La Corte Constitucional da vía libre a la controvertida ampliación de la base naval en Gorgona

Hasta los pasillos del Congreso de la República llegaron, esta semana, una veintena de manifestantes. Le piden al Gobierno Nacional frenar la ampliación de la estación naval de Gorgona, la isla más biodiversa de Colombia y un parque natural en el Océano Pacífico. La propuesta estaba pausada mientras la Corte Constitucional estudiaba su viabilidad, esa corporación ha dado luz verde para que comiencen las obras directamente, sin hacer una consulta previa a los pueblos afro de Guapi Abajo, en el litoral continental. Los pescadores se han opuesto al proyecto por considerar que pone en riesgo la conservación de la fauna marina y su supervivencia como comunidades nativas.

El Parque Nacional Natural Gorgona abarca 61.687 hectáreas que incluyen las islas Gorgona y Gorgonilla y una extensa área marina que alberga el arrecife más grande del Pacífico colombiano. Es hogar de corales únicos y de diversas especies como tortugas marinas, delfines y ballenas jorobadas. El proyecto de ampliación se gestó durante el mandato de Juan Manuel Santos y desde 2015 tiene una licencia ambiental, que fue entregada de manera exprés.

La Corte anuló una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de abril pasado, que ordenaba suspender las obras, que consisten en ampliar las construcciones actuales y llevarlas a dos niveles, aumentar el muelle a 162 metros de largo y erigir una torre de 50 metros para instalar un radar. Ese último, según el proyecto presentado por la Armada Nacional, sería utilizado para actividades de seguridad y monitoreo en las aguas más transitadas por los narcotraficantes de la región.

Anderson Betancourt, del comité Salvemos Gorgona, advierte en diálogo con este diario que “es totalmente incoherente con sus discursos, que el presidente Gustavo Petro y la ministra Muhamad defiendan este atentado a la biodiversidad y a la soberanía nacional y seguiremos luchando hasta su cancelación definitiva”. Se refiere también a la petición que elevaron los pescadores, organizados en un consejo comunitario afro, hace más de una década para que se cumpliera con la consulta previa, un requisito para los proyectos que intervengan a territorios con la presencia de los grupos étnicos. “Es evidente que si se va a construir y operar una infraestructura militar en un sitio que soporta el stock pesquero de la región y del que depende la economía turística de la zona, se van a afectar los medios de vida de las comunidades aledañas”, señala Betancourt.

Para la Corte, el proyecto no afectaría el territorio de la comunidad afro de Guapi Abajo. “Se trata de cuestionamientos generales de oposición al proyecto sustentados en su inconveniencia por razones medioambientales. Nótese que se trata de cuestionamientos abstractos, frente a los cuales no se hace una correlación específica con alguna afectación directa o específica a la comunidad”, se lee en la sentencia, que firman los togados Paola Meneses, Cristina Pardo y José Fernando Reyes. Consideran que el proyecto “no genera ninguna afectación directa” al consejo comunitario y aseguran que podrán continuar desarrollando sus actividades en la isla. “Al interior del área protegida están restringidas las actividades de pesca, tanto industrial como artesanal”, precisan.

Desde el comité Salvemos Gorgona, que articula a distintas oenegés con el consejo comunitario, han seguido llamando la atención del Gobierno para frenar el proyecto. Ya han confirmado que presentarán un incidente de nulidad contra la sentencia, la última salida jurídica. En la reciente Cumbre Mundial de Biodiversidad (COP16) de Cali, se manifestaron en el centro de la ciudad. En el evento, Betancourt advirtió que el proyecto “atenta contra un área natural protegida, afectándola irreversiblemente y violó los derechos de las comunidades que han cuidado la zona en los últimos 40 años”. Es una intervención que en los últimos meses se ha repetido en el Capitolio, la sede del Ministerio de Ambiente y las calles de varias ciudades.

El Gobierno Nacional ha defendido la iniciativa y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha dicho que se trata de una obra que tiene como propósito mejorar las condiciones de los uniformados de la Armada Nacional. Ha generado ruido es que, en 2015, el financiamiento de los casi 12 millones de dólares que costaba la obra lo iba a aportar el Gobierno de Estados Unidos. Muhamad descartó esa posibilidad en febrero pasado. “Ese dinero ahora será destinado a la transición energética de la zona, que es una de las mayores apuestas para implementar en Gorgona el uso de paneles solares y minimizar los riesgos de derramamiento de combustible utilizado para el transporte de lanchas”, dijo entonces.

Sin embargo, el Gobierno no está unido en esa postura. Desde 2022, la vicepresidenta Francia Márquez ha expresado su preocupación por las obras y ha liderado varias mesas técnicas con líderes sociales, el Ministerio de Ambiente y Parques Naturales. “Acompaño la lucha de las comunidades. Primero el cuidado de la casa grande y segundo el desarrollo no puede hacerse a costa de la vida gente de la naturaleza y a costa del bienestar”, dijo en su momento. Alexandra Vásquez, representante a la Cámara por el partido oficialista Colombia Humana, también ha cuestionado las obras. “Lamentable decisión de la Corte Constitucional de autorizar la construcción de un radar y la ampliación de la estación de guardacostas, proyectos que podrían impactar irreversiblemente su ecosistema y las comunidades locales”.