado” de 72 horas a partir de este martes, en medio de sus enfrentamientos con el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país. Por primera vez, la Defensoría ha recibido reportes de la presencia de las disidencias comandadas por Iván Mordisco, que al parecer se aliaron con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN. Los bandos se disputan el control del río San Juan, que les permite controlar economías ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de madera y la minería ilegal. Al menos 1.600 personas han sido víctimas de desplazamientos masivos y confinamientos en la región, y es particularmente vulnerable la situación del pueblo Wounan, que en su mayoría permanece confinado, sin acceso a recursos básicos, advierte la entidad.

La primera alerta temprana de la Defensoría en este convulso 2025 ya advertía sobre los riesgos extremos e inminentes para la población civil por la expansión de la confrontación armada entre las disidencias encabezadas por Calarcá Córdoba e Iván Mordisco en las extensas regiones selváticas de la Amazonia colombiana. En Guaviare, esos enfrentamientos dejaron 20 muertos en enero, mientras que en Meta han confinado a comunidades indígenas que sufren además el reclutamiento forzado de menores de edad.

“Putumayo enfrenta un alto riesgo para el desarrollo de las elecciones atípicas de gobernador que se llevarán a cabo el próximo domingo 23 de febrero”, ha subrayado Marín. En ese departamento operan, además de las disidencias de Calarcá y Mordisco, los Comandos de la Frontera, una de las estructuras que se desprendió a finales de 2024 de la Segunda Marquetalia para seguir en las negociaciones de la paz total con el Gobierno. La situación de Giovanni Andrés Rojas, Araña, el máximo comandante de los Comandos de la Frontera y uno de sus delegados en la mesa, ha tensado al máximo ese proceso. La Fiscalía lo detuvo por sorpresa la semana pasada en un hotel de Bogotá después del cierre de un ciclo de diálogos, y justificó ese operativo una circular roja de Interpol con fines de extradición. Ahora se teme que los distintos grupos busquen alterar las elecciones en el departamento.

“Esta situación es grave, pero no es irremediable. Lo peor que nos puede pasar es entrar en fatalismos”, concluye la defensora del Pueblo en su mensaje. “Por muy crudo y delicado que sea este panorama, nuestro país cuenta con las instituciones necesarias y con la capacidad suficiente para enfrentar el avance de los grupos armados y dar garantías a las comunidades, dando paso a la presencia integral del Estado de derecho en los territorios”.