El proyecto para construir un complejo militar en Gorgona revive

Gorgona, la única isla continental colombiana en el Océano Pacífico, es un paraíso natural en la que funcionó por 24 años una cárcel de máxima seguridad. La “prisión de las serpientes” fue clausurada en 1984, dando paso a la creación del Parque Nacional Natural Gorgona. En 2022 se congeló un plan, ideado hace alrededor de una década, de construir una subestación de guardacostas de la Armada Nacional con financiación de Estados Unidos, pues expertos y activistas ambientales alertan que pone en grave riesgo la riqueza ambiental de la región. En las últimas semanas, el debate alrededor de la subestación se reactivó, lejos de las miradas de un país concentrado en las elecciones locales, las reformas del Gobierno o la paz total.

Con una extensión de 61.687 hectáreas, el Parque Natural Nacional no solo incluye a las islas de Gorgona y Gorgonilla sino a una enorme área marina, que contiene el arrecife más grande del Pacífico colombiano. En la zona también hay corales únicos y una alta presencia de tortugas marinas, delfines y ballenas jorobadas. Su ubicación en el Pacífico ha sido suerte y castigo, pues uno de los argumentos para instalar el complejo militar es su cercanía con las rutas de narcotráfico desde un litoral azotado por el conflicto armado y las economías ilícitas.

El proyecto se gestó durante el mandato de Juan Manuel Santos. En 2015 se expidió de manera exprés una licencia ambiental que daba vía libre a la construcción de una estación militar de dos niveles, un muelle de 163 metros, una torre de 50 metros para un radar, una planta de aguas residuales, un depósito de residuos sólidos, un acueducto con un tanque de reserva de agua potable y senderos peatonales de más de un kilómetro. Desde entonces levantó la voz el Comité Científico del Parque Natural Gorgona, compuesto por académicos y oenegés que brindan asesoría al parque, junto a la Academia de Ciencias Exactas. Denuncian procesos técnicos imprecisos en el trámite de esa licencia. Además, las comunidades señalaron que no se realizó una consulta previa con ellas.

Líderes ambientalistas y académicos se han opuesto férreamente al proyecto. Señalan que tendría un impacto negativo irreversible en Gorgona, sus ecosistemas y las poblaciones que la rodean. Gracias a ello consiguieron que la licencia de 2015 se modificara, ralentizando así las construcciones, aunque en 2021 se instaló una torre para radar y se adecuó un sendero. La idea siguió viva.

La ilusión de detenerlo se reforzó con el triunfo presidencial de Gustavo Petro, un político con un fuerte discurso ambientalista y crítico de la guerra contra las drogas. Pero hace unos meses la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo que se buscaba solo dialogar con las comunidades sobre su pertinencia. “En la revisión que llevamos no hemos encontrado una situación que amerite una suspensión, pero tenemos un montón de cosas que están en análisis”, expresó en W Radio.

Daños incalculables

Cada año, entre julio y octubre, Gorgona se vuelve centro de atención del Pacífico. Buzos viajan a sus aguas con la intención de avistar ballenas jorobadas, una actividad en la que el Parque Natural ha trabajado para que se realice responsablemente. Con el nuevo muelle, de acuerdo con las alertas del Comité de Científicos de la Isla, está el riesgo de que las ballenas y sus crías choquen con las embarcaciones del complejo. Si bien hoy en día Gorgona recibe algunas pocas lanchas turísticas y de avituallamiento de las 40 personas que cuidan el Parque, el tráfico se elevaría ostensiblemente. El aumento del ruido también podría afectar su comportamiento.

No son solo las famosas ballenas. Un riesgo similar enfrentan las cinco especies de tortugas marinas que se pueden encontrar en las playas. “Los impactos sobre esa especie pueden ser múltiples. Son animales supremamente sensibles a la luz. La contaminación lumínica puede ahuyentarlas o por el contrario afectar su comportamiento. O la perturbación acústica a las tortugas por el ruido de los motores de los barcos que aumentarían su flujo donde normalmente transitan y se alimentan muchos animales”, advierte Diego Amorocho, director del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (Cimad).

Otra especie que podría verse alterada son los murciélagos que sufrirían daño por los campos electromagnéticos de los radares. Eso, sumado al posible impacto sobre las 385 especies de peces que se encuentran en la isla y las 18 especies de corales, que conforman uno de los conjuntos más extensos y diversos del Pacífico colombiano. Como lo explica el profesor Juan Armando Sánchez, director del Laboratorio de Biología Molecular Marina de la Universidad de los Andes: “Los impactos van a ser gravísimos. Con el cargue de combustibles y barcos caen gotas de gasolina al agua que, al exponerse a los rayos del sol, se convierten en una sustancia tóxica. Eso daña los arrecifes de coral así no estén cerca porque el movimiento del agua mueve la sustancia”.

Además de esos riesgos sobre el medio ambiente, el muelle afectaría a las comunidades afrocolombianas del litoral cercano a Gorgona, pues tienen una relación ancestral con la isla y las aguas a su alrededor. Uno de los casos más característicos es el de los pescadores artesanales de Bazán, Nariño, que históricamente han realizado esa práctica allí y que se han negado a la idea de la subestación de la Armada.

Si bien el Ministerio del Interior desechó que esa fuera una razón suficiente para consultarles el proyecto, la oposición se mantiene y ha encontrado a una aliada en la vicepresidenta Francia Márquez. La política afrocolombiana y del Pacífico visitó Guapi, el puerto más cercano a Gorgona, en noviembre de 2022 para un diálogo con los habitantes. La recibieron con la arenga “¡No queremos muelle en Gorgona!”, a lo que respondió que ella tampoco lo quiere.

Para Darío González Posso, investigador de INDEPAZ, la afectación a las comunidades “tiene que ver con los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano y el derecho territorial de los pobladores”. Riesgos que se refuerzan al darle un sentido bélico a la isla, según el Comité Científico. “Convierte al Parque en objetivo militar, lo que no es compatible con la visión y misión de conservación de las áreas protegidas del país, ni tampoco con el desarrollo ecoturístico de la región Pacífica”, explican.

Tras las protestas en Guapi, desde febrero se iniciaron conversaciones entre el Ministerio de Ambiente y los habitantes, con una mesa para la gobernanza ambiental del territorio insular, étnico y estratégico Gorgona - Sanquianga. Se trata de un espacio conformado por los 16 consejos comunitarios de los 8 municipios de la zona de influencia de Gorgona, e instituciones como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente y el gremio de turismo local. La mesa ha tenido atropellados encuentros según se puede leer en varias actas desprendidas de las reuniones entre sus integrantes. “Manifestamos nuestro malestar por la inasistencia de las entidades de alto nivel del Gobierno (...) Hasta tanto no se resuelva la suspensión definitiva de la construcción, no avanzaremos en el desarrollo de ningún otro tipo de relacionamiento y estrategia con el Sistema Nacional Ambiental en la región”, se lee en una de ellas del mes de abril.

A las problemáticas mencionadas, se suma un problema en la administración del Parque, que el Estado entrega a organizaciones turísticas locales. Sin embargo, hace un mes venció el contrato que estaba vigente y desde entonces la entidad que se encarga de esas áreas protegidas, la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales, no ha contratado un reemplazo. Eso mantiene a Gorgona en un limbo y, según han denunciado habitantes del litoral, se ha permitido el ingreso de militares durante el cierre del PNN por gripe aviar.

Este jueves el colectivo Unidos por Gorgona y el Comité Salvemos Gorgona, dos agrupaciones de activistas y académicos, citaron a manifestaciones en ciudades como Cali, Bogotá, Barcelona y Washington; y municipios del litoral caucano y nariñense como Guapi, Bocas de Satinga, Olaya Herrera, y El Charco. Los manifestantes piden que el Gobierno renuncie definitivamente al proyecto. La senadora Piedad Córdoba, de la coalición gobiernista Pacto Histórico, prepara una audiencia pública para llamar la atención sobre el tema. “No nos bastan declaraciones. Queremos actos administrativos. Petro puede pararlo, sería un acto de consecuencia y de coherencia”, concluye González Posso.

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