Así no se gobierna un país

La gran queja actual de los gobernadores y alcaldes es que su participación en los ingresos de la Nación ha sido injusta, y ha caído a lo largo del siglo XXI. Es curiosa esta queja en el año 2024, cuando el llamado Sistema General de Participaciones (SGP) está en medio de un sustancial aumento, al pasar del 3,3 % del PIB en 2022 a 5,4 % en 2026. ¡Un incremento del 64% en cuatro años! (ver gráfica). El SGP aporta recursos para educación, salud, agua potable, saneamiento básico y libre destinación.

Peso en el PIB del Sistema General de Participaciones (% sin reforma)

Si la reforma constitucional que hace trámite en el Congreso fuera aprobada, el SGP llegaría a más del 7% del PIB. Esa sería una presión insostenible sobre un Gobierno nacional altamente endeudado y con un déficit que no parece ceder. La voz de alarma fue firmada por 27 ministros y viceministros de Hacienda, y se ha documentado en sendos documentos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el Departamento Nacional de Planeación, Fedesarrollo, ANIF y el Banco de la República.

Comento las principales advertencias:

1. En años venideros, el aumento previsto del SGP forzaría una gran austeridad en el Gobierno nacional, para poder cumplir con la regla fiscal. No obstante, quedarían substanciales exigencias de gasto en pensiones, servicio de la deuda, vigencias futuras de infraestructura, transferencias sociales, Fuerzas Armadas, y déficits crecientes en salud, energía, educación, entre otros.
2. El déficit del Gobierno Nacional podría alcanzar, según los técnicos del Emisor, 4,7% del PIB en el largo plazo, y su deuda neta pasaría de 55% al 65% del PIB. Eso suponiendo que al final del Gobierno Petro se cumple aún con la regla y se baja la deuda a 55% del PIB, cosa difícil de creer.
3. Si al final de este Gobierno el déficit fiscal permanece en 5,5% del PIB, y la deuda en 60% del PIB, el nuevo SGP sería explosivo para las finanzas públicas.
4. Estos cálculos son conservadores e ignoran efectos adicionales sobre: a) la prima de riesgo de la deuda pública, b) las tasas de interés y de cambio, c) el comercio exterior y d) la actividad económica general.
5. Teniendo cuenta esos efectos de segundo orden (efectos de los efectos), Colombia iniciaría un espiral en descenso que podría costar una caída del PIB superior al 10% versus el escenario sin reforma; un menor consumo de las familias de 18% y un 30% de menor inversión.
6. A su vez, los efectos de tercer orden podrían llevar la deuda pública a 83% del PIB, según el documento del Emisor.
7. Para los siguientes gobiernos, la reforma del SGP limitaría seriamente la capacidad de adelantar una agenda o hacer ajustes fiscales, cuando se requiera. Una reforma tributaria que aumente el recaudo irá, en más de una tercera parte, automáticamente a las regiones.

Ahora bien, el escenario descrito no es el más dramático. Los técnicos del Emisor contemplan otro peor, en el que la deuda del Gobierno puede superar el 100% del PIB. Hace 10 años eso habría sido una herejía en un país donde la deuda pública se mantuvo por debajo del 40% desde la fundación de la patria.

Ya no. Después del estallido social, la pandemia y la fiebre de gasto y encogimiento del recaudo que ha traído el actual Gobierno, lo antes impensable ahora es posible. Ese escenario sombrío implicaría un sufrimiento social indecible. Cabe preguntarse: si estos riesgos son serios, ¿cómo pueden los congresistas seguir votando tan orondos la reforma al Sistema General de Participaciones? Aclaro: estoy convencido firmemente de que el futuro de Colombia es descentralizado. Pero no así. El cómo es tan importante como el qué.

Los gobernadores y alcaldes se llaman a engaños si creen que ese mundo les favorece. Su futuro dependerá de una nación con un déficit explosivo y una deuda insostenible, en la cual los ingresos corrientes pueden decrecer, en lugar de aumentar. El destino de las finanzas territoriales estará en entredicho. Eso fue justamente lo que sucedió después de aprobada la Constitución de 1991. Por eso desembocamos, en 2001, en el actual SGP.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director del DNP, Alexander López, trataron de detener esta reforma, pero el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo la apoyó pues, según rumores, considera que estos recursos a las regiones apalancarán su nombre para una candidatura presidencial en 2026.

No es la primera vez que un ministro gasta a manos llenas creyendo que los mandatarios regionales y los congresistas lo recompensarán con sus votos y sus huestes. No será la primera ni la última vez que esa generosidad ministerial (con la plata de otros) es pagada con la ingratitud. Entre tanto, dejará a la Nación colgada de la brocha.

A todas estas, ¿dónde están los candidatos presidenciales? Por qué no se manifiestan. ¿Acaso no entienden? ¿O acaso les gustaría gobernar un país en espiral de destrucción? Todo el mundo pasa de agache. Los expresidentes, los directores de los partidos políticos y los empresarios. ¿Por qué casi todo el mundo parece entre adormecido y asustado?

En cuanto al presidente Gustavo Petro, a pesar de que al principio era enemigo de esta reforma de iniciativa parlamentaria, ahora admite que sea aprobada, siempre y cuando entre en vigencia en 2027, y que la destrucción, si ha de venir, le toque a los siguientes gobiernos. Así no se gobierna un país.